Niños y niñas en busca de un lugar seguro. Por María José Castaño

Hace apenas unos días se hacía público un video sobre el Centro de Primera Acogida de Hortaleza, donde se ve unos niños durmiendo en colchonetas en el suelo del pasillo de este centro de protección para menores tutelados por la administración. En el momento de la grabación, este centro dependiente de la Comunidad de Madrid que dispone de 35 plazas, alojaba a 135 niños y niñas, algunos de ellos con necesidades específicas de protección; ya que éste es el recurso al que habitualmente son derivados los niños y niñas identificados por las autoridades en Madrid–la mayor parte de las veces en el aeropuerto- como víctimas de trata o solicitantes de asilo.

Y sin embargo, por indigna que pueda parecer esta situación, tal y como denunciaban los trabajadores del centro, tener un sitio en el suelo donde echarse a dormir puede parecer la mejor de las soluciones, cuando la única opción es la calle y tienes 16 años. Éste fue el caso de Samira una niña marroquí llegada en patera a las costas de Cádiz y acogida en el centro de Hortaleza, de donde fue expulsada tras ser decretada por el fiscal su mayoría de edad, y a pesar de tener un pasaporte marroquí donde se especifica que tiene 16 años. Según el Comité de los Derechos del Niño, la determinación de la edad ha de ser una medida excepcional y no la regla y debe ser recurrible, debido a las graves consecuencias que tiene para la persona, como ha sido el caso de Samira, su ingreso o expulsión del sistema de protección de menores. Por esta razón, y gracias a la intermediación de la Fundación Raíces, un juez ha obligado ahora al centro de menores a reingresar a la joven hasta que se aclare definitivamente su edad.

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Niños y niñas extranjeros en España ¿Nos comprometemos?

 

Las conclusiones del Comité de los Derechos del Niño para España sobre la Convención de los Derechos del Niño -publicadas por Naciones Unidas el pasado 2 de febrero de 2018- instan a España a tomarse en serio la protección de la infancia contra la pobreza, la violencia y la discriminación. En este contexto, una de las formas de discriminación más frecuentes viene determinada por la condición de extranjero, que en el mejor de los casos justifica un trato diferenciado respecto a los niños y niñas españoles y en el peor de los supuestos tratarlos como si fueran personas mayores de edad.

Precisamente, como tuvo ocasión de explicar el experto en infancia Alejandro Morlachetti durante la formación organizada por UNICEF sobre las nuevas Observaciones Conjuntas del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y del Comité de los Derechos del Niño –OGC, número 3 y 22 (2017) y OGC, número 4 y 23 (2017)– celebrada el pasado 16 de febrero en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, la determinación de la edad y las devoluciones en caliente son dos de los puntos más acuciantes de las recomendaciones elaboradas para España por el Comité de los Derechos del Niño.

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