La población de origen inmigrante se ha mantenido estable durante la crisis, pasando de los 6,4 millones en el año 2009, el 13,8% de la población española, a los 6,6 millones en 2017, 14,24% del total. Así, a pesar de que se agitó el “fantasma” del retorno al comienzo de la crisis, los inmigrantes han apostado claramente por continuar sus proyectos de arraigo en España, a pesar de las malas condiciones. Un dato representativo de esta situación es el crecimiento en el número de naturalizaciones en España. Así, si en 2008 el porcentaje de inmigrantes nacionalizados en España era del 17%, en el año 2016, ese porcentaje casi se ha doblado, y ya es del 34%. (INE, 2017).
Eso sí, los inmigrantes permanecen pero emergen de la crisis bajo muy diferentes condiciones sociales de integración:
En primer lugar, se ha acelerado el proceso de etno-estratificación social. La población inmigrante sigue estando concentrada en las posiciones más bajas del mercado de trabajo y de la sociedad española. Así, por ejemplo en la encuesta nacional realizada a mujeres inmigrantes por el Instituto de Migraciones (Univ. P. Comillas) y la OIM en el año 2015, un 84% de las mujeres ganaban menos de 999 euros mensuales, y un 54% menos del salario mínimo profesional (650 euros). Un 45% de las mujeres inmigrantes trabajaban en el sector de cuidados domésticos, y entre las que tenían trabajo, solo un 34% trabajaban con contrato indefinido. Parecidas situaciones, se hallaron en una encuesta similar a inmigrantes ecuatorianos del año 2015, realizada por Ikuspegui (UPV) e Instituto de Migraciones (Comillas).
