Marta Molina y Pablo Ortega

Directores de la Rethinking Society Initiative – Comillas.

Hoy en día, es habitual escuchar que la democracia está en crisis. Una sensación de desencanto y apatía baña un sistema gracias al cual llevamos muchos años sin conflictos bélicos significativos y que ha conseguido asegurar la transición pacífica del poder como ningún otro hasta ahora. Sin embargo, observamos en todo el mundo el surgimiento de democracias iliberales, tribalismos y particularismos, que no solo amenazan la nación estructuralmente, sino al sistema de valores creado por la democracia liberal. Pero ¿existen valores asociados a la democracia? ¿Estaríamos dispuestos a luchar por conservarla?

La idea central de la democracia es que la soberanía nacional reside en el pueblo; se asienta y apela de esta manera a un principio básico y profundo, que es el de la igualdad. El hecho de que el voto de un aristócrata pasase a valer lo mismo que el de un campesino fue un cambio revolucionario; ahora todo el mundo debía ser representado. Sin embargo, la democracia representativa no satisface las necesidades de una parte de la población a la que le gustaría ser protagonista a la hora de participar en asuntos públicos. Para estos sectores, los partidos políticos serían el vehículo legitimador de un elitismo mal disimulado.

En pro de una mayor participación y legitimidad, algunos defienden un modelo democrático más directo como posible solución; cuerpos intermedios de intervención en política que faciliten la toma de decisiones conjuntas. Una expresión de la democracia directa serían los referéndums consultivos. Estos reducen cuestiones muy complejas a una disyuntiva aparentemente sencilla, y permiten al pueblo tomar decisiones de gran calado. Al mismo tiempo, exponen a la opinión pública a campañas agresivas en los medios de comunicación, diseñadas con el objetivo de manipular e influir la decisión en gran medida. Pero ¿no cuenta el pueblo con los mecanismos o recursos necesarios para evitar esta manipulación? ¿Está capacitado para decidir sobre cuestiones que afectan al conjunto de la nación?

En ocasiones se presenta al pueblo como lo único que permanece alejado de la corrupción política, la única representación fehaciente del espíritu de la nación. En otras, se le concibe como ignorante e inmaduro. La élite cumpliría por tanto una función necesaria; poner sus conocimientos al servicio del pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Una élite política controlada mediante contrapesos parlamentarios, pero también, en nuestros tiempos, extraparlamentarios, como pueden ser los medios de comunicación o la influencia del poder económico. Pero ¿por qué no puede todo el mundo tener la formación necesaria para tomar decisiones que afecten al conjunto?

Si persistiéramos en la idea de que el pueblo debe ser ilustrado, deberíamos preguntarnos por qué hay grupos en la sociedad que tienen menor acceso al conocimiento que otros. Hoy en día, con las posibilidades que ofrece internet, se podría defender que la información está disponible para todo el mundo y que, si hay personas que saben más, o menos, es por una cuestión de interés más que de acceso. Sin embargo, para otros la cultura se hereda de los padres, los cuales, si tienen medios, enviarán a sus hijos a mejores universidades, tendrán mejores contactos y más tiempo para formarse; si bien la meritocracia recompensa el esfuerzo, la movilidad social real sería menor de lo que pensamos.

Una gran parte de la sociedad no se siente representada por la clase política; no conseguimos identificarnos con ellos, ni creernos que trabajen por el bienestar del conjunto y no por el propio. Los ciudadanos cuyo partido pierde las elecciones se sienten olvidados durante los cuatro años que este descansa en la oposición. Es necesario que existan espacios comunes y un mismo sentimiento de lealtad hacia la comunidad política que proporcione a la representación un objeto a significar, objeto que, si falla, deja huérfano un proyecto político con afán largoplacista. Los cuatro años de duración de cada mandato hacen que esto parezca complicado, aunque, por otro lado, un mandato más largo sería difícilmente asimilable por la opinión pública.

Este universalismo es difícil de alcanzar, ya que en la sociedad de hoy en día se defienden los intereses de grupos cada vez más pequeños. En el centro de esta división está una distinta consideración de qué es político, qué debe ser reformado, así como una notoria fragmentación y falta de comunicación entre grupos con intereses distintos. Hay quienes opinan que todo es susceptible de ser cambiado por medio de la política, y hay otros que piensan que determinados aspectos de la vida y de la sociedad no deberían ser modificados, como por ejemplo el papel de la religión en Estados Unidos o de la unidad nacional en España.

Para este último grupo, la política habría invadido prácticamente todo; desde la familia, hasta la identidad, el lenguaje, el género, las emociones, incluso la idea de verdad, todo es modificable atendiendo a la voluntad del individuo. La ductilidad de la realidad hace que mucha gente no encuentre tierra firme sobre la que sostenerse y necesite de unos valores y certezas que les permita afrontar la transición sin romper dramáticamente con lo que, hasta ahora, había construido su realidad.  Pero ¿cómo llegan estos temas a nuestra atención? ¿Realmente son importantes? La fabricación de un contexto social que favorezca la implementación de una medida es un proceso consciente. Cuando los temas candentes son tantos, es muy complejo alcanzar un consenso social. Deberíamos, por lo tanto, preguntarnos si realmente tenemos tantos conflictos como parece, y si nos afectan tanto como pensamos, o si, por el contrario, es una forma de polarizar la sociedad para la obtención de beneficio político.

No tenemos, por ahora, la respuesta a muchas de estas preguntas, pero esperamos que de este corto ensayo deriven muchas más. La base de la democracia es el cuestionamiento; hay que seguir planteando preguntas para, quizás, obtener respuestas diferentes. La gran virtud de nuestra democracia liberal es que puede cambiar, puede reformarse, y, sobre todo, resiste cuando se le plantean preguntas complejas, virtudes que no comparte con ningún otro sistema. Encarna, de esta manera, el principio básico de la racionalidad, el que hemos intentado ejercer durante esta sesión, que no sería otro que la puesta en cuestión como fundamento del progreso y de la comprensión de la realidad.

 

Trump lleva hasta el extremo su nacional-populismo con la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU justo cuando se multiplican las críticas contra la crueldad de su política migratoria.

Philip Roth publicó en 2004 una obra maestra de historia contra-factual titulada The Plot Against America, sobre la elección de Charles Lindbergh, el héroe de la aviación y simpatizante de los nazis, como presidente de Estados Unidos en 1940. La novela ofrece relevantes elementos como la fracturación del Partido Republicano, el entusiasmo por el nacional-populismo, el recelo hacia la diversidad y demasiada poca fe en la democracia liberal. Sin olvidar, por supuesto, la carencia de valores y relativismo moral, gravísimas violaciones de derechos humanos, la negación del multilateralismo y la predilección por el aislacionismo. Por no faltar, hasta hay un pacto de no agresión con el Tercer Reich.

En tiempos de recesión democrática, el libro de Roth se está convirtiendo en una especie de best sellerentre los que observan con justificada preocupación todo lo que viene ocurriendo en Estados Unidos desde hace más de quinientos días. Es cierto que, en virtud del ejemplar sistema de checks & balances —producto de un diseño constitucional obsesionado con evitar la concentración y abuso de poder—, la posibilidad de que triunfe una conjura autoritaria contra América resulta muy poco probable.

Sin embargo, como argumenta el profesor Cass R. Sunstein, “sería insensato ignorar los riesgos que Trump y su administración representan para normas establecidas e instituciones que ayudan a preservar tanto el orden como la libertad”. En este contexto tan problemático es donde se enmarca la retirada de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, justo cuando se multiplican las críticas contra su política intencionalmente cruel e inhumana contra los inmigrantes sin papeles interceptados al cruzar la frontera sur. Una política de “tolerancia cero” que supone criminalizar lo que hasta ahora había sido una infracción administrativa; encarcelando primero en lugar de deportar; y lo que es muchísimo más grave: separar a menores de sus padres.

La maldita excusa utilizada para salir de la institución más relevante en el mundo para la defensa de los derechos y la dignidad humana ha sido Israel, frecuentemente cuestionada por el tratamiento que reciben los palestinos cerca o bajo su jurisdicción. Con toda su arbitrariedad, la Administración Trump ha demostrado su inquietante coherencia neowestfaliana a la hora de extraer a Estados Unidos de toda clase de organizaciones internacionales y acuerdos multilaterales.

Es la primera vez en la historia que un miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se retira de manera voluntaria. De esta manera, el trumpismo coloca a Estados Unidos en la más que cuestionable compañía de Irán, Corea del Norte y Eritrea como los únicos países que en el mundo que no participan de las reuniones y deliberaciones de esta imperfecta institución, reinventada en 2006 y heredera de la inicial Comisión de Derechos Humanos creada tras la Segunda Guerra Mundial.

Quizá lo más desconcertante es que precisamente Estados Unidos haya tenido un papel decisivo no solo en el diseño de Naciones Unidas a través de la Carta de San Francisco de 1945 sino también en la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Elementos fundacionales del orden liberal internacional basado en principios y valores que irónicamente se encuentran conectados con la tradición política americana y reformulados con la ayuda de elementos progresistas como el New Deal, las cuatro libertades de Franklin Delano Roosevelt y la Carta del Atlántico rubricada en agosto de 1941.

En lo que lleva de mandato, Trump ha cuestionado décadas de consenso bipartidista en política exterior y sobre todo está logrando alterar de forma radical el papel de Estados Unidos en el mundo. Con un traumático giro copernicano con respecto al principio de que Estados Unidos ha venido siendo un claro beneficiario de la red de alianzas, el libre comercio y el entramado de organizaciones establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

En su demoledor historial, la Administración Trump ha renegado del acuerdo climático de París, el pacto nuclear con Irán, la zona de libre comercio con el Pacífico y hasta de la UNESCO, además de imponer sanciones a los más importantes socios comerciales de Estados Unidos. Sin olvidar, su poco reconfortante proclividad por toda clase de regímenes autoritarios, en contraste con la desastrosa relación con los tradicionales aliados del G7.

No solamente la historia juega en contra de la Administración Trump, también el calendario. La salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha coincidido con una generalizada condena tanto doméstica como internacional hacia la práctica de separar menores de sus padres en la frontera sur (un total de dos mil niños y niñas en el plazo de seis semanas). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha pedido un final inmediato a unas prácticas “intolerables” de abuso infantil.

El cúmulo de críticas, en mitad del pulso que se libra en Washington sobre cómo debe ser la política de inmigración de Estados Unidos, ha obligado al presidente Trump a retractarse parcialmente de su estrategia de “tolerancia cero” contra los inmigrantes sin papeles. Un inexcusable curso de acción con fines supuestamente de disuasión humanitaria y que en la práctica ha llevado a criminalizar lo que hasta ahora era una infracción administrativa.

La definición perfecta de un miserable es aquel que abusa de los débiles y de los que no tienen nada. Por eso, el libro de Philip Roth resulta tan relevante al contar lo que puede pasar incluso en América cuando un presidente no se encuentra suficientemente comprometido con los principios constitucionales de un gobierno democrático.

Pedro Rodríguez es profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. Colaborador docente e investigador del Centro Universitario Villanueva, del Máster ABC-UCM y del Instituto Franklin. Como periodista, ha desempeñado durante veinte años la corresponsalía del diario ABC en Washington. Ahora es columnista de Internacional y analista para diferentes medios audiovisuales. Premio extraordinario fin de carrera, becario Fulbright y Máster en International Relations and Mass Media por la Universidad de Georgetown, su tesis doctoral está dedicada a la comunicación política de la Casa Blanca.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Diálogo Atlántico, blog del Instituto Franklin – UAH. Puede encontrar el enlace de la publicación aquí.

África está experimentando una marcha imparable hacia la democracia participativa.” Lo afirmaba recientemente Ellen Johnson-Sirleaf, expresidenta de Liberia, al recoger el Mo Ibrahim Prize for Achievement in African Leadership. En los últimos tiempos se han dado importantes movimientos sociales no violentos como Y’en a Marre en Senegal, Balai Citoyen en Burkina Faso, o Lucha en República Democrática del Congo, para reclamar un cambio democrático. Los dos primeros fueron decisivos para la salida de los presidentes Abdoulaye Wade y Blaise Compaoré, el tercero no cesa en su empeño de sacar a Joseph Kabila del poder.

Cambios de Gobierno en el continente africano

En los últimos tiempos se han dado en África varios cambios de Gobierno pacíficos. Ha ocurrido recientemente en Gambia, cuando en enero de 2017 el presidente Yahya Jammeh fue expulsado del Gobierno tras perder las elecciones frente a Adama Barrow. También ocurrió en Ghana el mismo mes cuando Nana Akufo-Addo ganó los comicios frente al entonces presidente John Mahama. En Angola, Eduardo dos Santos perdió las elecciones de agosto de 2017. En noviembre de ese año en Zimbabwe el Ejército apartó al histórico Robert Mugabe de la jefatura del Estado. En Liberia, en enero de 2018 fue George Weah quien llegó a la presidencia tras unos comicios. Y en febrero, en Sudáfrica Jacob Zuma se vio forzado a dimitir por su propio partido mientras que en Etiopía Hailemariam Desalegn anunciaba su dimisión.

Estos son algunos ejemplos de los cambios de Gobierno que se han producido en África en los últimos meses. Johnson-Sirleaf no peca sin embargo de optimista y advertía también del largo camino por recorrer para institucionalizar la democracia en el continente. De hecho, los ejemplos mencionados son reflejo de tendencias diferentes. En Gambia, Ghana o Liberia los cambios de Gobierno también han sido cambios del partido en el poder. Por el contrario, en Zimbabwe, Etiopía, Angola y Sudáfrica son cambios de líder pero no de partido, en el poder desde 1980, 1991, 1992 y 1994 respectivamente. Además, no siempre han sido fruto de unas elecciones. Existen por ello dudas sobre el significado de estos cambios y su impacto en la transformación política del continente. Sin embargo, hay cierta percepción de que algo está cambiando. Etiopía es un buen ejemplo de la ambivalencia que rodea estos cambios.

La llegada de Abiy Ahmed en Etiopía

En 2012, Hailemariam Desalegn fue nombrado primer ministro tras el fallecimiento de Meles Zenawi, en el poder desde 1991 con la caída del Derg y uno de los principales artífices de la instauración del nuevo régimen político, la República Democrática Federal de Etiopía (RDFE). A pesar de haber validado formalmente su mandato con las elecciones de 2015, Hailemariam tuvo que hacer frente a las tensiones políticas que atraviesa el país como consecuencia de la falta de representatividad democrática y de las crecientes demandas políticas, económicas y sociales. Ello sumado a su débil posición en el seno del partido en el Gobierno desde la última transición política —el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (FDRPE)— le llevó a dimitir el 15 febrero de 2018, hecho insólito en la historia del país.

Un día antes, habían sido liberados varios presos políticos, víctimas de un Gobierno autoritario que ha consolidado su férreo control desde las controvertidas elecciones de 2005, y más aún desde el estallido de las protestas oromo en 2014. Un día después, el Gobierno volvía a decretar el estado de emergencia para evitar cualquier nueva manifestación pública del descontento social. Dos medidas aparentemente contradictorias, de apertura y cierre del régimen, que reflejan las incógnitas sobre el futuro político del país.

En este contexto llegó Abiy Ahmed Ali a la jefatura del Gobierno etíope. Su nombramiento el pasado 2 de abril como primer ministro de la RDFE suponía el segundo cambio de jefe de Gobierno en seis años, sin convocar elecciones. Una estrategia que a todas luces busca relegitimar al FDRPE, atajar la multiplicación de frentes de oposición al Gobierno y, eventualmente, iniciar una reforma política. A pesar de que el objetivo último sea mantenerse en el Gobierno, este proceder refleja la creciente dificultad para imponer la autoridad desoyendo las demandas pacíficas por un sistema representativo, redistributivo, e inclusivo.

Etiopía, ¿reforma política y/o relegitimación del partido?

Dos meses después del nombramiento Abiy, parece que algo realmente se está moviendo en Etiopía, no solo por la intensa actividad del primer ministro sino porque sus primeras medidas están cargadas de significado, tanto en el plano político interno como internacional. Para muestra un botón. El pasado 5 de junio el Parlamento etíope resolvió levantar el estado de emergencia, dos meses antes de lo previsto. El anterior estado de emergencia, decretado en octubre de 2016 para reprimir las revueltas sociales que se estaban multiplicando en el país, y en particular en el estado de Oromía, se mantuvo durante un periodo de 10 meses. Pero además, ese mismo 5 de junio Etiopía declaraba aceptar sin condiciones los Acuerdos de Argel del año 2000, que pusieron fin al enfrentamiento armado desde 1998 con Eritrea, aunque no resolvieron las tensiones entre los dos países, que han marcado profundamente la política regional de las dos últimas décadas.

Estas dos medidas parecen mostrar la voluntad del Gobierno de mantener unas relaciones pacíficas tanto con el conjunto de la sociedad etíope como con sus vecinos y hermanos. La primera medida ha sido posible por los gestos que ha tenido Abiy, dialogando por ejemplo con líderes de la oposición en Etiopía y en el exilio y prosiguiendo la liberación de presos políticos, y que al menos de momento ha permitido contener las protestas. La segunda medida se inscribe en línea con una política exterior muy activa, que busca diversificar socios, consolidar relaciones, y afianzar más aún si cabe la imagen de Etiopía como el Estado clave del Cuerno de África, del que depende la estabilidad de la región. Un discurso y una imagen fundamentales para mantener los apoyos internacionales.

Es pronto para anticipar hacia dónde evolucionará este reformismo, y si logrará realmente dar un golpe de timón que revierta la deriva autoritaria del régimen político para avanzar hacia un sistema democrático. Abiy tendrá que hacer frente a serios obstáculos como la oposición de sectores de su propio partido y de algunos sectores de la sociedad, descontentos por ejemplo con la nueva posición sobre el conflicto con Eritrea; también a la falta de una oposición sólida, consecuencia de años de autoritarismo, pero necesaria para cualquier democracia. La prueba de fuego serán sin duda los comicios de 2020 en los que Abiy podrá validar su mandato, pero en todo caso, como recordaba Johnson-Sirleaf, lo determinante no son solo las elecciones sino también lo que sucede antes y después de las mismas.

 

 

Elsa Aimé González es Profesora Colaboradora Asociada del Dpto. de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas y Doctora por la Universidad Autónoma de Madrid. Es asimismo Coordinadora del Panel de Investigación sobre África Subsahariana de la Fundación Alternativas, e investigadora del Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se centra en la teoría e historia de las Relaciones Internacionales, y en la región de Cuerno de África como área de estudio.

Foto: Sidamo, Ethiopia

Los grandes avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas han dado voz a diferentes comunidades marginadas. Gracias a la posibilidad de unirse a nivel internacional, estas comunidades han sobrepasado fronteras y se han convertido en un nuevo tipo de agente de estudio, movimientos sociales con vocación global. Este es el caso de los pueblos indígenas. La década de 1980 dio un marco internacional más favorable por la variedad de entidades comprometidas con cubrir las esferas sociales demandadas donde los Estados no llegaban.

En este contexto, durante el periodo de 2009 a 2015, coinciden en el poder de Nicaragua y El Salvador dos Gobiernos de izquierda con un pasado guerrillero muy similar, el FSLN y el FMLN respectivamente. La victoria democrática de estos Gobiernos a comienzos del siglo XXI se enmarca dentro del movimiento progresista latinoamericano conocido como “New Left”. Es por eso que en materia de inclusión de grupos marginados existió en ambos países cierto júbilo y buenas expectativas con la llegada de estos partidos tras décadas de Gobiernos liberales.

Sin embargo, son dos Estados que se ubican en diferentes puntos del largo camino de interacciones entre pueblos indígenas y Gobiernos que se tiene que dar para alcanzar una relación amistosa y de respeto mutuo. Por una parte, en la historia contemporánea de Nicaragua existe una mayor tradición en el reconocimiento de comunidades indígenas que se remonta al Estatuto de Autonomía de las regiones del Atlántico en 1987. Mientras que, en El Salvador, este reconocimiento ha venido de la mano del FMLN desde su elección democrática en 2009. Es por eso que las realidades de las dos regiones en materia de respeto a los derechos indígenas y en materia de demandas provenientes de estas comunidades se articulan de manera muy diferente.

Aun así, sin importar el nivel de avance en el que se encuentre cada país, en ambos casos se dan progresos formales por parte del Gobierno, ya sean declaraciones oficiales a favor del reconocimiento y respeto indígena, disculpas por su histórica marginación o normativa legal al respecto. Aunque esto no se traduce en mejoras reales pues los puntos clave y la materia de las demandas no son correctamente atendidos. En el caso de Nicaragua, en relación con el Derecho a la Tierra y Recursos Naturales se ha identificado el no cumplimiento de la fase de saneamiento y, con respecto al Derecho de Educación Indígena, la falta de autonomía en dichos sistemas educativos. Estos dos elementos no permiten avanzar y realmente alcanzar la mejora en el nivel de vida para estas comunidades en Nicaragua. Por otra parte, en El Salvador, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales evita que las “buenas palabras” del Gobierno se materialicen en acciones públicas a favor de estos pueblos. En este caso, no hay una necesidad de avanzar en materia legal al no existir una presión fuerte como pudiese ser la obligatoriedad de adaptar la normativa nacional a la del Convenio Internacional.

La falta de respuesta de los partidos a las demandas nativas y los recurrentes retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas en sus esferas de actuación contribuyen a que se pueda afirmar la hipótesis de la investigación: “Los puentes encontrados, a nivel discursivo entre los Gobiernos del FSLN y el FMLN y los pueblos indígenas, no se traducen en acciones que realmente mejoren los derechos y las políticas públicas hacia los indígenas”.

La repercusión de este descubrimiento sobrepasa el mero porvenir de las comunidades indígenas de Nicaragua y El Salvador. Esta falta de una suficiente participación y consideración en la vida política de un grupo de la sociedad dificulta la interculturalidad y el conocimiento de este colectivo excluido, no sólo por el Gobierno sino también por el resto de la sociedad civil. Esto es de hecho, una de las causas tradicionales de la ausencia de respeto a las culturas indígenas, el desconocimiento y la falta de entendimiento de las dinámicas originarias para poder actuar e implementar acciones de mejora. Esta sensibilización por parte de toda la sociedad requiere tiempo en asimilarse. Aun así, la tendencia de apertura y visibilidad, que se está dando en el subcontinente gracias a Gobiernos más comprometidos y a la influencia internacional de actores no estatales, es motivo de celebración.

 

 

Carmen Martínez Rodríguez es recién graduada del doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales (E-6) en la Universidad Pontificia de Comillas. Este último año ha sido alumna colaboradora de la Cátedra de América Latina donde ha apoyado tanto en tareas de investigación como en los cursos de dicha Cátedra. Su futuro se encamina a ampliar sus conocimientos en el ámbito de la economía financiera.

 

Foto: elmundo.com.sv

Tratar en una investigación la congruencia política de un partido presenta algunas complicaciones. ¿Qué es la congruencia? ¿Es la alineación de palabras y hechos? ¿La efectividad de representación? Pero lo más importante, ¿con que parámetros e indicadores la medimos? En el terreno de la Unión Europea, la congruencia de partidos críticos adquiere aún mayor porosidad por la tan debatida distancia entre ciudadanos y élites, o la misma heterogeneidad del ideario euroescéptico. Sin embargo, la necesidad de análisis es fundamental para el correcto desarrollo de la UE y sus garantías democráticas.

Los rostros que puede adquirir el euroescepticismo son diversos. La literatura se ha esforzado en definir su origen, pero también los factores propiciadores y sus diversas tipologías. De la última la más común resulta del binomio “Soft-Hard”. Para representarlo se escoge a Podemos, autodefinido como “europeísta crítico” (soft) y a UKIP, máximo exponente del euroescepticismo radical (hard). Asimismo, ambos manifiestan la dicotomía entre euroescepticismo de «izquierdas» y de “derechas”. La pregunta de investigación atiende a ¿cómo se desenvuelven los eurodiputados euroescépticos, según si son soft hard, en el Parlamento Europeo, y cómo de efectiva es la representación de sus votantes?

Para poder responder a tan amplia cuestión, primero se analiza el discurso de Podemos y UKIP a través de entrevistas a asistentes y eurodiputados, junto con el manifiesto para las elecciones al Parlamento Europeo (PE) de 2014. Esto indicaría la intención del votante al elegir dicho partido. Después, se sintetiza su práctica a través de un modelo de indicadores de intervención parlamentaria. Este modelo se basa en los datos que recoge www.mepranking.eu sobre la actividad parlamentaria de cada eurodiputado. Para la investigación se ordenan haciendo sumatorios que respondan a unas categorías propias como la asistencia o el comportamiento emprendedor. Los datos se comparan con el desempeño medio de su grupo parlamentario. Por último, llegar a la congruencia pasa por contrastar ambas líneas de estudio. El análisis cualitativo y la síntesis cuantitativa permite comprobar una premisa sencilla pero útil de congruencia: cualquier contribuyente desea que el eurodiputado que le representa trabaje éticamente (sea cuál sea su ideario) por el dinero que recibe [1].

El análisis del caso Podemos sostiene que nacen de una acción punitiva a los viejos partidos del establishment. El análisis parece descubrir que su papel como eurodiputados euroescépticos soft en el PE es congruente. Acercan a la sociedad a través de la mediación, concienciación y divulgación. Sus 5 eurodiputados buscan desviar la inercia economicista de legislaciones participando activamente en informes. El hecho de que el grupo de Podemos se encuentre por encima de la media en actividad muestra que cumplen con la labor que el electorado les otorgó; trabajan por la UE siendo críticos con ella. La única categoría con menor sumatorio, la del nivel de asistencia, cuenta con un 87,26 % frente al 88,30 % de la media. Sin embargo, Podemos tiene un compromiso interno por el que cobran 3 salarios mínimos interprofesionales y devuelven de las dietas; por ello, no es necesario que firmen su asistencia, mecanismo que garantiza las dietas [2]. En definitiva, si el partido era votado para acercar las voces ciudadanas al PE y equilibrar procesos del establishment desde un margen, Podemos cumple con su cometido. Si bien la evidencia hasta la fecha dice así, debemos recordar que quizá la congruencia política es más fácil de llevar a cabo en un grupo reducido como Podemos.

En cuanto a UKIP el análisis desvela hallazgos interesantes. Su congruencia en términos absolutos es total. El votante buscaba recuperar la soberanía nacional y así procedieron con Brexit. Pero, ¿los medios justifican el fin? Este es un aspecto debatible según el ideario del lector. Analizar el caso UKIP suscita muchas preguntas sin respuestas claras. En cuanto al análisis cuantitativo, la gran mayoría de sus eurodiputados se encuentran por debajo de la media en las categorías. Naturalmente, alguien refractario a la UE no realizará un trabajo proactivo en ella, pero, ¿recibiendo el mismo salario de los contribuyentes? ¿rechazando sus puestos políticos al conseguir su fin sin ninguna responsabilidad posterior? ¿generando una opacidad en el diálogo previo al referéndum, sin garantías, y sintetizando muchos de los males de Reino Unido en el discurso euroescéptico? Quizá el euroescepticismo harden el PE esté abocado a una mayor incongruencia relativa porque su núcleo fundacional, antitético a la UE, se alimenta y beneficia del buen funcionamiento de la misma. Mitigar este gap podría pasar por ser consecuentes con las compensaciones económicas que reciben (por supuesto cuestionable) de unos contribuyentes a los que, originalmente, buscaban defender de la mala gestión de unas élites corruptas. Quizá la paradoja del Brexit está en que el control democrático de su desempeño se difumina con su esencial naturaleza disruptiva.

La Unión Europea alberga y albergará euroescépticos. En el ejercicio de su libertad democrática podrán juzgarla e incluso desvincularse de ella, manteniendo una congruencia (sin matices) entre discurso y práctica. No obstante, la demagogia, las falacias o la ausencia de responsabilidad, nunca podrán ser justificadas si lo que se persigue es una democracia real. Del éxito de aquellos que consiguieron lo insólito se puede y debe aprender y cuestionar, para así poder ofrecer una mejorada Unión Europea a aquellos que se sintieron desplazados, asustados y traicionados por el sistema de la globalización.

 

Referencias citadas:

[1] Europe for Citizens Programme. (2013). EU Citizens Opinion Poll on Transparency, Ethics, and Lobbying in the EU. European Commission.

[2]Entrevista a Maestu, E. (16 de noviembre de 2017). Asistente de la eurodiputada Tania González. (C. Santamaría, Entrevistador)

 

Claudia Santamaría es graduada por la Universidad Pontificia de Comillas en el doble Grado en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación. Ha trabajado para la Asociación Española de Corresponsales de Prensa y como traductora para el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Habiendo trabajado y estudiado en países como Francia, Australia, Inglaterra o Chipre continúa su carrera internacional en la actualidad colaborando con proyectos de Erasmus+.

En verano de 2016, con fondos de la Swiss National Science Foundation, se llevó a cabo una investigación para detectar patrones de transnacionalismo político entre los suizos residentes en América Latina. Swissinfo colaboró en la difusión de la encuesta virtual [1] que se generó desde la sede ginebrina de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Suiza Occidental (HES-SO, por sus siglas en francés). El cuestionario utilizado recogió datos sobre perfil sociodemográfico, trayectoria migratoria y actitudes políticas (también llamadas competencias cívicas) de los encuestados. La muestra total estuvo conformada por 539 “suizos latinoamericanos”.

            Un primer hallazgo muy interesante es que la distribución porcentual de los “suizos latinos” según el cantón de origen respeta los porcentajes de población cantonal en la Madre Patria. En otras palabras, no existe un predominio de originarios de un cantón en concreto. Suizos de todos los cantones parecen haber migrado proporcionalmente a este rincón del mundo. A su vez, entre quienes contestaron la encuesta, el grupo más importante es el compuesto por los miembros de la primera generación de inmigrantes suizos (43,1 %) en la región. A continuación, se encuentran quienes conforman la segunda generación, es decir, hijos de suizos llegados desde el país de origen (25,2 %). Casi la mitad de los sujetos incluidos en la muestra han expresado que la motivación inicial del “primer suizo en América” y de sus familias fue la búsqueda de oportunidades económicas (46,7 %).

            Diferentes competencias cívicas fueron relevadas para conocer cómo los suizos de esta región del mundo se vinculan con el sui generis sistema político de su país de origen. La evidencia empírica delata un alto nivel de implicación e interés por la vida política helvética.

            A nivel de conocimiento político, los suizos latinoamericanos poseen un nivel muy elevado de manejo de información vinculada al funcionamiento del sistema vigente. Un 76,4 % pudo citar el nombre de un referéndum o iniciativa popular organizada en los cinco años previos. En tanto, un 73,9 % acertó al escoger la duración del mandato de los presidentes helvéticos (un año). Aunque con valores algo más bajos, un muy destacable 64,7 % de los encuestados logró responder de manera adecuada cuál es el procedimiento utilizado para escoger a los miembros del Consejo Federal (a través del Parlamento Federal). Los suizos latinos presentan, en esta competencia cívica, valores similares a los observados en la población local (Koller, 2014). Aventajan, considerando los resultados de una investigación semejante, a los suizos residentes en países del entorno europeo (Schlenker et al., 2016).

            Cuando se ha preguntado por la atención política, el 90,4 % de los encuestados afirman consumir, al menos ocasionalmente, información sobre la realidad política del país de origen. Sin embargo, al interrogarse sobre la frecuencia con la que se discute con familiares y amigos sobre la realidad política helvética, este porcentaje disminuye a 75,5 % si se considera a quienes ocasionalmente desarrollan esta actividad. Baja aún más si se toma en cuenta sólo a quienes discuten sobre política suiza de manera regular (un escaso 21,5 %). Estos hallazgos son congruentes con el nivel de esfuerzo que requieren una y otra actividad. Seguir noticias, más en tiempos de Internet, no requiere mayores sacrificios. Por el contrario, conversar sobre política demanda que, mínimamente dos personas, decidan hacer de ello el foco de su interacción.  No difieren estos resultados de lo encontrado entre suizos afincados en países desarrollados (Schlenker et al., 2016) o en el país de origen (Blais, 2014).

            También se midió la eficacia política de los suizos latinoamericanos. Esta es una competencia cívica que está compuesta de dos dimensiones. La primera de ellas, de naturaleza interna, hace referencia a la capacidad declarada por el encuestado de comprender una realidad política concreta. La segunda, de tipo externo, describe la creencia que tiene la persona interrogada de poder influir (ser decisivo) en el sistema político sobre el que se indaga. Ambos registros han sido elevados (73,9 % y 71,0 %) en este colectivo. Ello no sorprende debido a que los habitantes de la “Quinta Suiza” se encuentran inmersos, desde inicios de siglo, en un proceso de demandar la introducción de mecanismos de e-participación debido a que son conscientes de su fuerza electoral. Los valores descritos superan en un 30 % lo registrado por los suizos residentes en la Madre Patria (Blais, 2014). Esta diferencia podría deberse al hecho de que, en principio, los suizos del exterior están únicamente expuestos a las complejidades del sistema de democracia directa a nivel federal. Mientras que, por el contrario, los suizos “en casa” deben responder a estímulos procedentes del sistema político en los niveles comunal, cantonal y federal.

            La cuarta y última competencia cívica medida fue la participación política. Se observa que más de la mitad de los suizos viviendo en América Latina (51,7 %) ha solicitado la posibilidad de votar en los consulados helvéticos en sus áreas de residencia. Este registro desciende a un 40,9 % de los encuestados cuando se interroga sobre si sufragó, en los últimos cinco años, en algún referéndum o elección producto de una iniciativa popular. El nivel de protagonismo político cae aún más cuando se preguntó sobre si se votó en la última elección federal (octubre de 2015). Sólo el 18,4 % afirma haberlo hecho. Las cifras sorprenden cuando se las compara con los suizos residentes en países del entorno europeo (61 %) (Schlenker et al., 2016). Dos explicaciones pueden darse para explicar esta brecha. Por un lado, la gran mayoría de los suizos en Europa habitan en países limítrofes (Francia, Italia y Alemania). En sentido estricto, son frontaliers que viven en un país de la Unión Europea pero trabajan en Suiza. No están geográficamente “desconectados” de su realidad. Por otro lado, los “suizos europeos” pueden emitir su voto por correo postal o presentándose en la “polling station” de su comuna (traslado que pueden hacer por la cercanía física). Los “suizos latinos” tienen idénticos derechos pero la opción de personarse en el centro de votación resulta, por costes y distancias, dificultosa.  Les queda cómo única opción real el voto por correo que, como ha sido afirmado en más de una ocasión por la Organización de los Suizos en el Extranjero, no funciona correctamente (sobre todo por la lentitud de los procesos postales en los países latinoamericanos de residencia).

            A modo de recapitulación, es importante destacar que los resultados de la encuesta reflejan que los suizos en América Latina tienen una profunda predisposición para vincularse con el sistema político de su país de origen. Los valores observados en conocimiento político, atención política y eficacia política así lo atestiguan. A pesar de ello, los niveles reales de participación política son ciertamente limitados. Las características de la institución del voto en el exterior de Suiza y la de facto obligatoriedad de emisión del sufragio vía correo son la causa de estos escasos niveles de participación. De allí, surge entonces la necesidad de avanzar en la implantación de dispositivos de voto electrónico. Todos sabemos que, a diferencia de hace un par de años, el voto por Internet puede ser vulnerable a la injerencia de potencias no occidentales. Sin embargo, debe trabajarse en el incremento de sus niveles de seguridad para que puedan acrecentarse los niveles de protagonismo político de los suizos residentes en el extranjero y, de esa manera, contribuir a la mejora de la calidad de la democracia helvética.

Bibliografía

 Blais, A. (2014). Invited Article Why is Turnout So Low in Switzerland? Comparing the Attitudes of Swiss and German Citizens Towards Electoral Democracy. Swiss Political Science Review, 20(4), 520-528.

Koller, D. (2014). Analysing the effects of gender differences in political knowledge in Switzerland. Paper for the panel “Political Education and Political Engagement”. ECPR Graduate Student Conference. Innsbruck

Levine, D.H. y Molina, J.E. (Eds.). (2011). The Quality of Democracy in Latin America.Londres: Lynne Rienner Publishers.

Schlenker, A., Blatter, J., & Birka, I. (2017). Practising transnational citizenship: dual nationality and simultaneous political involvement among emigrants. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43(3), 418-440.

Publicado anteriormente en: https://www.swissinfo.ch/spa

[1] En el siguiente link, se encuentra la nota publicada por Swissinfo en aquella ocasión: https://www.swissinfo.ch/spa/la-v-suiza-y-la-pol%C3%ADtica_encuesta-para-los-suizos-en-am%C3%A9rica-latina/42293444  

 

Claudio Bolzman es profesor titular en la HES-SO de Ginebra e imparte clases en la Universidad de Ginebra. Es especialista en migración, asuntos transnacionales y transfronterizos.
Dr. Pablo Biderbost. Profesor Asistente del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Ha sido scholar de la Swiss National Science Foundation. Es especialista en la dimensión política de los procesos migratorios, innovación pública, estrategias anticorrupción y política latinoamericana. Ha sido consultor para, entre otras organizaciones, OIM, UNESCO, BID, EULAC Foundation, UNODC, UNDP, Global Compact y Unión Europea.

La Constitución Española de 1978 cumple 40 años en medio de una sensación de agotamiento del sistema político alumbrado en la Transición. Sin embargo, una mirada a los países de nuestro entorno nos permite contextualizar la “crisis de los cuarenta” del entramado institucional español. En buena parte de Europa, la gran recesión económica iniciada en 2008 ha acelerado dramáticamente el declive de la confianza ciudadana en las instituciones más íntimamente relacionadas con el modelo de la democracia representativa liberal. Esta crisis de legitimidad se manifiesta a lo largo del continente en forma de movimientos nacionalistas, populistas y euroescépticos: desde el Brexit en 2016 hasta la victoria del Movimiento Cinco Estrellas en las elecciones italianas del pasado marzo, pasando por la reelección en abril de Viktor Orbán, un abierto defensor de la “democracia iliberal” en Hungría.

La desafección con el modelo de representación liberal corre en paralelo con una creciente demanda de participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas, la cual se nos presenta como una forma de rescatar a la democracia del dominio de una élite alejada de sus gobernados. Algunos argumentos de los “directistas” son, en palabras de Giovanni Sartori, el fruto de una peligrosa mezcla de “ignorancia y privitivismo democrático” que solo puede ser combatida con un esfuerzo intelectual y pedagógico. Sin embargo, sería un error zanjar todas las críticas a la democracia representativa aludiendo a la escasa comprensión de sus complejos equilibrios. En parte, los cambios que están sacudiendo a las democracias occidentales en estos últimos años ponen de manifiesto las nuevas circunstancias estructurales en las que la representación política debe operar a comienzos del siglo XXI, tras la revolución de las tecnologías de la comunicación y la consolidación del paradigma de la globalización. Podemos identificar al menos tres grandes retos para la democracia representativa que, por el momento, carecen de una respuesta satisfactoria.

En primer lugar, la democracia articulada en torno al Estado-nación encuentra cada vez más dificultades para gestionar una agenda global. En las últimas décadas hemos asistido al auge de nuevas arenas trasnacionales con actores e instituciones que escapan al control de los Estados. Como resultado, un creciente número de temas se sitúan bajo el control de órganos especializados con conexiones leves —o incluso inexistentes— a las instituciones tradicionales de representación política. Así, por ejemplo, la convergencia impuesta por la Unión Europea y otros organismos internacionales de gobernanza económica reducen el margen de decisión de los líderes nacionales ante las decisiones tomadas por expertos supranacionales. Como consecuencia, las elecciones de ámbito estatal pierden parte de su utilidad como mecanismo de rendición de cuentas de los gobiernos nacionales, lo cual contribuye al auge de discursos nacionalistas y populistas que invitan a rebelarse contra la pérdida de soberanía y la desaparición de la política a manos de la tecnocracia.

El segundo desafío radica en el debilitamiento de la relación representativa tradicional. Internet y las redes sociales han multiplicado las posibilidades de ejercer una representación informal al margen de los arreglos institucionales basados en la secuencia partidos-elecciones-parlamento-Gobierno. El actual contexto tecnológico favorece que grupos o individuos de la sociedad civil se propongan a sí mismos como representantes de colectivos sociales más amplios —las mujeres, los pensionistas, los afectados por la crisis— sin necesidad de someter su representatividad a juicio electoral. En este contexto, los sistemas democráticos deben lidiar con un creciente choque de legitimidades entre actores institucionales y grupos que contraponen una representatividad sociológica sustentada en el propio discurso y en una identificación emocional con amplios sectores de población, la cual viene más dada por la presencia e impacto en los medios de comunicación que por consideraciones de tipo jurídico-político.

Finalmente, la democracia representativa debe encontrar una respuesta al progresivo empobrecimiento de la calidad del debate público. En un mercado cada vez más saturado de medios de comunicación, la lucha por la audiencia incrementa una tendencia estructural a primar lo espectacular, lo novedoso, lo conflictivo o lo circunstancial sobre explicaciones más complejas de los problemas políticos orientadas a generar una ciudadanía crítica e informada. En paralelo, la atomización de la esfera pública en cientos de esferas digitales ha creado burbujas aisladas caracterizadas por una conversación redundante: grupos e individuos con visiones homogéneas acuden a los foros en los que saben que van a encontrar los datos y argumentos que refuerzan sus posiciones de partida. El resultado es un fenómeno de polarización grupal por el cual las opiniones políticas se tornan más extremas y sectarias. Junto a ello, en tanto que en internet no hay ninguna autoridad encargada de determinar el rigor de las afirmaciones de cada participante, la democratización del acceso a la esfera digital ha disparado indirectamente el volumen de noticias falsas, “hechos alternativos” o “posverdades”.

Retomando a Sartori, una parte del descontento con nuestras democracias liberales se debe a las expectativas desmesuradas respecto a lo que la representación puede (o no puede) hacer. Pero, por sí sola, la pedagogía no es suficiente. Los tres retos expuestos en estas breves líneas implican dinámicas de fondo que, lejos de desaparecer, van a seguir erosionando las democracias occidentales a menos que se aborden en un debate riguroso tanto en el ámbito de las élites intelectuales como, fundamentalmente, en el debate público. Lamentablemente, nada indica que la agenda de nuestros líderes políticos vaya por estos derroteros.

Carlos Rico Motoses doctor en Ciencia Política y profesor en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas. Su investigación se centra en el campo de las teorías de la democracia, la educación cívica y los modelos de representación y deliberación política. Entre sus publicaciones más recientes cabe destacar su libro Deliberación parlamentaria y democracia representativa(Congreso de los Diputados, 2016) y su contribución “The changing nature of the Spanish left: an uncertain balance”, en la obra colectiva The Left and the Crisis(Manchester University Press, forthcoming 2018).

Twitter: @cricomotos

Lidiar con la política ha sido siempre lidiar con las decepciones del pueblo. De hecho, no hay decepción más amarga que la de defender la inevitabilidad de aquello que uno nunca ha querido defender. Este es, sin duda, el caso del populismo. Un concepto que copa la atención del debate político contemporáneo y que, sin embargo, suele ser definido con palmaria imprecisión. Cuando se aplica a la paradigmática realidad latinoamericana, se suele hablar de la tradicional consolidación del populismo como mal endémico de la región. Si bien es cierto que tal afirmación no responde stricto sensu al ponderado análisis de la sustantividad populista, en tanto que preconiza el endemismo de un fenómeno que emerge hoy con fuerza en Estados Unidos y Europa, no menos cierto es que la vinculación entre populismo y América Latina resulta más que justificable. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué tipo de populismo?

El origen de la naturaleza del movimiento populista latinoamericano lo advirtió Antonio Gramsci allá por las primeras décadas del siglo XX. Sostenía el filósofo italiano que, en ciertos momentos de su vida histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales y, aunque este proceso es diferente en cada país, el contenido en todos ellos es el mismo: la crisis de hegemonía de la clase dirigente. Encontramos aquí la condición sine qua non,el populismo es incapaz de existir o, al menos, de prosperar. La crisis de la hegemonía, entendida esta última como el poder de las élites para convencer a los grupos subalternos de que sus intereses coinciden con los suyos, obteniendo, de esta manera, un consenso general que les incluye aun cuando sea de manera subordinada.

Estas crisis hegemónicas no surgen de repente, sino que epitomizan la materialización perentoria de una crisis orgánica previa en la que las élites se muestran incapaces de convencer a los ciudadanos de la coincidencia de intereses entre grupos divergentes. Es ahí donde el populismo encuentra el espacio perfecto para desarrollarse en plenitud, y así ha ocurrido en América Latina durante las últimas décadas. Las crisis de Estado latinoamericanasdesencadenaron en el colapso de los dispositivos administrativos de gobernabilidad. De esta manera, las instituciones no solo dejaron de funcionar, sino que, además, generaron vacíos de poder y provocaron la emergencia de poderes paraestatales.

Todo ello forjó la consolidación de un tipo de populismo que nada tiene que ver con el imperante en Europa o Estados Unidos. Le Pen y Trump, por ejemplo, distan bastante de líderes como Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. En España, donde Podemos podría encarnar la mayor euro-aproximación teórica al populismo latinoamericano, nunca llegó a emerger de una crisis orgánica, de manera que las instituciones ni dejaron de funcionar, ni perdieron su legitimidad. Se deduce, por tanto, que el populismo euroamericano no deriva de ninguna crisis de Estado; tampoco de una crisis hegemónica, en tanto que sus líderes forman parte del Establishment que al mismo tiempo critican.

La derrota hegemónica de las élites y las crisis orgánicas enarbolan, pues, una fenomenología populista diferente. Una que tiende a encumbrar aquellos discursos que preconizan la constitución del pueblo como actor colectivo, así como una cierta dicotomización del espacio político. Es en este sentido que América Latina ha encarnado el mejor ejemplo de cómo, a partir de las condiciones examinadas, se puede generar discursivamente una identidad popular politizable electoralmente. Tal identidad, a su vez, no se enmarca en cualquier ámbito del espectro político, sino en uno muy concreto, respondiendo a lo que algunos denominan «populismo de izquierdas». He aquí la singularidad del caso latinoamericano.

En el momento en que la izquierda latinoamericana no supo responder al relato que le planteaba la derecha, comenzó a apreciarse la fulminación de la base y el sustrato social tradicionalmente de izquierdas. Esto, a su vez, creaba la necesidad de que estos actores se vieran representados en otro eje, uno que cuestionara el orden neoliberal preponderante y que, por tanto, ofreciera una alternativa de «los de abajo» frente a las crisis orgánicas. Es entonces cuando aflora la lógica de construcción de lo político (nosotros vs. ellos) en forma de populismo. Como las masas que dejan de verse representadas exteriorizan su sentimiento de que las élites han bombardeado su propia base social, el populismo aparece como la panacea estratégica que abre la oportunidad de construir un nuevo bloque histórico basado en el pueblo.

¿América Latina en la encrucijada? La construcción del «nosotros» en la narrativa discursivo-populista latinoamericana agrupa a las grandes masas populares apelando a un universal, a un interés general que se definiría por la democratización del Estado y la redistribución de la riqueza. La definición del «ellos», por su parte, identifica al enemigo de esas masas populares en la revolución neoliberal, la corrupción sistémica y la rebelión de los mercados. Así, en un momento de fragmentación de identidades, se podría discutir si, en efecto, el populismo constituye o no la respuesta adecuada a los problemas de la sociedad. El error vendría, sin embargo, al afirmar que el propio populismo constituye per seun problema, cuando éste no nace sino como respuesta a los auténticos problemas sociales, a un «ellos» muy bien acotado. Si América Latina está en la encrucijada, por tanto, no es por la emancipación de un populismo cuyo núcleo («nosotros») lo constituyen las ansias democratizadoras y redistributivas del pueblo, sino por el desarrollo de las desigualdades generadas por una revolución neoliberal que epitomiza el «ellos» populista.

Javier Martín Merchán es estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación en la Universidad Pontificia de Comillas y ayudante de investigación en el Real Instituto Elcano. Ha colaborado como analista internacional, por medio de sus publicaciones, con la Fundación Konrad Adenauer, Incite Political Journal y E-International Relations. Con español, inglés, alemán y francés como lenguas de trabajo, también ha estudiado en la University of Surrey (Reino Unido) y la Freie Universität Berlin (Alemania). Actualmente colabora con el Jesuit European Social Centre en un programa de liderazgo e investigación en el marco de la Unión Europea.

Security in the streets of Beijing has been tight over the past fifteen days. While the Great Hall of the People witnessed the First Session of the 13th National People’s Congress of the Communist Party, bars were shut down, no gatherings were allowed, and sensitive events were cancelled by the police.

While Beijing goes back to normal after one of the most important gatherings of the Party for the past decades, President Xi Jinping has made official what some feared. The Constitution has been amended. Xi Dada, as he is affectionately known in China, intends to stay on as president for as long as he wishes. His ideology, officially known as The Xijinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era has been added to the preamble of the Constitution, elevating him to the same level as his comrades’ doctrine: Marxism-Leninism, Mao Zedong Thought and Deng Xiaoping Theory.

This matter not only ignites the dangers that any excessive centralisation of power in the hands of one person carries or demonstrates the endless limits of the Communist Party’s political willingness; it is a wake-up call for those who believed that economic development would bring political, social and civil rights to the Middle Kingdom. The West has, once again, failed to predict the future of China; while China’s economy keeps growing, despite its transition from a manufacturing-oriented towards a service economy, hopes for a structural change of its political apparatus only fade away.

In order to understand how a political individual, such as Xi, has achieved such concentration of power, one must explore the country’s feelings towards its past, present and future. Chinese society is currently infested with a nationalistic narrative. Infested both literally and figuratively: literally, as seen in the propaganda deployed in every bridge, banner and metro station. Figuratively, because of its presence in the educational curriculum, the Chinese New Year Gala, the speeches delivered in the political meetings and, more concerningly, in the minds of most of the Chinese people. The Chinese dream, the rejuvenation of the Chinese nation, a harmonious society, a sustainable development, no more humiliation, the recovery of the Silk Road and the return to the Great Ancient Times of China. Ideological purity instilled in the minds of a 1.4 billion population that only aims to achieve economic prosperity and success.

Now the equation is simple: this nationalistic narrative, in addition to the Party’s economic capability to make it come true, equals political legitimacy. Unquestionable political legitimacy. Now, adding Xi Dada to the formula, we obtain a cult-like personality that China had not seen since the times of Mao.

The constitutional amendments and Xi’s unlimited capability to remain in his position are, in conclusion, a demonstration of power, a sign of strong legitimacy, and a lesson to the West. China has achieved to keep growing economically while maintaining the legitimacy of the Communist Party, and now more than ever, such legitimacy seems to be unbreakable. The West was wrong: economic development has not yet brought political and social freedom to the country. China, again, has surprised the world.

 

Fernando Alonso estudió Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación en la Universidad Pontificia Comillas. Se graduó en 2017 y se encuentra actualmente estudiando un doble máster en Peking University y la London School of Economics and Political Sciences. Aunque se está especializando en política china, sus áreas de interés también incluyen derechos humanos, estudios de género, la Unión Europea y políticas de identidad. 

 

El junio pasado aterricé en Montevideo con la ilusión e incertidumbre que siempre se tienen ante lo desconocido. Llevaba soñando con ese momento desde que descubrí de verdad América Latina allá por tercero de carrera con la asignatura de Estudios Regionales y me enamoré completamente de la región. Así, gracias a unas prácticas de tres meses en la Fundación Konrad Adenauer, tuve la oportunidad de adentrarme en la realidad política uruguaya y conocer el peculiar sistema partidario del país; algo que me atrajo e inspiró de tal manera que se acabó convirtiendo en el tema de mi Trabajo de Fin de Grado de Relaciones Internacionales. Además de participar en la vida política uruguaya, conocer diferentes personalidades y sumar experiencias que me hicieron crecer como profesional —y descubrir que el mate, el dulce de leche, el tango y Gardel son uruguayos y no argentinos—, en el paisito fui capaz de comenzar a formar parte de un proyecto con el que desde entonces no paro de aprender y disfrutar: Diálogo Político.

Diálogo Político es la publicación del Programa Regional «Partidos Políticos y Democracia en América Latina» de la Fundación Konrad Adenauer. Este proyecto, cuya sede de redacción se encuentra en Montevideo y cuyo equipo está formado por corresponsales de siete países de Iberoamérica, cuenta con una versión en papel de carácter semestral y una plataforma online (dialogopolitico.org) que publica en torno a cinco artículos semanales que cubren la realidad sociopolítica de Latinoamérica y el mundo. Además, la publicación también ha lanzado una base de datos llamada «Partidos Políticos» que reúne información electoral de dieciocho países latinoamericanos y un canal de YouTube con entrevistas a diferentes personalidades de relevancia para la región.

Como parte del equipo de Diálogo Político, me encargo de escribir artículos de diferente índole sobre la coyuntura política latinoamericana, cubrir los últimos acontecimientos que suceden en España y Europa, ponerme en contacto con nuevos autores, decidir posibles líneas temáticas, gestionar el contenido digital y presentar la revista a nuevos lectores. Por otra parte, como miembro más joven del equipo, me ocupo de la tarea de representar la visión de mi generación en este proyecto y ofrecer una perspectiva más innovadora que incluya las inquietudes y preocupaciones de los más jóvenes. Además, la primera semana de marzo asistí a la reunión anual del equipo de redacción en Colonia del Sacramento, Uruguay, donde se habló de los logros de la publicación durante estos últimos meses y se discutió acerca de los desafíos a los que nos enfrentamos en el año en curso.

Así, Diálogo Político pretende ser una ventana a América Latina que promueva la reflexión y el pensamiento crítico e incite a sus lectores a interesarse más por la realidad sociopolítica de la región. Se trata de un proyecto que esconde muchos matices detrás y que se lleva a cabo día a día con un cariño especial. Desde que su jefe de redacción me enseñó todos los entresijos de este proyecto en su oficina con vistas a Plaza Independencia, centro neurálgico de la vida política del Uruguay, Diálogo Político no ha parado de abrirme puertas y confirmarme por qué América Latina es la región a la que quiero dedicar mi vida profesional. Estoy muy agradecida con todo el equipo por darme la oportunidad de vivir tantas experiencias, abrirme su red de contactos y enriquecerme día a día intelectualmente. Recomiendo a todos echar un vistazo a la página web para adentrarse en esta comunidad de intercambio de conocimiento y así formar parte de este diálogo que es político pero, sobre todo, es muy especial.

 

Castellar Granados es alumna de 5º curso de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación. Ha trabajado para el Consulado General de España en Miami, Fundación Carolina, Fundación Konrad Adenauer y UNICEF. Actualmente integra el equipo de redacción de la revista Diálogo Político.