Marta Molina y Pablo Ortega

Directores de la Rethinking Society Initiative – Comillas.

Hoy en día, es habitual escuchar que la democracia está en crisis. Una sensación de desencanto y apatía baña un sistema gracias al cual llevamos muchos años sin conflictos bélicos significativos y que ha conseguido asegurar la transición pacífica del poder como ningún otro hasta ahora. Sin embargo, observamos en todo el mundo el surgimiento de democracias iliberales, tribalismos y particularismos, que no solo amenazan la nación estructuralmente, sino al sistema de valores creado por la democracia liberal. Pero ¿existen valores asociados a la democracia? ¿Estaríamos dispuestos a luchar por conservarla?

La idea central de la democracia es que la soberanía nacional reside en el pueblo; se asienta y apela de esta manera a un principio básico y profundo, que es el de la igualdad. El hecho de que el voto de un aristócrata pasase a valer lo mismo que el de un campesino fue un cambio revolucionario; ahora todo el mundo debía ser representado. Sin embargo, la democracia representativa no satisface las necesidades de una parte de la población a la que le gustaría ser protagonista a la hora de participar en asuntos públicos. Para estos sectores, los partidos políticos serían el vehículo legitimador de un elitismo mal disimulado.

En pro de una mayor participación y legitimidad, algunos defienden un modelo democrático más directo como posible solución; cuerpos intermedios de intervención en política que faciliten la toma de decisiones conjuntas. Una expresión de la democracia directa serían los referéndums consultivos. Estos reducen cuestiones muy complejas a una disyuntiva aparentemente sencilla, y permiten al pueblo tomar decisiones de gran calado. Al mismo tiempo, exponen a la opinión pública a campañas agresivas en los medios de comunicación, diseñadas con el objetivo de manipular e influir la decisión en gran medida. Pero ¿no cuenta el pueblo con los mecanismos o recursos necesarios para evitar esta manipulación? ¿Está capacitado para decidir sobre cuestiones que afectan al conjunto de la nación?

En ocasiones se presenta al pueblo como lo único que permanece alejado de la corrupción política, la única representación fehaciente del espíritu de la nación. En otras, se le concibe como ignorante e inmaduro. La élite cumpliría por tanto una función necesaria; poner sus conocimientos al servicio del pueblo para mejorar sus condiciones de vida. Una élite política controlada mediante contrapesos parlamentarios, pero también, en nuestros tiempos, extraparlamentarios, como pueden ser los medios de comunicación o la influencia del poder económico. Pero ¿por qué no puede todo el mundo tener la formación necesaria para tomar decisiones que afecten al conjunto?

Si persistiéramos en la idea de que el pueblo debe ser ilustrado, deberíamos preguntarnos por qué hay grupos en la sociedad que tienen menor acceso al conocimiento que otros. Hoy en día, con las posibilidades que ofrece internet, se podría defender que la información está disponible para todo el mundo y que, si hay personas que saben más, o menos, es por una cuestión de interés más que de acceso. Sin embargo, para otros la cultura se hereda de los padres, los cuales, si tienen medios, enviarán a sus hijos a mejores universidades, tendrán mejores contactos y más tiempo para formarse; si bien la meritocracia recompensa el esfuerzo, la movilidad social real sería menor de lo que pensamos.

Una gran parte de la sociedad no se siente representada por la clase política; no conseguimos identificarnos con ellos, ni creernos que trabajen por el bienestar del conjunto y no por el propio. Los ciudadanos cuyo partido pierde las elecciones se sienten olvidados durante los cuatro años que este descansa en la oposición. Es necesario que existan espacios comunes y un mismo sentimiento de lealtad hacia la comunidad política que proporcione a la representación un objeto a significar, objeto que, si falla, deja huérfano un proyecto político con afán largoplacista. Los cuatro años de duración de cada mandato hacen que esto parezca complicado, aunque, por otro lado, un mandato más largo sería difícilmente asimilable por la opinión pública.

Este universalismo es difícil de alcanzar, ya que en la sociedad de hoy en día se defienden los intereses de grupos cada vez más pequeños. En el centro de esta división está una distinta consideración de qué es político, qué debe ser reformado, así como una notoria fragmentación y falta de comunicación entre grupos con intereses distintos. Hay quienes opinan que todo es susceptible de ser cambiado por medio de la política, y hay otros que piensan que determinados aspectos de la vida y de la sociedad no deberían ser modificados, como por ejemplo el papel de la religión en Estados Unidos o de la unidad nacional en España.

Para este último grupo, la política habría invadido prácticamente todo; desde la familia, hasta la identidad, el lenguaje, el género, las emociones, incluso la idea de verdad, todo es modificable atendiendo a la voluntad del individuo. La ductilidad de la realidad hace que mucha gente no encuentre tierra firme sobre la que sostenerse y necesite de unos valores y certezas que les permita afrontar la transición sin romper dramáticamente con lo que, hasta ahora, había construido su realidad.  Pero ¿cómo llegan estos temas a nuestra atención? ¿Realmente son importantes? La fabricación de un contexto social que favorezca la implementación de una medida es un proceso consciente. Cuando los temas candentes son tantos, es muy complejo alcanzar un consenso social. Deberíamos, por lo tanto, preguntarnos si realmente tenemos tantos conflictos como parece, y si nos afectan tanto como pensamos, o si, por el contrario, es una forma de polarizar la sociedad para la obtención de beneficio político.

No tenemos, por ahora, la respuesta a muchas de estas preguntas, pero esperamos que de este corto ensayo deriven muchas más. La base de la democracia es el cuestionamiento; hay que seguir planteando preguntas para, quizás, obtener respuestas diferentes. La gran virtud de nuestra democracia liberal es que puede cambiar, puede reformarse, y, sobre todo, resiste cuando se le plantean preguntas complejas, virtudes que no comparte con ningún otro sistema. Encarna, de esta manera, el principio básico de la racionalidad, el que hemos intentado ejercer durante esta sesión, que no sería otro que la puesta en cuestión como fundamento del progreso y de la comprensión de la realidad.

 

La situación que se está viviendo en España con la epidemia COVID-19 y la consiguiente crisis sanitaria está generando dudas acerca de si la declaración del Estado de alarma que se produjo el 14 de marzo y sus sucesivas prórrogas está poniendo en un auténtico brete a nuestro sistema constitucional, esto es, como recientemente el Profesor Manuel Aragón ha señalado “está siendo utilizado por el gobierno de manera exorbitante”.

En primer lugar, es preciso señalar que, con carácter general, los textos constitucionales incluyen disposiciones en las que se recogen los principios fundamentales de organización, principios, en los que se prevé el funcionamiento del Estado en momentos de normalidad, pues la norma no puede prever supuestos extraordinarios. Para asegurar la supremacía del texto constitucional se plasman en éste garantías que aseguren el funcionamiento de los poderes públicos y evidentemente del ejercicio de los derechos y libertades recogidos en los textos constitucionales. Garantías jurídicas, normativas y jurisdiccionales que aseguran la vida de la sociedad y que impiden la concentración despótica del poder para salvaguardar la libertad política. 

Cierto es que los textos constitucionales contienen previsiones para poder hacer frente a situaciones de anormalidad democrática, de tal manera que la Constitución regula una determinada concepción de la realidad social que se considera normal y cuando esta situación cambia la Constitución ha de ser capaz de responder para garantizar igualmente su eficacia.

Surge así el Derecho de excepción, con el que se pretende garantizar la supervivencia del Estado y de la Constitución, siendo así que es, en palabras de la profesora Ana Aba-Catoira “absolutamente necesaria la existencia de estas normas para evitar que el Estado democrático, intentando defenderse frente a amenazas o ataques que persiguen su desestabilización o fractura, se autodestruya haciendo tambalear los pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho, esto es, el imperio de la Ley, la separación de poderes y el reconocimiento y garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía”. 

La Constitución de 1978, en línea con los textos constitucionales de nuestro entorno, prevé en el art. 116 los supuestos de anormalidad constitucional, denominados alarma, excepción y sitio, desarrollados por la LO 4/1981, de 1 de junio (en adelante LOEAES). Cada uno de estos estados excepcionales supone una serie de peculiaridades, aunque el art. 1 LOEAES resume la característica general a todos ellos: “…cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades competentes”. Y parece que nos encontramos ahora ante esas excepcionales circunstancias.

El art. 116.2 CE señala: “El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración”. Según la LOEAES se pretende proteger a la sociedad frente a un conjunto de riesgos procedentes de hechos naturales o de paralización de los servicios públicos careciendo todos ellos de motivación política. Estamos hablando de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios o accidentes de gran magnitud; crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves; paralización de los servicios públicos esenciales para la comunidad; y desabastecimiento de los productos de primera necesidad.

Las medidas a adoptar en el estado de alarma no suponen una suspensión de derechos, aunque sí conllevan limitación al ejercicio de alguno de ellos. Resumimos las siguientes: limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes o imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones de locales de cualquier naturaleza con excepción de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de productos de primera necesidad; o impartir órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados.

El Tribunal Constitucional en la STC 83/2016, de 28 de abril (F. J. 8º), dictada en relación con el estado de alarma que se declaró en 2010, afirma que “la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental (art. 55.1 CE contrario sensu), aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio”. Con la declaración del estado de excepción sí se permite la suspensión de algunos derechos fundamentales y el supuesto factico por el que se podría declarar es según indica el art. 13 LOAES “cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto de orden público resulten gravemente alterados”. Los derechos que puedes ser suspendidos permitirían que la autoridad gubernativa prohibiera la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que se determine (suspensión de los derechos recogidos en el art. 19 CE). También podrá delimitar zonas de protección o seguridad y dictar las condiciones de permanencia en las mismas y prohibir en lugares determinados la presencia de personas que puedan dificultar la acción de la fuerza pública. Cuando ello resulte necesario, podrá exigir a personas determinadas que comuniquen, con una antelación de dos días, todo desplazamiento fuera de la localidad en que tengan su residencia habitual, disponer su desplazamiento fuera de dicha localidad cuando lo estime necesario o, en su caso, fijar transitoriamente la residencia de personas determinadas en localidad o territorio adecuado a sus condiciones personales. Tal como vemos se ha declarado el estado de alarma cuando de facto se está aplicando un estado de excepción, pero sin ser aprobado previamente por el Congreso de los Diputados. 

Constitución Española de 1978

En este último punto es donde se está centrando la polémica jurídica más relevante y en su caso la que puede tener las mayores consecuencias evidentemente políticas, pero también de alcance jurídico. Las medidas adoptadas por el RD 463/2020 de 14 de marzo, definidas en la Exposición de Motivos como las “imprescindibles para hacer frente a la situación”, son consideradas por el Gobierno como “proporcionadas a la extrema gravedad de la misma y no suponen la suspensión de ningún derecho fundamental, tal y como prevé el artículo 55 de la Constitución”. Sin embargo las medidas que se recogen en ese primer Decreto, que posteriormente se han ido prorrogando y matizando son: Limitación de la libertad de circulación de las personas (artículo 7); requisas temporales y prestaciones personales obligatorias (artículo 8); medidas que se complementan por otras dirigidas a sectores específicos de la actividad productiva (tales como el educativo, el sanitario, el energético, el de los transportes, o el de la cultura) que se explicitan en los artículos que van del 9 al 19; Se remata el decreto con una brevísima referencia al régimen sancionador aplicable, contenida en el artículo 20.

Cierto es que durante la vigencia del estado de alarma el Gobierno actúa en ejercicio de poderes excepcionales y “esta legalidad excepcional que contiene la declaración gubernamental desplaza durante el estado de alarma la legalidad ordinaria en vigor, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de determinadas normas, entre las que pueden resultar afectadas leyes, normas o disposiciones con rango de ley, cuya aplicación puede suspender o desplazar” (F. J. 10º STC 83/2016, de 28 de abril). Estamos ante la figura de los reglamentos de necesidad, que aparece inicialmente como una denominación puramente doctrinal, sin apoyo constitucional de ningún tipo. En términos teóricos el Reglamento de necesidad viola completamente el principio de jerarquía normativa, por lo que estarían viciados de invalidez. No obstante, el concepto de Reglamentos de necesidad ha estado normalmente ligado a cláusulas generales de apoderamiento para situación de emergencia o anormalidad, previstas en la Ley.

España no se constituye en un Estado de Derecho entendido de forma aislada, sino, antes bien, en un Estado social y democrático de Derecho. Consecuencia de ello es que la Constitución desea no sólo un Estado sometido al Derecho, sino que este Derecho incorpore un amplio régimen de derechos y libertades ciudadanas que constituyan una efectiva garantía de los individuos frente al ejercicio del poder: sólo así la inviolabilidad de la esfera individual se encuentra plenamente asegurada. El sometimiento del Estado al Derecho tiene verdadero significado para el ciudadano, en estos términos, y en el sometimiento de la Administración a la legalidad, especialmente indicado además en el art. 116.6 CE “La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes”.

El pasado dos de febrero la mañana de Madrid hervía en rumores por la declaración institucional que –de manera inesperada- se anunciaba por parte del Presidente del Gobierno. Sin embargo, hasta pocos minutos antes, nadie incluía en sus cálculos que pudiera tratarse de una comunicación relacionada con la Corona, y menos aún con la abdicación del propio Rey. La noticia cogía a todos los observadores totalmente desprevenidos, y alteraba los cálculos políticos de todos los grandes partidos.

Se anunciaba, en efecto, el fin de un reinado de 39 años que ha supuesto la etapa de mayor prosperidad y estabilidad de la historia contemporánea española. Un tiempo en el que los españoles hemos desterrado definitivamente nuestros fantasmas seculares. En efecto, en estos años España se ha convertido en una democracia avanzada y consolidada, y ha alcanzado unas cotas de prosperidad sin precedentes, aun contemplando las dificultades de la profunda crisis económica que atenaza al país. 
Juan Carlos I dista de haber sido un mero espectador de todo ello. Su labor fue fundamental para –en un proceso realmente ejemplar- transformar la dictadura del General Franco en una Monarquía Constitucional afianzada como Estado de Derecho y régimen avanzado de libertades. El papel fundamental del Rey para hacer fracasar el Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 es sólo un jalón más de muchas acciones fundamentales del Monarca en aquellos años, hasta nuestros días. Todas ellas son merecedoras de una enorme gratitud por parte de los españoles. Se trata sin duda de uno de los reinados más trascendentales y beneficiosos de toda la larga historia de España.
La abdicación de Juan Carlos I es, sin duda, un valioso gesto de patriotismo. La salud del Rey es delicada, y es imposible negar que la degradación de la opinión que los Españoles tienen de la clase política y de las instituciones ha alcanzado a la propia Corona. Ante ello el Rey ha decidido dar de nuevo un paso al frente y ceder el testigo al Príncipe de Asturias, futuro Felipe VI. Es evidente que el régimen constitucional de 1978 necesita un impulso renovado para afrontar desafíos de nuevo cuño, desde la amenaza separatista hasta los efectos de la crisis económica o el propio descrédito de los grandes partidos, y de las instituciones fundamentales del Estado.
El futuro Felipe VI es sin duda la persona adecuada para inspirar una nueva etapa en la vida política española. Dinámico, ponderado, y con una preparación excepcional, las primeras encuestas tras la abdicación indican ya un repunte del prestigio de la Corona y una notable confianza en el nuevo Rey. 
En 1975 con la proclamación de Juan Carlos I, España abría una auténtica nueva era en su historia. En 2014 las claves son la continuidad y la normalidad institucional, pero vuelve a ser necesario el liderazgo inspirador de la Corona para que España emerja de la compleja crisis que atraviesa, fortalecida, y capaz de afrontar de nuevo su futuro con renovada confianza. Nuestra firme percepción es que así será, y que una vez más la Corona será determinante para ello. ¡Adelante Don Felipe!