La sociedad civil y la defensa de los Derechos Humanos. Por María José Castaño.

El pasado 10 de agosto, 12 ONGs griegas enviaron una carta a la Comisión Europea señalando la necesidad de que el órgano ejecutivo de la UE asuma su responsabilidad por las condiciones inhumanas -1 baño para cada 50 personas, una hora de electricidad durante la noche, ausencia de agua potable, denuncias continuas de abusos sexuales y violencia de género o la falta de atención médica-  en las que viven las personas alojadas en de uno de los Centros de Recepción e Identificación puesto en marcha por la Unión Europea en la isla griega de Chios. Estos centros, conocidos como hotspots, fueron adoptados como una medida provisional en septiembre de 2015 para dar respuesta a la situación de emergencia existente en Grecia e Italia ante la creciente llegada de solicitantes de asilo. Tras 3 años funcionando, estos operativos de identificación, registro, toma de huellas dactilares y entrevistas a solicitantes de asilo continúan en macha en las islas del mar Egeo funcionando muy por encima  de su capacidad (6.438 plazas) con 16.068 ocupantes.

Esta es tan solo alguna de las situaciones reflejadas en el  último de los informes que la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) publica de manera periódica y a petición de la Comisión Europea desde enero de 2015 sobre la situación de los derechos fundamentales de las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes que durante los últimos años han ido llegando a Europa, y especialmente a algunos de sus Estados Miembros.

España se encuentra también entre los países que envían información a la FRA en relación a su procedimiento de asilo, condiciones de acogida, la protección a la infancia en situación de movilidad, el internamiento de migrantes, los procesos de devolución o los incidentes racistas y xenófobos acaecidos contra migrantes y solicitantes de asilo durante los meses analizados. Concretamente, en el documento que se acaba de publicar, una de las preocupaciones señaladas por buena parte de los actores consultados respecto a estos procesos en España, ha sido la reactivación del Acuerdo Bilateral con Marruecos de 1992 que permite la readmisión en un plazo de 10 días de personas extranjeras que no tengan la ciudadanía europea y que hubieran entrado irregularmente en el territorio español. La utilización de este instrumento para devolver en un plazo de 24 horas a 116 personas que había llegado a Ceuta el 22 de agosto después de saltar la valla que separa esta ciudad autónoma de Marruecos, así como la celeridad con la que se quiso realizar el procedimiento de identificación y la apertura de expediente de devolución, han generado serias dudas de que la devolución de estas personas se hubiera realizado cumpliendo con las garantías previstas en la Ley de Extranjería y en el propio Acuerdo con Marruecos.

Entidades procedentes de muy diversos sectores de la sociedad civil española se han hecho eco de esta situación que viola los derechos fundamentales de estas personas e impide la detección adecuada de vulnerabilidades específicas que requieren protección, como es el caso de solicitantes de asilo o personas menores de edad. Cerca de 50 de estas organizaciones han firmado un Manifiesto en el critican duramente esta forma de proceder y exigen al gobierno garantías en el marco de los procesos de devolución.

Como muestran los casos de Grecia y España, pero también el resto de los países -Austria, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Holanda, Polonia y Suecia- donde se llevan a cabo estos informes sobre la situación de los derechos humanos que afectan a personas migrantes y solicitantes de asilo, la cooperación de las ONGs y entidades de la sociedad civil resulta fundamental para su elaboración; y por tanto, para los objetivos de la FRA que son promover y proteger más eficazmente los derechos fundamentales en la Unión Europea.

Éste ha sido precisamente, uno de los mensajes del director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, Michael O´Flaherty, durante su reunión el pasado 1 de octubre en Madrid con actores de la sociedad civil implicados en la defensa de los derechos humano en España. Si bien, como el propio director de la FRA ha señalado en base a uno de sus informes sobre los desafíos a los que se enfrentan estas organizaciones en la Unión Europea,  existen restricciones jurídicas y prácticas que hacen el trabajo de estas entidades cada día más difícil.

Obstáculos para acceder a recursos financieros que dan continuidad a los proyectos y aseguran su sostenibilidad, legislaciones penales que criminalizan la critica a las autoridades estatales, campañas de desprestigio o una limitada participación en las iniciativas políticas son algunas de las dificultades identificadas en el documento de la FRA.*

Sin embargo, como el propio Michael O´Flaherty señaló durante su intervención, las ONGs y entidades de la sociedad civil desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las sociedades democráticas. De ahí la necesidad de que los Estados Miembros no solo adopten normas penales, fiscales, administrativas o relacionadas con la trasparencia que individualmente cumplan con la normativa europea, sino que este marco jurídico en su conjunto no ponga en peligro la capacidad para operar de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero la sociedad civil no solo tiene que ganar espacio dentro de los Estados Miembros, como apuntó el director de la Agencia Europea de Derechos Humanos, es necesario crear mecanismos que faciliten un “dialogo estructurado y fructífero” entre organizaciones de la sociedad civil y otros actores clave que trabajan en la defensa de los derechos humanos en la UE. La  Plataforma de los Derechos Fundamentales de la FRA es una base de datos creada por la Agencia con este fin.

Desde su puesta en marcha en 2017, esta Plataforma de los Derechos Fundamentales ha permitido la cooperación y el intercambio de información entre distintas entidades de la sociedad civil que operan en Europa y la FRA, así como entre estas mismas entidades y otros actores que actúan en el ámbito de los derechos fundamentales en la UE. Sin embargo, la presencia española en esta Plataforma europea es aún muy limitada y escasa.

Por ello, Michael O´Flaherty ha insistido en la necesidad de que ONGs de defensa de los derechos humanos, sindicatos, colegios profesionales, organizaciones religiosas, universidades o expertos de organizaciones internacionales que trabajan en España participen en el intercambio de información, las reuniones temáticas, las consultas y los proyectos de FRA. El sistema es muy sencillo, para registrarse basta con rellenar un cuestionario y hacer clic en enviar. Las implicaciones de esto es que su trabajo se vea en Europa.

 

María José Castaño es investigadora del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones. Sus líneas de investigación se centran en derechos humanos, migraciones internacionales y tráfico ilícito de personas.

 

 

*El informe Standing and operational space of non-governmental organisations (NGOs) in contributing to respecting and promoting fundamental rights in EU Member States correspondiente a España se encuentra disponible en: http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/spain-civil-space_en.pdf

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