A día de hoy, nos encontramos bajo los efectos de la covid-19 en un ambiente incierto. Ésta ha condenado a miles de personas refugiadas y migrantes a una casi absoluta invisibilización en la Unión Europea. Sin embargo, la movilidad humana no se ha detenido, ni han desaparecido los campos de refugiados, tampoco han cesado los conflictos ni las desgracias que empujan a las personas a abandonar sus hogares. Poco antes de la cuarentena, presenciamos como el 28 de febrero las autoridades turcas abandonaban el control fronterizo con Grecia, una vez más miles de personas refugiadas se agolpaban a las puertas de Europa pidiendo entrar. Llegó el confinamiento y se hizo el silencio. Hoy, sin embargo, millares de personas siguen viviendo en campos de refugiados turcos con la esperanza de poder cruzar hacia Europa. Más aún, la precariedad de las condiciones de vida de las personas refugiadas aumenta, arrojando importancia sobre la imperiosa necesidad de cooperación entre Turquía y la UE en materia de derechos humanos.
Las medidas de confinamiento han tenido un grave impacto sobre el número de solicitudes de asilo a nivel europeo. Las solicitudes de protección internacional en la Unión Europea se desplomaron durante la pandemia. En el mes de marzo, las nuevas solicitudes descendieron en un 43% respecto del mes anterior. Sin embargo, entre enero y febrero de 2020 éstas habían incrementado por 16% comparado con el mismo periodo de 2019. A mediados de abril, la Comisión Europea emitió una comunicación con directrices para los países sobre la aplicación de las disposiciones pertinentes de la UE en materia de procedimientos de asilo y retorno y de reasentamiento, instando a los estados miembros (EM) a flexibilizar los procedimientos de registro y procesado de las solicitudes de protección internacional, a la estrecha cooperación entre EM, manteniendo el Sistema de Dublín y evitando la discriminación. Ese mismo mes sólo se registraron 8730 solicitudes de protección nacional en toda la UE, lo que supone una bajada del 87% respecto del mes de enero, pre-COVID. Por otro lado, en junio se abren progresivamente las fronteras para fomentar el turismo.
Entre tanto en España, tras la declaración del estado de alarma el 14 de marzo, se procedió a la clausura inmediata de las Oficinas de Asilo y Refugio como medida de la Fase 1, interrumpiendo la posibilidad de ejercer el derecho de solicitar protección internacional, dado que éste se trata de un trámite necesariamente presencial. La frontera sur con Marruecos por vía terrestre, aérea y marítima fue inmediatamente clausurada. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, los Centros de Estancia Temporal para las personas Inmigrantes (CETI) así como los centros de menores, ya de por sí abarrotados, se ven amenazados por la pandemia.
Ahora, mientras en España nos adentrábamos en la nueva normalidad, todavía a día 18 de junio la Oficina de Asilo y Refugio de Madrid, la más grande del país, permanecía cerrada por encontrarse la comunidad autónoma todavía en Fase 2. Es de esperar que a lo largo del verano se produzca un aumento repentino de las solicitudes de protección internacional así como de entradas en situación administrativa irregular a través de las fronteras sur, coincidiendo con tendencias de años anteriores. Habría que mencionar, además la precariedad en la que viven muchas personas solicitantes de protección internacional en España y las carencias del sistema, que en ocasiones empuja a estos solicitantes a vivir en situación de calle. Asistimos pues a un momento crítico en la historia de las migraciones que ha supuesto un punto de inflexión paradigmático en los flujos migratorios a nivel mundial. Quién sabe qué repercusiones a largo plazo tendrá la crisis sanitaria de este año sobre la movilidad humana a nivel global. Ahora bien, sí cabe resaltar la urgente necesidad de que las autoridades políticas tomen medidas explícitas para paliar los efectos negativos de la COVID-19 sobre personas refugiadas, garantizando una vez más el acceso al derecho de solicitud de protección internacional. Igualmente imperiosa, es la importancia de una estrecha cooperación a nivel europeo para garantizar la salvaguarda de los derechos de las personas migrantes y refugiadas tanto dentro de sus fronteras como fuera.
Alejandra Macarena Pardo Carrascal es Investigadora en formación de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas.