Cambiar el cambio. Por María José Castaño y María Laín Hernandez.

 “Vosotros solo habláis de crecimiento económico verde eterno porque tenéis demasiado miedo a ser impopulares. Pero a mí no me importa ser popular, me importa la justicia climática y el Planeta Vivo”. A sus quince años, la activista sueca Greta Thunberg rompía con estas palabras, – y una serenidad inusual para su edad – los esquemas de todos los asistentes a la Conferencia del Cambio Climático de la ONU, famosamente celebrada en Katowice, Polonia, en diciembre de 2018. Su discurso, convertido hoy en un símbolo de la lucha por el clima, llegó a oídos de Anuna de Wever, una joven belga que, con solo 17 años, consiguió movilizar hacia la huelga estudiantil a 70.000 personas en Bruselas. A partir de ese momento, el movimiento solo ha ido en aumento, llegándose a convocar la primera Huelga Internacional por el Clima el pasado 15 de marzo,[1] en la que participaron más de cincuenta países de todo el mundo, a la que también se sumaron los jóvenes españoles.

Apenas unas semanas antes, del 6 al 8 de marzo, se había organizado en San Sebastián (País Vasco) la Conferencia Internacional sobre Cambio Climático CHANGE the CHANGE. La conferencia, que contó con la participación de profesionales y expertos de la talla de Nicholas Stern, miembro del Grupo de Personas Eminentes del G20; Antxon Olabe, asesor en el gabinete de la Ministra para la Transición Ecológica o Sylvia Earle, Premio Princesa de Asturias 2018, pasó, sin embargo, prácticamente desapercibida.

Y es que, tal como se puso de manifiesto en la Conferencia, apenas el 0,01 % de las noticias que nos llegan hablan sobre cambio climático – y, las que lo hacen, se refieren en su mayoría a catástrofes naturales –, de modo que no se nos informa sobre sus causas, sobre cómo nos afecta en nuestro día a día o sobre lo que podemos hacer para contribuir a estabilizarlo. A estas alturas, gracias a los informes que regularmente realiza el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC),  ya sabemos que tenemos 11 años para conseguir que la temperatura de la Tierra no aumente más de 1.5º. Los científicos han mostrado que la diferencia entre 1. 5º y 2º es muy grande y, como consecuencia, la frecuencia y el impacto de los eventos climáticos naturales aumenta. Con solo medio grado de diferencia, el porcentaje de población expuesta a calor extremo pasaría del 14% al 37%; la frecuencia de lluvias extremas iría del 17% al 36% y las sequías se duplicarían.

En este escenario, el nexo existente entre el cambio climático y los desplazamientos forzosos de personas, actuales y futuros, parece claro. Este ha sido el caso de la Tormenta Norma que ha inundado ciudades y pueblos de todo el Líbano, afectando a varios asentamientos de refugiados sirios que se han visto obligados a buscar otro lugar donde asentarse o el terremoto y tsunami que ha devastado Sulawesi Central, en Indonesia, provocando el desplazamiento interno de más de 80.000 personas. [2] Según datos del ACNUR, a finales de 2017 hubo 19 millones de desplazados forzosos debido a desastres naturales, de los cuales el 95% estaban vinculados con eventos climáticos extremos. En la actualidad, estas situaciones están afectando de manera más clara a los países del Sur Global, pero las consecuencias del aumento de la temperatura del planeta pueden y de hecho están originando cambios para aquellos ciudadanos que, a priori, parecen no estar tan afectados por la vulnerabilidad material o climática. Este es, sin ir más lejos, el caso de España donde la subida del nivel del mar, las sequías o la desertización están empezando a ser una realidad.

Los expertos reunidos en San Sebastián hablaron de ciencia, sostenibilidad, transición energética o economía para mejorar la salud de Planeta, pero también de responsabilizarnos de lo que está sucediendo, del modelo que elegimos de crecimiento, producción, consumo y, por supuesto, de educación.

Todas estas propuestas deben traducirse en un marco legal adecuado de protección del medio ambiente, pero también en la protección de los derechos humanos de las personas afectadas, no solo por los desastres naturales, sino también por los conflictos provocados por el acceso a recursos escasos, como es el agua. Sin embargo, esta situación a día de hoy no tiene ninguna regulación específica. Los desplazamientos forzosos internos fruto de desastres naturales se abordan a través de legislaciones nacionales en materia de personas desplazadas internas; y las personas que por este motivo se ven obligadas a cruzar una frontera son protegidas por el Derecho internacional humanitario. Pero esta normativa no es suficiente para proteger material y físicamente a estas personas que, por un lado, no cumplen con la definición de refugiado, pero que, al haber cruzado una frontera, han dejado se ser desplazados internos.

Por último, es importante señalar que existen  iniciativas multilaterales, como el Pacto Mundial sobre los Refugiados, que empiezan a tener en cuenta la situación de los llamados “desplazados climáticos” y  la posibilidad de su protección internacional. En la nueva era definida por los científicos como “antropoceno”, el mundo se concibe como un sistema global donde los grandes temas requieren de una gobernanza global y una respuesta coordinada por parte de todos. Vivimos un momento decisivo, en el que todo depende de que queramos, o no, cambiar el cambio.

María Laín Hernandez Ballesteros es alumna colaboradora del IUEM

María José Castaño es investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Sus líneas de investigación se centran en derechos humanos, migraciones internacionales y tráfico ilícito de personas. 


[1] Huelga Internacional por el Clima: https://cadenaser.com/programa/2019/03/15/hoy_por_hoy/1552642329_838845.html

[2] terremoto y tsunami que ha devastado Sulawesi Central: https://www.acnur.org/es-es/noticias/noticia/2018/10/5bca1f0c4/un-puente-aereo-lleva-albergues-a-los-sobrevivientes-del-terremoto-de-indonesia.html

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