La Agenda 2030: una oportunidad para poner al desarrollo sostenible en el centro de la política y la acción colectiva, por Natalia Millán

En septiembre de 2015, en Nueva York, la comunidad internacional se comprometió con la consecución de la Agenda 2030 que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 162 metas específicas que entraron en vigor en enero de 2016 y deberán ser alcanzados en 2030. Se trata de un compromiso político internacional sin precedentes porque, en teoría, los países se comprometen a reformular y reestructurar todos los ámbitos de su actuación para poner en el centro los derechos humanos y la sostenibilidad de la vida.

Así, la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible se configura como un ambicioso programa político que señala la necesidad de transformar el sistema productivo y económico en el que vivimos. En este sentido, la Agenda propone un amplio abanico de objetivos y políticas que van mucho más allá de la lucha contra la pobreza y la vulnerabilidad: la creación de ciudades y ecosistemas sostenibles, la apuesta por energías limpias, la inclusión y la protección social para todas las personas del planeta, la creación de trabajo decente o el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres (incluida la discriminación salarial, los matrimonios infantiles o la ablación) son algunos ejemplo de la transversalidad que se propone a través de estos 17 objetivos. De este modo, la novedad principal de la Agenda 2030 es que desde instancias internacionales se ha sumido que los grandes problemas de nuestro tiempo, como la pobreza, las desigualdades o la insostenibilidad de la vida y el planeta, exige un enfoque que vaya mucho más allá de la cooperación al desarrollo.

En este sentido, la Agenda 2030 pone en el centro del análisis el concepto de Coherencia de Políticas para el Desarrollo, surgido en la década de los noventa, que plantea que es necesario superar la focalización en las políticas de cooperación para asumir un compromiso integral y transversal con el desarrollo que cambie y modifique todas las políticas públicas, como el comercio, la defensa, las migraciones o la energía por sólo mencionar algunas.

Además, en el diseño de esta Agenda se ha incorporado la creación de una Alianza Global para el Desarrollo, lo que supone que todos los actores que pueden contribuir a la construcción de mundo más sostenible están llamados a participar de esta agenda: estados, Gobiernos descentralizados, las ONG, academia, empresas, fundaciones, movimientos sociales, etc.

De esta forma, por primera vez existe un compromiso internacional y transversal[1] con el desarrollo sostenible que 193 países y un gran número de actores no gubernamentales han asumido. Esto supone una verdadera oportunidad para que todos los Gobiernos (tanto nacionales como locales) promuevan políticas orientadas a la construcción de un sistema más justo, sostenible y equitativo, que ponga en el centro de su acción el cuidado y la protección de la vida y la naturaleza.

El importante desafío para los países es que al ser una agenda tan compleja que aborda todos los ámbitos del desarrollo, los países tienen que desarrollar sus propias y únicas estrategias nacionales para alcanzar los ODS. España se encuentra ahora mismo en este proceso.

Por último, cabe destacar que son todos los países los que tienen un compromiso global con la promoción del desarrollo, aunque bajo el lema de “responsabilidades compartidas pero diferenciadas”. Esto significa que, en la promoción del desarrollo global, sostenible y equitativo, los países más ricos y poderosos tienen que asumir una mayor tarea que los países más vulnerables. En consecuencia, la Agenda 2030 interpela a los países y actores a desarrollar respuestas multinivel para afrontar los desafíos de desarrollo, donde tanto el ámbito local como el trasnacional deben ser abordados de manera amplia y cooperativa asumiendo una perspectiva cosmopolita.

En suma, frente a un sistema que se encuentra en un momento de importantes crisis —relacionadas con la insostenibilidad ambiental, la violencia internacional, la creciente desigualdad o las presiones migratorias por sólo mencionar algunas—, por primera vez surge una propuesta internacional que pretende, al menos teóricamente, un cambio radical de paradigma para poner en el centro de la acción política el desarrollo sostenible. Y es, por tanto, una oportunidad inigualable para que todos los Gobiernos comprendan que es necesario redirigir la acción política para promover un sistema más sostenible que se oriente a la protección y el cuidado de todas las vidas.

[1] Cabe destacar que si bien los Objetivos de Desarrollo del Milenio fueron también un compromiso internacional con la lucha contra la pobreza, pero no supusieron cambios integrales en todas las política públicas como si plantea la Agenda 2030l.

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