Quizás uno de los fenómenos más referenciados en los medios de comunicación en España haya sido los efectos que la crisis económica ha tenido en el desempleo y la emigración juvenil. Todo apunta al declive de las cohortes de población más jóvenes, lo que unido al elevado desempleo juvenil como un hecho estructural de nuestro mercado laboral, pero agravado por la crisis, ha supuesto un cambio de tendencia en la movilidad geográfica internacional de los jóvenes españoles, que hasta el inicio de la crisis era relativamente reducida. Si bien se trata de un fenómeno complejo de difícil medición, los datos disponibles sobre la movilidad internacional de los jóvenes españoles apuntan a un incremento relativo del número de jóvenes que han salido del país durante la crisis.
Este contexto de cambios que ha experimentado la condición juvenil en las últimas décadas en España y del declive de la población joven se evidencia en la prolongación de las transiciones formativo-laborales, residenciales y familiares, así como en los estilos de vida; en definitiva, en las decisiones que adoptan los jóvenes para adaptarse a un entorno cambiante. Además, un problema asociado con el desempleo estructural que sufre España es por un lado la reducida empleabilidad de los jóvenes menos cualificados y sin formación y por otro lado el desaprovechamiento del talento y de la inversión en capital humano. Estos datos apuntan a que el sistema productivo español tiene problemas serios para absorber a trabajadores jóvenes formados y cualificados, lo que podría ser interpretado como una causa laboral y económica del crecimiento del flujo migratorio de los jóvenes españoles a partir del año 2008. ¿Es este otro efecto mediático no contrastado sobre la emigración de los jóvenes en lo que se refiere a la supuesta fuga de cerebros? Los datos disponibles en origen y destino no incluyen información desagregada sobre el nivel de cualificación de los jóvenes emigrados, por lo que el debate mediático sobre este aspecto es ambiguo y en cierta manera no está fundamentado empíricamente.
Sin embargo, el derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea constituye la piedra angular de la ciudadanía de la Unión que creó el Tratado de Maastricht de 1992. Tras la supresión gradual de las fronteras interiores conforme a los Acuerdos de Schengen, se adoptó la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
Además, el concepto de la libre circulación de personas ha ido evolucionando desde su creación. Y en este sentido el Instituto de Migraciones como centro de investigación en migraciones en España ha participado, junto con universidades e institutos de investigación de 14 países miembros de la UE, en el proyecto ON-THE-MOVE -«The reality of free movement for young European citizens migrating in times of crisis»-, liderado por The Centre for European Constitutional Law (Themistokles and Dimitris Tsatsos Foundation). El objetivo principal del mismo ha sido el crear un nuevo enfoque de entendimiento de este derecho fundamental en Europa desde el punto de vista de “los jóvenes” que han ejercido ese derecho o tenían previsto ejercerlo.
El trabajo de campo ha sido a gran escala en el que se han involucrado 567 jóvenes ciudadanos europeos y 67 representantes de autoridades relevantes en dichos países. Con el objetivo de presentar resultados y generar diálogo entre autoridades y jóvenes europeos el proyecto culminó con un workshop el día 20 de octubre de 2017 en el Parlamento Europeo en Bruselas. Las experiencias de los jóvenes, contadas en primera persona nos sirvieron para identificar barreras y obstáculos “reales” y “percibidos”, y también aquellas prácticas que promueven o limitan el disfrute de dicho derecho.
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Raquel Caro es Investigadora del Instituto Universitario de Migraciones