Las personas inmigrantes son esenciales en la economía española. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) el peso de la inmigración en el mercado laboral es aproximadamente del 18%, y eso sin contar a las personas nacionalizadas. Se podría afirmar que 1 de cada 5 trabajadores en España es inmigrante.
Según la estimación [1] realizada por el economista Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona, España se enfrenta al reto de aceptar que en la próxima década dos terceras partes de los empleos que se creen puedan ser ocupados por inmigrantes. De lo contrario, como asegura Oliver, esas plazas quedarían vacantes, ya que el estrechamiento de la pirámide entre el colectivo que se incorpora al mercado laboral (por falta de nacimientos en las últimas décadas) es insuficiente para atender la demanda de nuevas ocupaciones por parte de las empresas. También en empleos cualificados, como sucede en otros países europeos.
Pero, de repente, un día España, Europa y el Mundo, se levantan en Estado de Alarma por el COVID19. Las estimaciones apuntan a que un millón y medio de trabajadores han perdido su empleo en España durante la crisis del COVID19. ¿Qué ocurre en estas circunstancias con los y las trabajadores/as inmigrantes? Por un lado, los trabajadores con sueldos bajos y poco valorados son los que más han ayudado a las personas y las familias durante los momentos más duros del confinamiento: toda la logística del sector de la alimentación (transporte, almacenaje, reponedores, cajeras), el sector logístico (repartidores de todo tipo, mensajería, alimentación, drivers) y otras profesiones como teleoperadoras, personal shoopers, cuidadoras de personas mayores, trabajadores del campo…Pensemos quien recoge la cosecha, quien nos trae el pedido de la compra a casa, quien atiende a nuestros mayores. Como reflexiona Josep Oliver, “siempre han sido imprescindibles, pero ahora esta realidad se vuelve más evidente y nos pone frente al espejo ¿cómo tratamos a las personas que nos garantizan los servicios esenciales?”
Pero, por otro lado, las personas inmigrantes y solicitantes de protección internacional afrontan el estado de alarma desde una situación de extrema vulnerabilidad: procedimientos de solicitudes de Protección Internacional parados, trabajadores extranjeros en situación irregular sin poder salir a trabajar y sin ayudas, empleadas de servicio doméstico sin estar dadas de alta en la seguridad social, empleadas del hogar internas que se han quedado sin trabajo y sin casa, víctimas de trata y explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución. Sus únicas posibilidades de empleo se escondían en el desempeño de trabajos en situaciones de vulnerabilidad extrema: manteros, lateros, trabajadoras del hogar, empleados de restaurantes, repartidores y otros trabajadores en sectores esenciales que viven en situación de vulnerabilidad, en los márgenes del mercado laboral y que resultan esenciales en esta crisis.
Esta doble paradoja se materializa en el Sector Agrario. En España, aproximadamente 300.000 personas trabajan en este sector de las cuales la mitad son personas extranjeras. En mitad de la pandemia, la falta de mano de obra está afectando a las producciones agrícolas de España, Italia, Francia y Portugal. El pasado 13 de marzo, cuando Marruecos cerró sus fronteras, bloqueó la salida de más de 11.000 mujeres de las 17.000 convocadas para recoger los frutos rojos en Huelva. Temporeros comunitarios como rumanos y búlgaros tampoco han podido desplazarse.
De inmigrantes sin más a “trabajadores cruciales” como los ha denominado la Comisión Europea en estos tiempos del COVID19.
Nuria Lores Sánchez es Coordinadora de investigación (TFM) del Master de Migraciones Internacionales y del Master de Cooperación Internacional al Desarrollo del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones.
[1] España 2020: un mestizaje ineludible, Josep Oliver.