El nivel de educación superior es un indicador de competitividad. España, gracias a su sistema universitario, ha mejorado en los últimos años de una forma significativa en este indicador. Como puede observarse en el gráfico 3, mientras que en la cohorte de 55 a 64 años la tasa de población con estudios universitarios en España es 1,3 puntos inferior a la del conjunto de la UE-27, en la cohorte de 25 a 34 años nuestro país supera en 6,1 puntos la media europea.
Gráfico 3 – Población de 25 a 64 años con educación superior en la UE y en España por grupos de edad. En porcentaje. 2010
Fuente: Elaboración Fundación Encuentro a partir de datos de Eurostat.
Caben a este respecto dos preguntas: ¿hay que considerar positivo este dato?; ¿se podría haber conseguido el mismo efecto con otros medios?
Es difícil dar una respuesta objetiva a la primera pregunta. El deseo de tener un nivel superior de formación responde a muchos factores, algunos vinculados con la racionalidad económica (empleabilidad, nivel de ingresos, etc.), otros con estereotipos sociales y culturales. El nivel de estudios está inversamente relacionado con el nivel de desempleo: a mayor nivel de formación, menor tasa de paro. Esto se cumple de forma generalizada en todos los países, también en España.
Las mismas conclusiones se obtienen si se compara el nivel de ingresos por nivel educativo. Los ingresos de la población con estudios superiores son más altos que los que tienen educación secundaria en los países de la OCDE. En España, la diferencia entre ambos es de un 41%. Las mayores desproporciones se registran en Portugal (69%) y Estados Unidos (77%).
Así pues, podemos dar una respuesta positiva a la primera pregunta: un elevado nivel de educación superior resulta ventajoso para el empleo, aunque la magnitud de esa ventaja varía entre países más igualitarios (como los países nórdicos) y países menos igualitarios (como Estados Unidos). Los datos sitúan a España entre los primeros: también aquí estudiar más genera ventajas.
Queda pendiente todavía la duda en relación con la segunda cuestión. ¿Es la fórmula del SUE la mejor posible? Hay algunos datos que indican que el sistema puede mejorar sensiblemente. Uno de ellos es el conocido déficit de enseñanza superior no universitaria. Se trata de una diferencia notable con respecto a otros países que tienen también un modelo igualitario y que puede ser el causante de ineficiencias características del SUE, al que las últimas reformas legales y de políticas educativas (promoción de los módulos de Formación Profesional Superior) están poniendo remedio, aunque es pronto para evaluar su impacto.
Por otra parte, es posible que dentro del propio sistema universitario pueda haber opciones de mejora que permitan optimizar la contribución de las universidades a la competitividad del país. De hecho, la oferta de enseñanzas universitarias existente antes de que se iniciara el proceso de Bolonia resultaba demasiado rígida y ligada a un modelo de competencias profesionales excesivamente dependiente de la oferta de empleo en el sector público o en una parte del sector privado fuertemente regulado por la Administración Pública (profesiones reguladas). Ésta es seguramente la causa de la aparición del fenómeno de sobrecapacitación característico de nuestro sistema. El porcentaje de población con educación superior que ocupa puestos profesionales, directivos y técnicos, es de un 75,1% en España, inferior en casi diez puntos (84,7%) a la media de la UE-27 (gráfico 6). Esto indica que el porcentaje de sobrecapacitación o sobrecualificación es de un 24,9%, entre los más altos de la UE-27.
No está claro, sin embargo, que este desajuste entre titulación y tipo de empleo esté relacionado directamente con las altas tasas de escolarización universitaria. Los países nórdicos, al igual que España, tienen un alto porcentaje de población con educación superior y bajas tasas de desajuste entre nivel educativo y nivel de empleo. Por otra parte, en el grupo de países con un desajuste en torno al 20% se dan todo tipo de situaciones en relación con los niveles de población con estudios superiores.
Otras variables que pueden estar afectando a la eficiencia en España son las referidas a la financiación del sistema. Sin embargo, los datos disponibles tampoco permiten en este caso señalar diferencias significativas. El gasto por estudiante en España ha aumentado desde comienzos de la década pasada, y en 2005 superaba ligeramente la media de la UE-27. El gasto es en su mayor parte público, aunque la financiación privada en España representaba un 22,1% en 2005, un porcentaje superior a la media europea.