El impacto de la COVID-19 en España es difícil de estimar con exactitud. Esto es cierto, sobre todo para los meses iniciales, cuando no se conocían bien las características de la enfermedad y su transmisión y se produjo una notable infraestimación en la detección de casos y en el registro de fallecidos. No obstante, la combinación de fuentes de información y el incremento del conocimiento sobre la transmisión permiten caracterizar muchos de los aspectos esenciales de la pandemia por COVID-19 en España y en sus comunidades autónomas.

En toda la OCDE, ya antes de la pandemia existía una situación en la que, bajo la apariencia de unas sociedades estables, estábamos asistiendo a la erosión de los cimientos de la integración social, laboriosamente construida a partir de la Segunda Guerra Mundial y la expansión del Welfare State, debido al aumento del desempleo, la consolidación de la precariedad, el crecimiento del número de hogares con rentas bajas o muy bajas y el incremento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en el seno de sociedades ricas y desarrolladas. Todas estas tendencias a incrementar la precariedad y la polarización social, existentes antes de la crisis sanitaria, se han visto intensificadas y desveladas aún más con la llegada de la pandemia.

La violenta irrupción de la COVID-19 a escala mundial ha trastocado gran parte de las bases estructurales que sustentan la mayoría de las sociedades modernas. En todas ellas el grupo de población constituido por las personas más mayores y, sobre todo, aquellas que viven en situación de dependencia han sufrido las consecuencias más trágicas de esta enfermedad. En el caso de España, decenas de miles de personas que vivían en centros residenciales han fallecido, muchas de ellas en situaciones que ponen de manifiesto la inadecuación de los actuales servicios no solo en cuanto a la protección de la seguridad de las personas, sino también en cuanto a la garantía de sus derechos de ciudadanía y a su calidad de vida. Estos sucesos han visibilizado un sistema de cuidados frágil, poco adaptado a las necesidades actuales de la población en situación de dependencia, tanto en el modelo de apoyos y atenciones que ofrece como en su adecuación a las preferencias y deseos de las personas que lo utilizan.

La crisis sanitaria causada por la difusión e impacto del virus de la COVID-19 ha originado una situación excepcional en la historia social española de los últimos decenios, que ha afectado de manera hasta ahora desconocida a la vida y actitudes de los ciudadanos y al comportamiento social e institucional de todo el país. A falta de referentes anteriores, la crisis sanitaria actual se desarrolla en un contexto peculiar, con determinadas características que marcan la complejidad de su gestión y señalan un camino de incertidumbres.

La Unión Europea y sus Estados miembros están atravesando un largo ciclo de crisis. Las convulsiones financiera, económica y fiscal (2007-2015) pusieron de relieve las graves debilidades estructurales de la eurozona. Los flujos masivos de emigrantes forzosos de 2015-2016 sometieron a prueba el fundamento normativo de la Unión y de sus Estados miembros.

El confinamiento de la mitad de la humanidad es un hecho sin precedentes en la historia de la humanidad y sus consecuencias son en gran parte impredecibles. Una de las grandes preocupaciones que la pandemia COVID-19 ha generalizado en la conciencia colectiva de todo el planeta es la soledad.