Entre las profundas transformaciones que ha sufrido el medio rural español (implantación de nuevos cultivos, producción intensiva, flexibilización relaciones laborales, etc.), una de las circunstancias que más preocupa a nuestros alcaldes, y sobre la que vienen llamando la atención los medios de comunicación locales es la situación en la que se encuentran los temporeros agrícolas inmigrantes.
En nuestro país, las Comunidades Autónomas (CCAA) que realizan campañas agrícolas de temporada que requieren un alto número de temporeros agrícolas inmigrantes, son mayoritariamente Andalucía, Aragón, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura y La Rioja. Y las provincias más afectadas por la afluencia de estos trabajadores son Albacete, Almería, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Jaén, Huelva, Lérida, Logroño, Valencia, Toledo y Zaragoza.
De esta forma, su presencia está configurando una realidad de trabajo dual en el campo, en la que coexisten trabajadores estables, fundamentalmente “autóctonos”, con trabajadores temporales inmigrantes, carentes de cualquier tipo de derecho, en medio de un mercado laboral precario, y -en numerosos casos- bajo condiciones indignas de alojamiento e infravivienda (Barciela, 2013).
Estas circunstancias extremas en el modelo de producción agrícola (trabajo y alojamiento) han sido puestas de manifiesto de forma reciente en la provincia de Huelva, por parte de la Mesa de la Integración, con su informe “Realidad de los Asentamientos de la provincia de Huelva”.
Este trabajo presenta una realidad de vulneración de derechos humanos a la que no se le quiere dar una solución. Así, los temporeros inmigrantes se ven obligados a vivir en campamentos de palos y plásticos carentes de las mínimas condiciones higiénicas (agua corriente, ducha, etc) y de habitabilidad necesarias (luz eléctrica, etc), sin servicios de recogida de basuras, en unas condiciones inhumanas e indignas. Además, la investigación denuncia prácticas de explotación laboral dentro de la economía informal a la que se ven obligados a trabajar estas personas.
Esta situación es bien conocida por las administraciones locales, autonómicas y nacionales, tan es así, que el Defensor del Pueblo Andaluz en el 2005, alarmado por la situación de estas personas, realizó un informe especial sobre asentamientos que pintaba un panorama desolador: <<las chabolas y la gran cantidad de basura existente hace que los asentamientos no puedan ser calificados sino de miserables>> (p.19), y concluía como la situación era <<desde un punto de vista social y político, intolerable>> (Ibíd.).
Que se cumpla en la relación laboral el respeto de los derechos humanos dependerá fundamentalmente del interés de las autoridades públicas, pero también del rol que adopten sindicatos, medios de comunicación y sociedad civil en general.
Bibliografía:
- Barciela, S. (2013). La situación social de las personas temporeras agrícolas acompañadas por Cáritas. Informe del año 2012. Cáritas Española.
Ver [en línea]. Disponible en
- Defensor del Pueblo Andaluz (2005): Informe Especial. Chabolismo en Andalucía. Ver [en línea]. Disponible en
http://www.defensorand.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_especiales/informe_0004/informe_0004.html
- Mesa de la Integración de Huelva (2007): Realidad de los asentamientos en la provincia de Huelva. Análisis, diagnóstico y propuestas.
Ver [en línea]. Disponible en
https://www.apdha.org/realidad-asentamientos-provincia-de-huelva/
* Alberto Ares SJ es Investigador del IUEM (Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones) de la Universidad Pontificia Comillas.
Sergio Barciela es Doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo de la Universidad Pontificia Comillas.