El pasado 12 de marzo se presentó en Sevilla el Modelo de atención a la juventud extutelada de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos de Acogida (FEPA) y yo tenía la suerte de estar invitada. Sin embargo, ante las medidas que la Comunidad de Madrid y la universidad donde trabajo estaban empezando a poner en marcha para contener el contagio del virus, que en este momento nos mantiene a todos los españoles bajo el estado de alarma, no pude finalmente viajar a Sevilla.
En esta situación, la única posibilidad de participar en el evento era utilizando medios telemáticos y así lo hicimos. Por motivos que desconozco, tal vez por sobresaturación de la red o porque yo no paraba de mover las manos delante del micrófono, o por todos a la vez….mi intervención fue un desastre. La audiencia que pacientemente aguantó mientras me veían gesticular al final de una sala, donde de vez en cuando entraba algún técnico para intentar mejorar el desaguisado, apenas pudo escuchar nada de lo que intenté contarles durante casi la hora que duró mi monologo.
Este post es consecuencia de esta frustrante experiencia, y con él me gustaría compensar de alguna manera a aquel publico paciente, haciéndole un resumen de lo que pretendía contarles así como felicitarles, está vez con más éxito espero…por el modelo de trabajo que proponen para atender a las necesidades especificas de estas personas que habiendo estado bajo tutela de la administración carecen de recursos personales, sociales y materiales para desarrollar un proyecto vital propio.
El reto de mi intervención era reflexionar sobre el respeto a la identidad como presupuesto fundamental para la cohesión social. Como no lo conseguí si quiera en parte. Aquí lo retomo de nuevo empezando por afirmar que la identidad de los chicos y chicas con los que trabajan los profesionales de FEPA, al igual que para el resto de las personas, viene determinada por un número importante de variables -como son la edad, la identidad de género, orientación sexual, la religión o creencia, la discapacidad o la cultura- que se entrecruzan y refuerzan entre sí configurando la individualidad de cada persona. Desde este análisis interseccional de la realidad, la cohesión social requiere apostar de manera clara por políticas inclusivas que rompan con las barreras que surgen en todos los ámbitos (el laboral, la educación, la sanidad, etc.) imposibilitando el acceso a los derechos de algunas personas basándose solo en el hecho de su diferencia. Como requieren la legislación antidiscriminación, resulta evidente la obligación por parte de las instituciones de garantizar la igualdad formal de todos los ciudadanos. En el caso de estos estos jóvenes, la discriminación más extrema es que siendo personas menores de edad sean tratadas como mayores.
Pero tan o más importante, es detenerse en profundizar en las prácticas institucionales que subyacen en la creación de la identidad especifica de ciertos colectivos vulnerables, como es el caso de los jóvenes extutelados, muchos de los cuales son migrantes, solicitantes de asilo o refugiados. Desde un análisis sustantivo de la igualdad, la legislación actual impone una desventaja en el acceso a derechos de estos chicos y chicas, y una merma de oportunidades respecto al resto de jóvenes de la sociedad; más acuciante si cabe para aquellos jóvenes que no tienen un estatus administrativo regular. Además, la imposibilidad de participar como iguales en la vida social en el mejor de los casos, los estigmatiza y en el peor los criminaliza, aislándoles del ámbito comunitario y limitando su participación en las estructuras sociales que por el momento solo están preparadas para señalar su diferencia y acrecentar su vulnerabilidad.
Gestionar la diversidad es un reto que supone acoger la diferencia. El modelo de FEPA va en esa dirección. Generar un cambio estructural para responder a las necesidades especificas de estos jóvenes requiere del compromiso de todos los actores claves en el proceso: administraciones públicas, las entidades sociales, las empresas y los medios de comunicación. Los medios para ello son la vivienda, el apoyo personal y la capacitación de cada uno de ellos. En definitiva, conseguir por fin “un cuarto propio” en la sociedad en la que les ha tocado vivir. Muchas gracias por la invitación y siento lo del Skype.
María José Castaño es investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Sus líneas de investigación se centran en derechos humanos, migraciones internacionales y tráfico ilícito de personas.