El diseño de la oferta académica de las universidades debería verse como una combinación de recursos académicos, organizados en campos disciplinares y en tipos de actividades de enseñanza aprendizaje, y de perfiles profesionales, caracterizados por un conjunto de competencias y capacidades de desarrollo de competencias. En la práctica una misma profesión puede estar formada por varios subconjuntos diferentes de competencias que comparten solamente un núcleo común. Por otra parte, es posible que un mismo conjunto de competencias pueda conseguirse con diferentes combinaciones de contenidos disciplinares y actividades académicas. El resultado es más bien una correspondencia multívoca entre conjuntos con perfiles borrosos. Sobre esta base se supone que el mercado tendrá una capacidad de filtro, primando determinadas opciones frente a otras. Igualmente existe la posibilidad de que el filtro se realice a través de requisitos y limitaciones impuestos por la Administración Pública, con vistas a proteger determinadas competencias u opciones profesionales y académicas que se consideran preferibles desde planteamientos estratégicos, a largo plazo o en función el interés público.
Lo que las universidades ofrecen como peculiaridad organizativa, frente a otras opciones de arreglo institucional, es el hecho de que los procedimientos de toma de decisión internos se basan en procesos corporativos, incrustados en las tradiciones académicas. Se trata de una posible fortaleza que también puede convertirse en una debilidad de la institución universitaria.
Es una fortaleza porque el mantenimiento de las tradiciones académicas contribuye a mantener viva la capacidad de innovación en la oferta universitaria, tanto en el campo estrictamente científico como en el profesional o cultural en general. Si transformamos las universidades en talleres de creación de soluciones a medida de sus clientes empresariales o de las instituciones públicas, seguramente perderemos una fuente de innovación importante. De hecho esto es lo que ha sucedido cuando el filtro se ha encomendado a la regulación pública, que ha decidido en cada caso qué perfil y que arreglo disciplinar son los reconocidos por la sociedad. En España esto se hacía a través del Catálogo de Títulos Oficiales que establecía con bastante rigidez las condiciones y materias que tenían que incluir los planes de estudio de cada uno de los títulos universitarios que obtenían el reconocimiento oficial. El resultado fue un empobrecimiento de la oferta universitaria, un creciente desajuste entre las necesidades sociales y la oferta académica y una pérdida de competitividad por parte de las universidades. Pero también puede ser una debilidad, si los criterios corporativos de la organización académica no se ven atemperados por criterios externos que indiquen con claridad cuáles son las verdaderas necesidades sociales.
No hay regla mágica para solventar estos problemas. Pero una forma práctica de actuar podría consistir en diseñar un sistema de gestión de la oferta universitaria en el que se combinen de forma equilibrada los siguientes mecanismos:
a) Mecanismos colegiales que reconozcan y faciliten la participación de la comunidad académica en el diseño de programas de estudio, y la vigencia de valores meritocráticos en la adopción de decisiones
b) Mecanismos de interacción social que permitan detectar las soluciones más eficientes, rentables y de interés social a corto y medio plazo.
c) Mecanismos administrativos que prevengan las posibles ineficiencias del sistema a largo plazo, evitando que la autonomía académica se desvirtúe por intereses corporativos o particulares, y que incentiven la vigencia de una moral de servicio público en la comunidad académica.
De hecho la eliminación del catálogo de titulaciones oficiales y la creación de un Registro de Títulos, a partir de la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU, 2007) responde a esta filosofía: las universidades tienen libertad para proponer títulos académicos cuya viabilidad estará respaldada por una agencia independiente de carácter técnico, como es la ANECA. En algunos casos especiales de títulos que conducen al ejercicio de profesiones regladas, el gobierno puede establecer ciertas condiciones para evitar confusiones en el uso de denominaciones académicas y profesionales y para garantizar la homologación con directivas europeas, cuando sea necesario. Finalmente se supone que es la interacción entre las instituciones académicas y las demandas sociales la que irá señalando, dentro de un contexto de fuerte movilidad internacional, las propuestas más acertadas y competitivas, tanto en el nivel de grado como en el de postgrado.
Uno de los puntos importantes de este informe debe ser el análisis de los resultados de estas reformas en el diseño efectivo de los programas de grado y postgrado de las universidades españolas en los últimos años. Con la información disponible a partir de los datos de la ANECA y de las agencias regionales deberíamos ser capaces de dar respuesta a interrogantes como estos:
1. ¿Cómo ha variado la oferta de títulos universitarios en cuanto a calidad, diversidad y flexibilidad del diseño curricular? ¿Se ha conseguido una mayor capacidad de adaptación a las demandas sociales o se han reproducido los mecanismos de burocratización tradicionales?
2. ¿Qué cambios se están produciendo en la estructura de la oferta de títulos universitarios y en sus repercusiones sobre el ejercicio de profesiones reguladas?
3. ¿Qué valoración de la reforma de las titulaciones universitarias hacen los diferentes estamentos implicados?