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Solo una Europa que defienda los derechos de las personas puede estar orgullosa de sí misma

 

Valeria Méndez de Vigo y Carla Sala, han publicado un artículo en el blog de Cristianisme i justícia sobre la situación de los niños y niñas refugiados que no tienen una escuela a la cual asistir, reproducimos a continuación el inicio, y te animamos a leer la entrada completa:

 El creciente clima de hostilidad a la entrada de personas refugiadas en territorio europeo ha derivado, en gran medida, de las políticas migratorias cada vez más restrictivas hacia aquellos que buscan refugio seguro. Estas políticas restrictivas tienen su reflejo en los recientes discursos adoptados en el seno de los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, las personas refugiadas siguen huyendo de sus países de origen. Según ACNUR, 65,3 millones de personas se han visto forzadas a abandonar su lugar y 21,3 millones son refugiadas[1].

En setiembre de 2015, la Comisión Europea propuso a los Estados miembros la reubicación de  160.000 personas y el reasentamiento de 20.000 en el plazo de dos años. A día de hoy, el número total de reubicaciones realizadas por los Estados miembros de la Unión Europea asciende a 13.546 y el de reasentamientos a 14.422[2]. En el caso de España, solo se ha acogido a 1.212 refugiados de los 17.337 comprometidos, de los cuales 878 lo han sido vía reubicación y 334 vía reasentamiento. La falta de voluntad política se refleja en el nivel de incumplimiento de las cuotas, dado que la mayoría de Estados aún está muy lejos de alcanzarlas. Ante el fracaso en la gestión migratoria, los Estados miembros han optado por tratar de impedir que refugiados y migrantes puedan entrar en su territorio.

Pero es que, además, las medidas contra las personas migrantes en situación irregular se han endurecido considerablemente. El pasado 2 de marzo, la Comisión Europea se posicionó duramente en contra de aquellas personas consideradas migrantes económicos que no tienen derecho a asilo. En este caso, se pide a los Estados que con las personas que se encuentran en situación irregular amplíen hasta el período máximo de detención previsto en la Directiva de Retorno (18 meses). De este modo se pretende fomentar la expulsión de migrantes en situación irregular incrementando el número de retornos a sus países de origen. Las políticas migratorias por parte de Europa ya se endurecieron desde principio de año, fomentando desde entonces, el retorno de los migrantes en situación irregular.

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