Marta Molina y Pablo Ortega

Directores de la Rethinking Society Initiative – Comillas.

Hoy en día, es habitual escuchar que la democracia está en crisis. Una sensación de desencanto y apatía baña un sistema gracias al cual llevamos muchos años sin conflictos bélicos significativos y que ha conseguido asegurar la transición pacífica del poder como ningún otro hasta ahora. Sin embargo, observamos en todo el mundo el surgimiento de democracias iliberales, tribalismos y particularismos, que no solo amenazan la nación estructuralmente, sino al sistema de valores creado por la democracia liberal. Pero ¿existen valores asociados a la democracia? ¿Estaríamos dispuestos a luchar por conservarla?

La idea central de la democracia es que la soberanía nacional reside en el pueblo; se asienta y apela de esta manera a un principio básico y profundo, que es el de la igualdad. El hecho de que el voto de un aristócrata pasase a valer lo mismo que el de un campesino fue un cambio revolucionario; ahora todo el mundo debía ser representado. Sin embargo, la democracia representativa no satisface las necesidades de una parte de la población a la que le gustaría ser protagonista a la hora de participar en asuntos públicos. Para estos sectores, los partidos políticos serían el vehículo legitimador de un elitismo mal disimulado.

En pro de una mayor participación y legitimidad, algunos defienden un modelo democrático más directo como posible solución; cuerpos intermedios de intervención en política que faciliten la toma de decisiones conjuntas. Una expresión de la democracia directa serían los referéndums consultivos. Estos reducen cuestiones muy complejas a una disyuntiva aparentemente sencilla, y permiten al pueblo tomar decisiones de gran calado. Al mismo tiempo, exponen a la opinión pública a campañas agresivas en los medios de comunicación, diseñadas con el objetivo de manipular e influir la decisión en gran medida. Pero ¿no cuenta el pueblo con los mecanismos o recursos necesarios para evitar esta manipulación? ¿Está capacitado para decidir sobre cuestiones que afectan al conjunto de la nación?

En ocasiones se presenta al pueblo como lo único que permanece alejado de la corrupción política, la única representación fehaciente del espíritu de la nación. En otras, se le concibe como ignorante e inmaduro. La élite cumpliría por tanto una función necesaria; poner sus conocimientos al servicio del pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Una élite política controlada mediante contrapesos parlamentarios, pero también, en nuestros tiempos, extraparlamentarios, como pueden ser los medios de comunicación o la influencia del poder económico. Pero ¿por qué no puede todo el mundo tener la formación necesaria para tomar decisiones que afecten al conjunto?

Si persistiéramos en la idea de que el pueblo debe ser ilustrado, deberíamos preguntarnos por qué hay grupos en la sociedad que tienen menor acceso al conocimiento que otros. Hoy en día, con las posibilidades que ofrece internet, se podría defender que la información está disponible para todo el mundo y que, si hay personas que saben más, o menos, es por una cuestión de interés más que de acceso. Sin embargo, para otros la cultura se hereda de los padres, los cuales, si tienen medios, enviarán a sus hijos a mejores universidades, tendrán mejores contactos y más tiempo para formarse; si bien la meritocracia recompensa el esfuerzo, la movilidad social real sería menor de lo que pensamos.

Una gran parte de la sociedad no se siente representada por la clase política; no conseguimos identificarnos con ellos, ni creernos que trabajen por el bienestar del conjunto y no por el propio. Los ciudadanos cuyo partido pierde las elecciones se sienten olvidados durante los cuatro años que este descansa en la oposición. Es necesario que existan espacios comunes y un mismo sentimiento de lealtad hacia la comunidad política que proporcione a la representación un objeto a significar, objeto que, si falla, deja huérfano un proyecto político con afán largoplacista. Los cuatro años de duración de cada mandato hacen que esto parezca complicado, aunque, por otro lado, un mandato más largo sería difícilmente asimilable por la opinión pública.

Este universalismo es difícil de alcanzar, ya que en la sociedad de hoy en día se defienden los intereses de grupos cada vez más pequeños. En el centro de esta división está una distinta consideración de qué es político, qué debe ser reformado, así como una notoria fragmentación y falta de comunicación entre grupos con intereses distintos. Hay quienes opinan que todo es susceptible de ser cambiado por medio de la política, y hay otros que piensan que determinados aspectos de la vida y de la sociedad no deberían ser modificados, como por ejemplo el papel de la religión en Estados Unidos o de la unidad nacional en España.

Para este último grupo, la política habría invadido prácticamente todo; desde la familia, hasta la identidad, el lenguaje, el género, las emociones, incluso la idea de verdad, todo es modificable atendiendo a la voluntad del individuo. La ductilidad de la realidad hace que mucha gente no encuentre tierra firme sobre la que sostenerse y necesite de unos valores y certezas que les permita afrontar la transición sin romper dramáticamente con lo que, hasta ahora, había construido su realidad.  Pero ¿cómo llegan estos temas a nuestra atención? ¿Realmente son importantes? La fabricación de un contexto social que favorezca la implementación de una medida es un proceso consciente. Cuando los temas candentes son tantos, es muy complejo alcanzar un consenso social. Deberíamos, por lo tanto, preguntarnos si realmente tenemos tantos conflictos como parece, y si nos afectan tanto como pensamos, o si, por el contrario, es una forma de polarizar la sociedad para la obtención de beneficio político.

No tenemos, por ahora, la respuesta a muchas de estas preguntas, pero esperamos que de este corto ensayo deriven muchas más. La base de la democracia es el cuestionamiento; hay que seguir planteando preguntas para, quizás, obtener respuestas diferentes. La gran virtud de nuestra democracia liberal es que puede cambiar, puede reformarse, y, sobre todo, resiste cuando se le plantean preguntas complejas, virtudes que no comparte con ningún otro sistema. Encarna, de esta manera, el principio básico de la racionalidad, el que hemos intentado ejercer durante esta sesión, que no sería otro que la puesta en cuestión como fundamento del progreso y de la comprensión de la realidad.

 

La Corte Penal Internacional, en el caso Prosecutor versus Ntaganda [1], ha establecido recientemente un avance en la jurisprudencia penal internacional. A Bosco Ntaganda se le está juzgando como supuesto subjefe del Estado Mayor y comandante de las operaciones de la Unión de Patriotas Congoleños / Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (UPC / FPLC). Se trata de un grupo armado organizado que participó en dos conflictos en Ituri durante los años 2002 y 2003. En este sentido, a Ntganda se le juzga por el ataque generalizado y sistemático contra la población civil en virtud de una política organizativa adoptada por la UPC / FPLC para atacar a civiles percibidos como no pertenecientes al grupo étnico Hema: Lendu, Bira y Nande. También se le juzga por un conflicto armado no internacional entre la UPC / FPLC y otros grupos armados organizados. Se le acusa de haber cometido crímenes de guerra (por asesinato e intento de asesinato, ataque a civiles, violación, esclavitud sexual de civiles, saqueo, desplazamiento de civiles, ataque a objetos protegidos, destrucción de la propiedad del enemigo, y violación, esclavitud sexual, alistamiento y conscripción de niños soldados menores de quince años y utilizándolos para participar activamente en las hostilidades) y de lesa humanidad (por asesinato e intento de asesinato, violación, esclavitud sexual, persecución, traslado forzoso de población).

La defensa del acusado argumentó —durante las etapas iniciales del proceso— que la violación y la esclavitud sexual de los niños soldados de la UPC / FPLC como crímenes de guerra, punibles de conformidad con los artículos 8 (2) (e) (vi) del Estatuto de Roma “Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, […] esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra” quedaban excluidos de la jurisdicción de la Corte, debido a que las víctimas de un crimen de guerra en un conflicto armado no internacional deben ser personas protegidas, lo que excluye a los que participan activamente en hostilidades, es decir los niños soldado. De esta manera, según la defensa, el Derecho internacional humanitario no protege a los niños soldado, por ser considerados combatientes, de la violencia sexual cometida por miembros de su mismo grupo armado.

El 15 de junio de 2017, la Sala de Apelaciones [2] confirmó la jurisdicción de la CPI. El razonamiento es importante, no solo porque es una defensa de los derechos del niño en los conflictos armados, sino de toda persona víctima de violencia sexual. La Sala argumentó que el marco jurídico no requiere que las víctimas de los crímenes contenidos en el artículo 8 (2) (e) (vi) fueran personas protegidas y siguió con un análisis de si el marco establecido en el derecho internacional excluye como víctimas de los crímenes miembros de las mismas fuerzas armadas. Señaló que hay actos que “están y seguirán prohibidos en cualquier momento y en cualquier lugar” (párrafo 47) y consideró que limitar el alcance de la protección, propuesta por la Defensa, era contrario al Derecho internacional humanitario. La Cámara argumentó que “si bien el derecho internacional humanitario permite que los combatientes participen directamente en las hostilidades… nunca existe una justificación para participar en actos de violencia sexual contra ninguna persona; independientemente de si esta persona pueda ser un objetivo “liable to be targeted and killed en virtud del derecho internacional humanitario” (párrafo 49).

Según la Sala, el alcance de la protección contra la violencia sexual no puede entenderse como limitado a ciertas categorías de personas, ya que la prohibición de la esclavitud sexual y la violación ha obtenido el estatus de jus cogens en virtud del derecho internacional. Esta condición perentoria prohíbe esta conducta en todo momento, tanto en tiempos de paz como de conflictos armados, y contra todas las personas, independientemente de cualquier condición legal (párrafo 52).

Esta decisión [3], es un testimonio de una brecha legal resuelta y reflejo de la desconsideración de determinadas experiencias por parte de los tratados internacionales. Esta concretamente desamparaba a los niños soldados víctimas de violencia sexual en los conflictos armados y les catapultaba a un vacío legal.

¿Cuántas más habrá y que todavía pasan inadvertidas?

 

[1]https://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda

[2]https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-1962

[3]para un análisis doctrinal de la sentencia véase: Sellers, P.V., Ntaganda:  Re-Alignment of a Paradigm, http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2018/03/Ntaganda-V.pdf

 

Isabel Maravall Buckwalter es profesora colaboradora asociada del área de Derecho Internacional Público de la Universidad Pontificia de Comillas. Imparte docencia en diferentes Universidades y ha escrito artículos principalmente relacionados con el Derecho Internacional Público y las Relaciones Internacionales. Sus áreas de interés son el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.

La renovación del derecho a la ciudad en América Latina: mejoramiento de asentamientos informales y “creación de lugares”

Since the creation of UN-Habitat in 1978, development agendas have shown an increased global focus in cities. Fast-growing urbanization rates the world over, urban challenges, and in particular slums, critically hinder human progress. Despite the international recognition, conventional approaches to the slum question fail to accomplish solid results. Evidence has it that Latin America has become the world’s signpost in inclusive urban development. The few comprehensive, yet crucial, slum upgrading programs being implemented in the region attest to that.

The Latin American region is the world’s most urbanized, with almost 80% of its population living in cities [1]. This mainly results from the rapid urbanization of the region during the 20th century, outcome of the increased manufacturing industries that greatly diminished economic reliance on agriculture. The industrialization era heightened rural-urban migration flows, and authorities were unable to provide sufficient land to new residents. Invasion of the periphery was convenient to both invaders and industrial interests: it provided dwelling close to economic opportunities to the former, and adjacent cheap labor to the latter [2].

Turning to the positive wave of slum upgrading in the region, it has been influenced by the concept of the ‘right to the city’, with participatory budgeting and good governance really making urban progress [1]. In a few cases, the traditional model of planning has gradually evolved into a more collaborative and local planning strategy, including communities into decision-making [2]. Programs have been designed to redistribute wealth and make land more accessible [1]. Switching the focus from quantity to quality, some recent programs have also introduced social support to promote capacity building and integration. Furthermore, emphasis has been placed on improving public spaces as a means of tackling the ‘ghetto image’ of slums and of increasing squatters’ bond with their cities [3]. The aesthetic element of this new wave also finds explanation in attracting investment on the city, thus bolstering national economies. All the improvements notwithstanding, this new wave is still very limited in scope, and it rarely generates significant synergies at the city level [1].

On the whole, slum upgrading and placemaking are the answer to many of the urban and human challenges confronting Latin America’s present society. With bourgeoning rates of urbanization and 23.5% of its population living in informal settlements [4], the region requires a comprehensive transformation of its urban dynamics. Striving for a permanent fix to the slum question entails addressing its root causes and fulfilling present deficits. In doing this, Latin America should aim for a policy that not only upgrades but that includes placemaking in its true sense: physical, economic, social, political, cultural, psychological and emotional dimensions must be targeted.

A change of urban rhetoric is thus imperative. Cities, as history, have been erected by winners, leaving so many in exclusion. The future of slum upgrading must thus encompass a system that places slum residents at the core, in all possible senses and satisfying the whole range of human needs. This is the only way to give birth to inclusive cities: when all intersecting factors that affect how we relate to space (i.e., race, ethnicity, social status, socioeconomic background, and gender) become aligned. Nonetheless, the biggest hindrance to this new rhetoric is the lack of redistribution. Cities’ potential is nowadays insufficiently tapped. The tension between the formal and the informal city —which are inseparable according to economic logic— must be put to good use through a thorough slum upgrading. However, carrying this out runs into the problem of vested powerful interests: implementing such initiatives has thus remained elusive, not realizing how much is to gain from a change of approach.

Then, the best deal to aim for is a renewal of the social contract. This can be achieved by means of comprehensive slum upgrading, whose benefits reach deeply beyond slum limits. Here is where placemaking acquires real importance —because, ‘as people construct places, places construct people’[6]. Squatter settlements are one of the most visual outcomes of the wrongs of present economic, political and social systems. Since informal housing is the result of multi-dimensional marginalization, undertaking throughout slum upgrading will restore many of the ills of present systems. For the home is the locus for all development: the way architecture and urbanism work influences people’s lives to the deepest intimate degree. Thus, our most relevant recommendation is for Latin American cities to renew their ‘right to the city’, for the informal to be rethought, and for practices of comprehensive slum upgrading and placemaking to be carried out in the region’s peri-urbanity.

Cited work:

[1] Magalhães, F. (Ed.) (2016). Slum Upgrading and Housing in Latin America (Report No. IDB-CP-45). Washington D.C.: Inter-American Development Bank.

 [2] Irazábal, C. (2009) Revisiting Urban Planning in Latin America and the Caribbean: Global Report on Human Settlements 2009 for UN Habitat(Report prepared for UN-Habitat Global Report on Human Settlements) New York, NY: University of Columbia. Retrieved from https://unhabitat.org/wp-content/uploads/2010/07/GRHS2009RegionalLatinAmericaandtheCaribbean.pdf

[3] Hernández, F., Kellet, P., & Allen, L. K. (Eds.) (2010). Rethinking the Informal City: Critical Perspectives from Latin America. New York, NY: Berghahn Books.

[4] UN Data (2014). Proportion of urban population living in slums. Retrieved from http://data.un.org/Data.aspx?q=urban+slum&d=SDGs&f=series%3AEN_LND_SLUM

[5] UN-Habitat. (2016). Slum Almanac 2015/2016. Tracking Improvement in the Lives of Slum Dwellers. Nairobi, Kenya: UNON Publishing Services Section.

[6] Holloway, L., & Hubbard, P. (2001). People and place: The extraordinary geographies of everyday life. Harlow: Pearson Education. p.1-81.

Natalia Meléndez es graduada por la Universidad Pontificia de Comillas en el doble grado en Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación. Estuvo de prácticas en la Secretaría General de Estados Iberoamericanos (SEGIB), donde consolidó su interés práctico y teórico por América Latina y el Caribe. En la actualidad está trabajando para el FIDA en Roma, en la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra, para el que el FIDA actúa como Secretaría.

Image:Outdoor escalator [the climb is about 1,260 feet or 28 stories high] in Comuna 13 (Nororiental zone). The picture also shows the result of the project Medellín se pinta de vida (‘Medellín is painted with life’), which echoes social improvement.

Image reprinted from Lafarge Holcim Foundation website, by Lafarge Holcim, 2014 from https://www.lafargeholcim-foundation.org/media/news/projects/medellins-transformation-a-leading-example-at-world-urban-forum Copyright 2014 by Lafarge Holcim Foundation.

Los grandes avances tecnológicos experimentados en las últimas décadas han dado voz a diferentes comunidades marginadas. Gracias a la posibilidad de unirse a nivel internacional, estas comunidades han sobrepasado fronteras y se han convertido en un nuevo tipo de agente de estudio, movimientos sociales con vocación global. Este es el caso de los pueblos indígenas. La década de 1980 dio un marco internacional más favorable por la variedad de entidades comprometidas con cubrir las esferas sociales demandadas donde los Estados no llegaban.

En este contexto, durante el periodo de 2009 a 2015, coinciden en el poder de Nicaragua y El Salvador dos Gobiernos de izquierda con un pasado guerrillero muy similar, el FSLN y el FMLN respectivamente. La victoria democrática de estos Gobiernos a comienzos del siglo XXI se enmarca dentro del movimiento progresista latinoamericano conocido como “New Left”. Es por eso que en materia de inclusión de grupos marginados existió en ambos países cierto júbilo y buenas expectativas con la llegada de estos partidos tras décadas de Gobiernos liberales.

Sin embargo, son dos Estados que se ubican en diferentes puntos del largo camino de interacciones entre pueblos indígenas y Gobiernos que se tiene que dar para alcanzar una relación amistosa y de respeto mutuo. Por una parte, en la historia contemporánea de Nicaragua existe una mayor tradición en el reconocimiento de comunidades indígenas que se remonta al Estatuto de Autonomía de las regiones del Atlántico en 1987. Mientras que, en El Salvador, este reconocimiento ha venido de la mano del FMLN desde su elección democrática en 2009. Es por eso que las realidades de las dos regiones en materia de respeto a los derechos indígenas y en materia de demandas provenientes de estas comunidades se articulan de manera muy diferente.

Aun así, sin importar el nivel de avance en el que se encuentre cada país, en ambos casos se dan progresos formales por parte del Gobierno, ya sean declaraciones oficiales a favor del reconocimiento y respeto indígena, disculpas por su histórica marginación o normativa legal al respecto. Aunque esto no se traduce en mejoras reales pues los puntos clave y la materia de las demandas no son correctamente atendidos. En el caso de Nicaragua, en relación con el Derecho a la Tierra y Recursos Naturales se ha identificado el no cumplimiento de la fase de saneamiento y, con respecto al Derecho de Educación Indígena, la falta de autonomía en dichos sistemas educativos. Estos dos elementos no permiten avanzar y realmente alcanzar la mejora en el nivel de vida para estas comunidades en Nicaragua. Por otra parte, en El Salvador, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales evita que las “buenas palabras” del Gobierno se materialicen en acciones públicas a favor de estos pueblos. En este caso, no hay una necesidad de avanzar en materia legal al no existir una presión fuerte como pudiese ser la obligatoriedad de adaptar la normativa nacional a la del Convenio Internacional.

La falta de respuesta de los partidos a las demandas nativas y los recurrentes retos a los que se enfrentan las comunidades indígenas en sus esferas de actuación contribuyen a que se pueda afirmar la hipótesis de la investigación: “Los puentes encontrados, a nivel discursivo entre los Gobiernos del FSLN y el FMLN y los pueblos indígenas, no se traducen en acciones que realmente mejoren los derechos y las políticas públicas hacia los indígenas”.

La repercusión de este descubrimiento sobrepasa el mero porvenir de las comunidades indígenas de Nicaragua y El Salvador. Esta falta de una suficiente participación y consideración en la vida política de un grupo de la sociedad dificulta la interculturalidad y el conocimiento de este colectivo excluido, no sólo por el Gobierno sino también por el resto de la sociedad civil. Esto es de hecho, una de las causas tradicionales de la ausencia de respeto a las culturas indígenas, el desconocimiento y la falta de entendimiento de las dinámicas originarias para poder actuar e implementar acciones de mejora. Esta sensibilización por parte de toda la sociedad requiere tiempo en asimilarse. Aun así, la tendencia de apertura y visibilidad, que se está dando en el subcontinente gracias a Gobiernos más comprometidos y a la influencia internacional de actores no estatales, es motivo de celebración.

 

 

Carmen Martínez Rodríguez es recién graduada del doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales (E-6) en la Universidad Pontificia de Comillas. Este último año ha sido alumna colaboradora de la Cátedra de América Latina donde ha apoyado tanto en tareas de investigación como en los cursos de dicha Cátedra. Su futuro se encamina a ampliar sus conocimientos en el ámbito de la economía financiera.

 

Foto: elmundo.com.sv

Irene Claro analizó la situación de los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho internacional en el continente americano
El Seminario Permanente de Relaciones Internacionales, de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales, cerró su primer año con una ponencia de la profesora Irene Claro titulada “Las reclamaciones de los pueblos indígenas frente a los estados: ¿una pelea de David contra Goliat?”. Ante profesores e investigadores del Departamento de Relaciones Internacionales y de la Facultad de Derecho (ICADE), la ponente analizó la situación de los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho internacional, en el marco del continente americano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, encargada de velar por los derechos humanos en todo el continente, ha comenzado a reconocer derechos a algunos colectivos como los grupos tribales o los campesinos, un paso importante dado que hasta hace poco solo conocía derechos individuales. En los últimos años, varios pueblos indígenas de Paraguay, Surinam o Ecuador han podido reclamar su derecho a la tierra y a sus recursos, una reclamación que en ocasiones encierra una importante carga simbólica, más allá de la concepción occidental de la propiedad, explicó. Claro expuso uno de los casos más sonados, el enfrentamiento del pueblo indígena Kichwa de Sarayaku contra el Gobierno ecuatoriano, en el que la corte falló a favor del pueblo tras la ocupación de parte de su territorio por una compañía petrolera con el consentimiento del Gobierno. No obstante, tras el fallo de julio de 2012, los Sarayuku continúan con su lucha para que la sentencia se cumpla, como relató en persona Eriberto Gualinga, uno de los 1.200 miembros de este colectivo, en una visita a nuestra universidad del pasado mes octubre para presentar su documental Los descendientes del Jaguar.
Claro recordó que aunque estos derechos están recogidos en convenciones como el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la Organización Internacional del Trabajo, su aplicación sigue siendo voluntaria y problemática. Por ejemplo, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, aprobada en 2007, establece una serie de requisitos para reconocer estos principios, pero resulta difícil de poner en práctica: se requiere la participación, el consentimiento y la consulta al pueblo, pero surgen las dudas sobre a quién se consulta exactamente o cómo se consiente. También exige repartir los beneficios de la actividad económica, aunque no se específica con qué criterio, y llevar a cabo estudios previos de impacto social y medioambiental.
Además, como se discutió en el coloquio posterior, estos acuerdos tan solo se dirigen a los Estados, por lo que en ningún caso vinculan a las empresas multinacionales, que son, en muchos casos, las responsables del daño. Queda pendiente conseguir que las empresas se responsabilicen de las consecuencias de sus actuaciones y encontrar así un equilibrio entre los derechos de los pueblos a la tierra y los recursos y el progreso económico de las regiones.