La definición de la función empresarial se ha ido ampliando y creciendo en complejidad y riqueza a medida que las economías desarrolladas han ido progresando. De la tradicional coincidencia en la misma figura del empresario como creador y propietario del negocio y como empresario profesional se ha pasado a una creciente disociación entre la propiedad del capital y el ejercicio de la función empresarial caracterizada progresivamente por el ejercicio directivo (normalmente en equipo) y las funciones de liderazgo-estrategia y de ciudadano organizativo. Esta última responsabilidad, vinculada al empresario redistribuidor, es impulsada por un vector de nuevas fuerzas de cambio que incluye el creciente activismo de grupos de interés en los ámbitos del consumo, el trabajo, la política, el gobierno corporativo y el medio ambiente.
Esta última función del empresario-ciudadano adquiere un especial relieve en un momento de crisis como el actual, en el que la empresa se ve presionada para ejercer una función social, colaborando en el crecimiento económico y la creación de empleo, además de para asumir responsabilidades en otros problemas relacionados, por ejemplo, con la pobreza y la integración de colectivos desfavorecidos. Bajo el empuje de estas fuerzas y del debate acerca de la responsabilidad social de la iniciativa privada, las empresas han ido evolucionando hacia un nuevo modelo caracterizado por los rasgos siguientes: humana, transparente, responsable, sostenible, abierta y competitiva, cooperativa, eficiente, flexible, innovadora e intangible.
El análisis del grado en el que las empresas españolas perciben de forma correcta los retos que penden sobre su competitividad y si están adaptando su diseño al modelo emergente acoplado a las fuerzas del cambio no conduce a conclusiones demasiado positivas. El indudable avance que la empresa española parece haber vislumbrado en los temas económicos y tecnológicos dista de estar acompañado por una percepción con la misma claridad en los retos sociales, políticos y medioambientales. A la empresa española no parecen preocuparle todavía excesivamente los retos que los stakeholders están perfilando. Consecuentemente, sus prácticas organizativas siguen dominadas por la función propietaria y, en un nivel mucho menor, por la función ciudadana. Especialmente preocupante es la escasa introducción de prácticas que reflejan la alineación de la función empresarial con los intereses de los trabajadores, aquellas que impulsan mejoras en las condiciones laborales y el avance de la implicación de los trabajadores, porque penaliza tanto la competitividad de la propia empresa como el sentimiento de pertenencia y, por ende, el compromiso de su capital humano.
En síntesis, el cambio del modelo en la empresa española entre 1984 y 2012 apenas ha alterado el dominio de la función propietaria, que absorbe aún la parte mayoritaria del tiempo directivo y los recursos financieros para invertir. Aunque el empresario español se ha visto impelido a reordenar su distribución de recursos y capacidades y, durante el transcurso de estos casi treinta años, ha trasladado tiempo y fondos desde proyectos enfocados a la creación de valor para el accionista a otros fines, las funciones que se han beneficiado de este cambio han sido las ligadas a la profesionalización directiva y, en menor medida, al concepto visionario. Sin embargo, la función ciudadana del empresario ha seguido anclada en cuotas marginales.
Las perspectivas de cambio en este sistema de valores y de prácticas de la empresa española no son demasiado optimistas. El estudio de prospectiva citado constata tanto la debilidad actual de los valores consustanciales a la responsabilidad social de la empresa como las mínimas expectativas para su mejora que albergan los expertos de cara al horizonte 2020.