Quiero y no puedo: el reto de América Latina y la diversificación energética, por Mónica Vila

Con motivo de la celebración de la III Cumbre Empresarial de las Américas el 12 y 13 de abril, donde se trataron temas relacionados con la transparencia y el desarrollo sostenible, resulta oportuno recordar los retos que la conservación medioambiental y la sostenibilidad plantean en América Latina, con consecuencias tanto a nivel local como mundial.

El caso particular de América Latina está marcado por la presencia de factores como que un 23 % de la población todavía vive bajo el umbral de la pobreza, falta de infraestructuras, analfabetismo, Gobiernos heterogéneos, dependencia de economías más fuertes externas a la región, etc. En este sentido, de acuerdo con el último estudio del Real Instituto Elcano sobre energía en Latinoamérica, se incide en la existencia de diversos sistemas de gobernanza que afectan directamente sobre la gestión de los recursos y la ejecución de las políticas medioambientales. Las instituciones específicamente diseñadas para la implementación de estas políticas no han sabido imponerse dentro de la política nacional. Además, se han descubierto tramas de corrupción, ilegalidades y cadenas de impunidades, que no han hecho más que empeorar la situación. En la actualidad la ley es ambigua y hay poca voluntad política para ponerla en práctica con severidad y rectitud.

La región se encuentra muy fraccionada con una escasa integración energética y una elevada dependencia de proveedores y clientes de otras regiones. En consecuencia, por un lado, esta situación complica la formulación de estrategias de desarrollo sostenible o la inversión en energías renovables, que en el presente manifiestan un nivel muy bajo de participación en la generación eléctrica: los porcentajes de consumo de la eólica y la solar son del 3,6 % y del 0,4 % respectivamente. Por otro lado, significa que estos países optarán por continuar con prácticas económicas tradicionales que fomentan la contaminación y degradación del medioambiente: extracción y explotación de materias primas y recursos naturales, y prácticas ilícitas como la deforestación, la minería ilegal y el tráfico de animales exóticos.

La transformación de los Gobiernos progresistas como los de Evo Morales, Rafael Correa u Ollanta Humala, quienes al inicio articularon discursos antiimperialistas, populistas y nacionalistas enfocados hacia el consumo interno, ha sido clave para esta zona geográfica. En un principio rechazaron el mercado mundial y la exportación a países desarrollados y economías más fuertes. Sin embargo, a posterioriel continente ha sido un territorio estratégico para la economía global al incrementarse su potencial como proveedor de recursos a través del extractivismo en numerosas vertientes: minería, petróleo, productos para la industria agropecuaria, etc.

En este sentido, resulta fundamental analizar los efectos de la inversión extranjera directa (IED) en relación con el impacto ambiental. En 2010, los países latinoamericanos recibieron 85 000 millones de dólares en concepto de IED, siendo el principal destino de esta cifra los negocios vinculados a los recursos naturales: un 43 % del total. Afortunadamente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a partir de 2010 la participación de la IED en este sector disminuyó, cayendo al 13 % del total en 2016. Entonces, el peso de las manufacturas y los servicios aumentó y alcanzó el 40 % y 47 % respectivamente. Sin embargo, no se puede ignorar la continuación y firma de nuevos proyectos. Por ejemplo, en Perú, las grandes corporaciones mineras chinas planean invertir alrededor de 7500 millones dólares estadounidenses durante los próximos cinco años para desarrollar distintos proyectos mineros. En Bolivia, China firmó a principios de 2016 un crédito de 10 000 millones de dólares para financiar proyectos de distinta índole. Además, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas boliviano, del total exportado a China en 2015 (466 millones de dólares) 312 millones eran por minerales (67 %).

Para solucionar esta coyuntura se deberían modificar ciertos aspectos: invertir en nuevas tecnologías, especialmente en las renovables; reducir la dependencia respecto de las distintas industrias tradicionales e impulsar nuevas estrategias centradas en mercados más próximos, y diseñar políticas a largo plazo, de forma más específica e implementándolas de manera determinante. En este sentido, resulta crítico fortalecer las instituciones y burocracias encargadas de la protección del medio ambiente, incidiendo especialmente en mejorar la transparencia y la responsabilidad, y en aumentar la participación de la población, así como su educación y concienciación social. Latinoamérica tiene ahora la posibilidad de centrarse en el sector servicios y manufacturas, y de transformar sus hábitos extractivos y de explotación tradicionales. En esta nueva etapa, la potenciación de las cadenas de valor y la colaboración público-privada deben coordinarse con el objetivo de promover las inversiones, facilitar el comercio e impulsar el desarrollo sostenible en la región.

 

Monica Vila estudió Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación en la Universidad Pontificia Comillas. Se graduó en 2017 y ha estado realizando prácticas en la Embajada de España en Washington D.C. en el Departamento Político. Su área de especialidad es América Latina y, en particular, el medio ambiente y cambio climático, las energías renovables, los derechos humanos y los derechos de las comunidades indígenas.

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