El impacto de la pandemia de coronavirus ha excedido a la dimensión estrictamente sanitaria incidiendo sobre la vida de las personas de manera múltiple y compleja. A las cifras de contagios y defunciones se le suman la destrucción masiva de empleo, los perjuicios derivados de las medidas sobre el control de la movilidad, y el aumento de la tensión social, producto del miedo a la enfermedad y un sentimiento de incertidumbre generalizado. Estas condiciones si bien han afectado a toda la población lo han hecho con mayor saña sobre aquellas que ya partían de una situación vulnerable. Un colectivo que ha salido perjudicado ha sido el de las personas inmigrantes. Estos no solo han tenido que afrontar la pandemia sin las mismas garantías que la población nativa, sino que a su vez han padecido el aumento generalizado del discurso de odio y las agresiones racistas.
Históricamente los brotes pandémicos han solido ir acompañados de episodios de discriminación. Es por ello es por lo que desde la Organización Mundial de la Salud se alienta a no emplear categorías, para denominar a la catástrofe, que establezcan un vínculo entre una determinada población y la enfermedad. A pesar de ello no han sido pocos los actores, personalidades políticas y medios de comunicación, que han tratado intencionadamente de buscar responsabilidades humanas a la catástrofe. Durante el periodo pandémico este tipo discurso tiene un potencial especialmente peligroso, pues se conjuga bien con el clima de miedo y tensión dado. Además, es coherente con un mecanismo psico-social empleado para aliviar el miedo hacia un enemigo invisible y mortal, como es un virus, que es la encarnación del agente infeccioso en sujetos a los que si se les puede poner cara y hacer frente.
Junto con el resurgimiento de la xenofobia, la depresión económica ha llevado a una notable merma las condiciones de vida generales de la población inmigrante. Las personas inmigrantes en el mercado laboral español copan el desempeño de determinadas profesiones muy perjudicadas por la pandemia, como son la hostelería, el trabajo doméstico de los cuidados, la venta ambulante o el trabajo agrícola. Esto, combinado con altas tasas empleabilidad irregular, implica no solo no poder gozar de las ayudas sociales como el subsidio por desempleo o el ERTE, sino que además significa no haber podido justificar los desplazamientos laborales durante el estado de alarma. La vulnerabilidad económica tiene consecuencias directas sobre la salud de las personas. Por una parte, supone una mayor presión hacia la asunción de conductas de riesgo con tal de acceder a recursos económicos y por otra, se traduce en una menor capacidad para emprender estrategias adecuadas para la prevención al contagio.
Para lograr la construcción de una sociedad más resiliente ante este tipo de catástrofes es necesario trabajar sobre estos aspectos problemáticos circundantes a la propia propagación de la enfermedad. Fomentar la cohesión social y luchar contra el estigma derivado de la pandemia ayudará a reducir el nivel de miedo y tensión con ello conseguir un mayor grado de responsabilidad individual para prevenir el contagio. Además, es necesario procurar un contexto más seguro para todas las personas, pues dejar a alguien atrás durante una pandemia supone comprometer la salud de todo el colectivo. Luego mejorar sus condiciones de vida de estas personas se presta como una tarea de interés general.
Para más información ver informe “Migraciones y pandemias. Las amenazas infecciosas en un mundo globalizado” (https://www.comillas.edu/iuem/publicaciones/migraciones-y-pandemias), elaborado por la Cátedra de Catástrofes de la Universidad Pontificia Comillas –apoyada por la Fundación AON y el Instituto de Estudios sobre Migraciones (IUEM). Dicho informe se presentó en el Simposium COVID 19 (https://fundacionaon.es/fines/catastrofes/simposiums/simposium-covid-19/), donde se analizó la actuación de los first responders y el impacto de la pandemia desde diferentes visiones: ético-sanitaria, de la resiliencia psicológica, social-migratoria, industrial, económica, aseguradora y jurídico-regulatoria.
Raquel Caro es investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.