Marta Molina y Pablo Ortega

Directores de la Rethinking Society Initiative – Comillas.

Hoy en día, es habitual escuchar que la democracia está en crisis. Una sensación de desencanto y apatía baña un sistema gracias al cual llevamos muchos años sin conflictos bélicos significativos y que ha conseguido asegurar la transición pacífica del poder como ningún otro hasta ahora. Sin embargo, observamos en todo el mundo el surgimiento de democracias iliberales, tribalismos y particularismos, que no solo amenazan la nación estructuralmente, sino al sistema de valores creado por la democracia liberal. Pero ¿existen valores asociados a la democracia? ¿Estaríamos dispuestos a luchar por conservarla?

La idea central de la democracia es que la soberanía nacional reside en el pueblo; se asienta y apela de esta manera a un principio básico y profundo, que es el de la igualdad. El hecho de que el voto de un aristócrata pasase a valer lo mismo que el de un campesino fue un cambio revolucionario; ahora todo el mundo debía ser representado. Sin embargo, la democracia representativa no satisface las necesidades de una parte de la población a la que le gustaría ser protagonista a la hora de participar en asuntos públicos. Para estos sectores, los partidos políticos serían el vehículo legitimador de un elitismo mal disimulado.

En pro de una mayor participación y legitimidad, algunos defienden un modelo democrático más directo como posible solución; cuerpos intermedios de intervención en política que faciliten la toma de decisiones conjuntas. Una expresión de la democracia directa serían los referéndums consultivos. Estos reducen cuestiones muy complejas a una disyuntiva aparentemente sencilla, y permiten al pueblo tomar decisiones de gran calado. Al mismo tiempo, exponen a la opinión pública a campañas agresivas en los medios de comunicación, diseñadas con el objetivo de manipular e influir la decisión en gran medida. Pero ¿no cuenta el pueblo con los mecanismos o recursos necesarios para evitar esta manipulación? ¿Está capacitado para decidir sobre cuestiones que afectan al conjunto de la nación?

En ocasiones se presenta al pueblo como lo único que permanece alejado de la corrupción política, la única representación fehaciente del espíritu de la nación. En otras, se le concibe como ignorante e inmaduro. La élite cumpliría por tanto una función necesaria; poner sus conocimientos al servicio del pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Una élite política controlada mediante contrapesos parlamentarios, pero también, en nuestros tiempos, extraparlamentarios, como pueden ser los medios de comunicación o la influencia del poder económico. Pero ¿por qué no puede todo el mundo tener la formación necesaria para tomar decisiones que afecten al conjunto?

Si persistiéramos en la idea de que el pueblo debe ser ilustrado, deberíamos preguntarnos por qué hay grupos en la sociedad que tienen menor acceso al conocimiento que otros. Hoy en día, con las posibilidades que ofrece internet, se podría defender que la información está disponible para todo el mundo y que, si hay personas que saben más, o menos, es por una cuestión de interés más que de acceso. Sin embargo, para otros la cultura se hereda de los padres, los cuales, si tienen medios, enviarán a sus hijos a mejores universidades, tendrán mejores contactos y más tiempo para formarse; si bien la meritocracia recompensa el esfuerzo, la movilidad social real sería menor de lo que pensamos.

Una gran parte de la sociedad no se siente representada por la clase política; no conseguimos identificarnos con ellos, ni creernos que trabajen por el bienestar del conjunto y no por el propio. Los ciudadanos cuyo partido pierde las elecciones se sienten olvidados durante los cuatro años que este descansa en la oposición. Es necesario que existan espacios comunes y un mismo sentimiento de lealtad hacia la comunidad política que proporcione a la representación un objeto a significar, objeto que, si falla, deja huérfano un proyecto político con afán largoplacista. Los cuatro años de duración de cada mandato hacen que esto parezca complicado, aunque, por otro lado, un mandato más largo sería difícilmente asimilable por la opinión pública.

Este universalismo es difícil de alcanzar, ya que en la sociedad de hoy en día se defienden los intereses de grupos cada vez más pequeños. En el centro de esta división está una distinta consideración de qué es político, qué debe ser reformado, así como una notoria fragmentación y falta de comunicación entre grupos con intereses distintos. Hay quienes opinan que todo es susceptible de ser cambiado por medio de la política, y hay otros que piensan que determinados aspectos de la vida y de la sociedad no deberían ser modificados, como por ejemplo el papel de la religión en Estados Unidos o de la unidad nacional en España.

Para este último grupo, la política habría invadido prácticamente todo; desde la familia, hasta la identidad, el lenguaje, el género, las emociones, incluso la idea de verdad, todo es modificable atendiendo a la voluntad del individuo. La ductilidad de la realidad hace que mucha gente no encuentre tierra firme sobre la que sostenerse y necesite de unos valores y certezas que les permita afrontar la transición sin romper dramáticamente con lo que, hasta ahora, había construido su realidad.  Pero ¿cómo llegan estos temas a nuestra atención? ¿Realmente son importantes? La fabricación de un contexto social que favorezca la implementación de una medida es un proceso consciente. Cuando los temas candentes son tantos, es muy complejo alcanzar un consenso social. Deberíamos, por lo tanto, preguntarnos si realmente tenemos tantos conflictos como parece, y si nos afectan tanto como pensamos, o si, por el contrario, es una forma de polarizar la sociedad para la obtención de beneficio político.

No tenemos, por ahora, la respuesta a muchas de estas preguntas, pero esperamos que de este corto ensayo deriven muchas más. La base de la democracia es el cuestionamiento; hay que seguir planteando preguntas para, quizás, obtener respuestas diferentes. La gran virtud de nuestra democracia liberal es que puede cambiar, puede reformarse, y, sobre todo, resiste cuando se le plantean preguntas complejas, virtudes que no comparte con ningún otro sistema. Encarna, de esta manera, el principio básico de la racionalidad, el que hemos intentado ejercer durante esta sesión, que no sería otro que la puesta en cuestión como fundamento del progreso y de la comprensión de la realidad.

 

Expertos en política exterior presentaron un libro que analiza las relaciones de nuestro país con la Comunidad Internacional

Comillas sirvió de escenario para presentar el libro Contemporary Spanish Foreign Policy, para lo que contó con la presencia de los editores y expertos en relaciones internacionales David García y Ramón Pacheco, y del autor de un capítulo, Alberto Priego, Director del Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad. La obra analiza la política exterior española desde 1974 hasta los primeros meses del Gobierno Rajoy, y es la primera que se edita en inglés y fuera de España sobre este tema.
García y Pacheco destacaron que la Unión Europea (UE) ha beneficiado las relaciones de España con el exterior, “multiplicando nuestras capacidades internacionales”. Para Pacheco, profesor en el King’s College de Londres, “pertenecer a la UE es beneficioso porque da más poder a España, sobre todo en regiones donde tenemos más intereses y donde España lidera al resto de la Unión, como en el caso de las relaciones con Marruecos o Latinoamérica, lo que nos otorga más prestigio”.
Los ponentes recordaron que la política exterior española ha mantenido una continuidad a través de los diferentes gobiernos, ya que “hay un consenso entre partidos políticos como consecuencia de los compromisos ineludibles en el marco internacional que no se pueden saltar”. En este sentido, España debe ser “un aliado creíble” con políticas que apuntalen nuestra fiabilidad en el marco internacional, como las relacionadas con el terrorismo o la cooperación en temas de defensa.
El soft power español
Por su parte, Alberto Priego, que firma el capítulo titulado Spanish soft power and its structural (non-traditional) model of diplomacy, definió la política exterior española como soft power. El término podría definirse como la capacidad para resultar atractivo a otros actores de la política internacional a través de la diplomacia, la cultura y los valores. Para Pedro Linares, Vicerrector de Investigación e Internacionalización, “el vocablo valora la reputación, la que te dan y la que generas, y cómo se maneja”. Esto convierte a España “en una potencia media con una elevada influencia en regiones como  América Latina, o norte de África”, según Pacheco.
Este soft power es en el que se basa el concepto de marca España, que, a través de la diplomacia pública ―a la que es esencial dar un impulso, según los autores― cuenta con la imagen en el exterior de empresas, deportistas o elementos culturales. “Esto es importante en lugares donde hay una elevada competencia para empresas españolas”, destacó Priego. Por su parte, Pacheco subrayó el papel de la diplomacia pública y de la marca España porque de esa forma “se puede influir internacionalmente sin que se perciba que se está influyendo”.
Según los autores, Contemporary Spanish Foreign Policy se convertirá en la obra de referencia para el estudio de la política exterior española en universidades británicas y del resto de Europa, así como en Estados Unidos, Asia y Oriente Medio, donde hay un creciente interés por España.