El 14 de marzo se declara en España el estado de alarma, la principal medida de contención para evitar la propagación del ya más que conocido Sars-Cov-2. Esta crisis sanitaria ha cambiado nuestra forma de relacionarnos, generando nuevos vínculos y apoyos sociales que tres meses atrás no existían ni se consideraban necesarios.
La situación social derivada del impacto de la covid19, ha dado lugar a un aumento de la solidaridad, que se ha traducido en el desarrollo de iniciativas espontáneas de cuidado y apoyo entre vecinos. Estas redes de reciprocidad y apoyo mutuo se han multiplicado por todo el territorio dando lugar a iniciativas comunitarias organizadas. Estas iniciativas tratan de responder, de forma paralela a la asistencia social, a las necesidades de todas aquellas familias y colectivos que ya en situación de vulnerabilidad, se han visto especialmente afectados por las circunstancias actuales. Circunstancias que dificultan todavía más la situación de los inmigrantes y es que las medidas de urgencia social y económica adoptadas mediante el RDL 11/2020 dejan fuera a, las que se estima, 600.000 personas en situación irregular en nuestro país. Por este motivo, diferentes colectivos y asociaciones de inmigrantes han solicitado su regularización urgente de manera extraordinaria.
Son, en palabras del sociólogo Robin Cohen, los helots, aquellas personas que han entrado ilegalmente en un Estado, trabajadores indocumentados y no cualificados ligados a un proyecto, en búsqueda de asilo, que permanecen más tiempo de lo establecido por su visado de entrada, con un acceso limitado a la vivienda, educación y otros beneficios sociales.
Excluidos de la red pública de ayudas y asistencia social, sin la posibilidad de trabajar, hacinados en pisos o en situación de calle, su vulnerabilidad se ve aún más agravada por la falta de recursos y la ausencia de las redes de apoyo suficientes a las que recurrir. Para atender las necesidades de aquellos inmigrantes en situación irregular o en proceso de regularización, carentes de padrón, demandantes de asilo o protección internacional, son los propios colectivos migrantes los que se están organizando, dando lugar a sus propias redes de cuidado antirracistas.
Durante estos tres meses hemos sido capaces de reelaborar nuestras relaciones sociales, desarrollando un tejido social de apoyo y reciprocidad entre vecinos. Sin embargo, estas redes también deberían haber servido para superar prejuicios y favorecer la integración, pero las hemos diferenciado, excluyendo, más si cabe, a aquellos que ya estaban fuera del sistema y generando nuevos sistemas de exclusión para los que ya estaban incorporados. La necesidad de desarrollar redes de apoyo específicas, autodenominadas antirracistas, podría llevar a un aumento de la distancia social, un repliegue hacia el intragrupo, lo que provocaría un incremento del aislamiento y el conflicto social, caracterizado por la actual incertidumbre económica y la falta de acceso a servicios (sociales, asistenciales, etc.).
María Aurora Cañadas Romero es Investigadora en formación de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos de la Universidad Pontificia Comillas.