El 30 de marzo, cuando la mayoría de los estados miembros de la UE había decretado el confinamiento de sus poblaciones y cerrado sus fronteras, la Comisión Europea emitió el comunicado C/2020/2051, destinado a permitir ciertas excepciones a dichas medidas. Junto con el personal sanitario o los trabajadores fronterizos, esta comunicación expuso la necesidad de permitir, excepcionalmente, la movilidad de los trabajadores del sector agroalimentario, cuya ocupación fue decretada como “crítica” y, por lo tanto, merecedora de disponer de una serie de condiciones especiales. Paradójicamente, los migrantes peor remunerados por ejercer un trabajo que los europeos hace décadas que ya no quieren hacer demostraron ser esenciales para nuestra supervivencia durante la pandemia de la covid-19.