La política de disuasión y contención migratoria que llevan a cabo la UE y sus estados miembros en el Mar Mediterráneo podría ser calificada –y, posteriormente, sancionada- como “crimen penal internacional”. El Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) se firmó en Roma, en 1998 (y está en vigor desde el 1 de julio de 2002) para poder enjuiciar penalmente a las personas que fueran responsables (sin posible alegación de eximente por cargo, obediencia debida o cualquier otra causa) de la comisión de los crímenes más odiosos que el ser humano ha sido capaz de idear y poner en práctica: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (este último tipo de crimen, también conocido como “crimen contra la humanidad” es del que ahora se acusa a ciertos funcionarios europeos).
La CPI solo actúa si lo estados responsables de juzgar dichos crímenes no quieren o no pueden hacerlo (principio de subsidiariedad de la Corte) y, además, la comisión de un crimen penal internacional, requiere de conocimiento e intencionalidad por parte de quien lo comete.
La noticia, que tiene casi tres meses, no debe pasar desapercibida: el 3 de junio de 2019, dos abogados internacionalistas presentaban a la Fiscal de la CPI un documento de 243 páginas que llevaban preparando durante más de dos años. En dicho dossier se plantea la posible responsabilidad penal internacional de dirigentes y funcionarios de la UE y de sus estados miembros por la citada política de disuasión y contención migratoria en el Mediterráneo.
De acuerdo con el documento, el primer crimen a ser investigado habría de ser la decisión de terminar con la operación de rescate Mare Nostrum al final de 2014. Una operación que había rescatado en un año a 150,810 personas en el Mediterráneo. Fue substituida por la operación Tritón, no obstante, esta última tenía la misión de patrullar solo las aguas europeas mientras que Mare Nostrum lo hacía en la linde de las aguas libias donde se producían la mayoría de los naufragios. A partir de entonces las muertes aumentaron (de 3,200 en 2014 a 5,100 en 2016, según la OIM). Entre enero de 2014 y julio de 2017, más de 14.500 personas perdieron la vida o desaparecieron cuando intentaban llegar a Europa. Además, como la estrategia de disuasión no había funcionado, esto provocó que, en 2015, la UE expulsara a la mayoría de las ONG que rescataban a las personas en el mar y aumentara la cooperación con la Guardia Costera Libia.
Desde 2017 las migraciones desde el Mediterráneo sur al Mediterráneo norte comienzan a descender: Frontex informa que los primeros meses de 2019, la migración hacia Europa ha disminuido un 27% con respecto a esos meses en 2018. ¿A qué precio? Para saberlo es preciso leer los testimonies directos recogidos en el escrito de acusación. Según dichos testimonios, muchas de las personas están en prisión, o han sido vendidas como esclavas y así permanecen en algún lugar de Libia o en otros países.
La solicitud presentada ante la CPI alega que los funcionarios de la Unión Europea y de los estados miembros son a sabiendas responsables de las muertes de migrantes en tierra y en el mar, así como culpables de las violaciones y torturas de migrantes cometidas por miembros de la guardia costera libia, que se financia y capacita a expensas de los contribuyentes europeos.
La acusación no menciona a ningún funcionario específico de la UE o los estados, dejando que sea la propia Fiscalía quien investigue los nombres de las personas que podrían ser responsables. Sin embargo, el documento cita declaraciones de dirigentes europeos (entre ellos a Merkel, Macron y Alpha Conde -presidente de la Unión Africana-) en las que estos reconocen abierta y textualmente ser conscientes de la comisión de crímenes en los campos de detención de migrantes en Libia, Níger, etc.
La Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, ha prometido estudiar el caso de modo que, aunque finalmente no prosperara la causa, estamos ante una buena noticia: muy especialmente para las víctimas; personas muertas por ahogamiento, personas sometidas a tortura, esclavitud o detenciones ilegales, personas supervivientes de la tragedia y la inhumanidad y los familiares de todas ellas.
*** Este post es un resumen de la amplia nota escrita por Cristina Gortázar para la Revista de la Comisión Episcopal Migraciones: Migraciones, nº 5, sept. 2019.
Cristina Gortázar es profesora de Derecho Internacional Público, Relaciones Internacionales y Derecho de la Unión Europea en la Universidad Pontificia de Comillas, su principales área de investigación es el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.