¿Acoger sin Integrar? La integración social de la población refugiada en España. Por Juan Iglesias @Juan__Iglesias

El próximo día 15 de febrero de 2018 se presenta en la Universidad P. Comillas un estudio sobre las trayectorias de integración social de la población refugiada en España, y el rol que el Sistema de Acogida e Integración (SAI) social juega en ellas. Una investigación liderada por la Cátedra de Refugiados y Migrantes forzosos del IUEM de Comillas, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y el Servicio Jesuita a Migrantes España (SJM), que quiere contribuir a reducir el actual gap sobre esta temática en nuestro país.

En España, los solicitantes y beneficiarios de protección internacional (SBPI) constituyen una realidad creciente que ha ido aumentando en los últimos años. En el periodo 2008-2016 un total de 58.174 personas solicitaron asilo en España, especialmente en los años 2015, 14.887 y 2016, 16.544, los años más intensos de la “crisis” de refugio. Unas cifras elocuentes, que sin embargo no alcanzan el nivel de otros países de la UE, ya que España solo representa el 1,22% de los solicitantes de asilo de la UE en dicho periodo. (Eurostat y Ministerio del Interior). Por origen, en primer lugar estarían los sirios, 23,35% del total, seguidos de los solicitantes procedentes del África subsahariana, 20%, Ucrania, 14,29%, y Venezuela, 10,03%. Se trata de una población mayoritariamente joven, un 54% tiene entre 18 y 35 años, y masculina (63% varones y 37% mujeres. (Eurostat 2010-2016).

Los resultados de la investigación son elocuentes. Los SBPI, en sus primeros cinco años en España, se incorporan mayoritariamente en la parte más baja de la estructura social del país bajo condiciones de fuerte vulnerabilidad: periodos sucesivos donde se van encadenando situaciones de empleo temporal, trabajo informal y desempleo; puestos de trabajo manuales de baja cualificación –ayudantes de cocina y camareros, servicio doméstico, limpieza, repartidores de publicidad, mozos de logística, etc.-, salarios bajos y temporales. Una precariedad laboral que viene acompañada de una inserción residencial inestable –fuerte rotación residencial, la habitación compartida convertida en la unidad residencial básica de familias e individuos, incorporación en los barrios periféricos de las grandes áreas metropolitanas o urbanas, etc.-; y de una acusada inestabilidad de los ingresos familiares.

Una integración precaria que se explica a partir de la acción conjunta de varios factores: modelo o patrón de crecimiento en España basado en sectores intensivos en trabajo asalariado barato y flexible, procesos de discriminación y segregación étnica, la dificultad de acceder al reconocimiento de títulos y cualificaciones profesionales, las desigualdades de género, etc.

Frente a estas condiciones de inserción los refugiados cuentan con dos recursos sociales básicos. El primer apoyo, sus redes sociales de apoyo mutuo, especialmente las de su comunidad nacional o étnica de referencia, y las creadas por los propios refugiados entre sí, cumplen un papel central a la hora de proporcionar recursos básicos de acogida e integración: acceso a vivienda y al mercado de trabajo, apoyo personal y grupal, protección socio-económica, información, etc. Sin embargo, se trata de redes afectadas por serías debilidades debido a su condición de migrantes forzosos: falta de redes familiares próximas, las más importantes en términos de integración, falta de redes y contactos con población nativa, ausencia en algunos casos de comunidades nacionales de referencia fuertes, redes con escasos recursos socioeconómicos, etc.

El segundo apoyo central lo constituye el SAI. En este sentido, la investigación muestra resultados ambivalentes. Por un lado, los apoyos proporcionados por el sistema desde la fase de acogida–alojamiento y protección material básica, cursos de idioma y formación, ayudas económicas directas, atención personalizada, etc.-  se convierten en un recurso básico y diferencial en sus primeros meses de acogida en España. Sin embargo, y a tenor de los resultados mostrados anteriormente, el SAI por si mismo no es capaz de generar procesos de integración sólidos, que superen los procesos de movilidad social descendente que los refugiados sufren en nuestro país.  Una falla que se explica principalmente por dos razones. Primero, la debilidad de la política de integración social en España. Una política amplia basada en medidas de cohesión social y gestión de la diversidad, que impulse la trayectoria de los refugiados más allá de los meses de acogida en el SAI. Y dos, las debilidades internas del SAI que han sido puestas de manifiesto durante la investigación, generalmente por los propios actores que participan en él: falta de un modelo político y jurídico claro, inestabilidad presupuestaria, falta de coordinación con las administraciones locales y regionales y con otros sistemas de cohesión social, graves carencias en los procesos de transición autónoma desde la fase de acogida, etc.

El Gobierno, a través del MEYSS ha hecho esfuerzos significativos y reconocidos en este campo desde el verano de 2015, pero, ciertamente, desde los datos, debe asumir la realidad, e impulsar una agenda política doble que pase por la mejora consensuada con los principales actores del sistema de acogida –una estrategia común-, y por la recuperación y desarrollo de una política de integración social más amplia, destinada no solo a los refugiados, sino a la población de origen inmigrante, 15% del país, y en definitiva a la inversión y construcción activa de la nueva sociedad en la que vivimos.

Juan Iglesias es Director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del IUEM de la Universidad Pontificia Comillas.

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