En la situación extrema de pobreza y de absoluta exclusión del mercado de la vivienda se halla un pequeño contingente de personas englobadas a efectos censales bajo el epígrafe aséptico de “transeúntes”, o el más internacionalmente utilizado y elocuente de “sin techo”, si bien en este último término no quedan bien englobadas todas las carencias que padecen, por lo que sería más preciso el de personas “sin hogar”. No es intención de este texto tratar todas las implicaciones que confluyen en este colectivo de tan difícil caracterización sino observar si en la carencia de un alojamiento estable asimilable a la vivienda puede haber influido la actual crisis económica con su efecto sobre el empleo, sin olvidar que en esta situación confluyen muchas implicaciones más allá de los problemas económicos.
Quizá por ello resulta sorprendente que entre 2005 y 2012 –según las Encuesta sobre las Personas Sin Hogar que realiza el INE–, el incremento de este colectivo haya aumentado tan sólo un 4,7%, de los 21.900 registrados en 2005 a los 22.938 de 2012. Es obvio que el recuento habría dado cifras mucho más amplias si se hubieran tenido en cuenta todas las situaciones de alojamiento inadecuado, que en mayor o menor medida comparten la condición de exclusión residencial.
El problema de las personas sin techo es –según señala FEANTSA (Federación Europea de Asociaciones Nacionales que trabajan con personas sin hogar)– un fenómeno complejo y cambiante. Sus causas son múltiples y hunden sus raíces en situaciones bien diversas, como el desahucio, el realojo, el abandono de los centros de acogida o del hogar familiar sin los recursos adecuados. En otras ocasiones, se trata de personas que salen de prisión o que pierden el contacto con la asistencia social específica (hospitales psiquiátricos, por ejemplo). Además, hay circunstancias derivadas de rupturas de proyectos familiares o de abandonos del empleo que pueden también llevar al sinhogarismo.
Volviendo sobre el caso español, reflejado en la encuesta citada de 2012 y desglosado por comunidades autónomas en la tabla 20, algunos rasgos de la población sin hogar apuntan hacia su carácter básicamente urbano. No en vano entre Madrid (15,4%) y Cataluña (21,3%) totalizan un tercio del conjunto, lo que también podría estar en la base de su prolongada carencia de vivienda: 44,5% más de tres años sin alojamiento propio. Mayor significación tiene, si cabe, la causa que determinó la situación de sin techo; es mayoritaria la pérdida de empleo (45%), causa que ha aumentado 14,5 puntos porcentuales desde antes del inicio de la crisis. De hecho, en 2005 sólo representaba el 30,5%. Junto a esta causa estructural también se enuncian en la encuesta otras muy directamente ligadas a la vivienda y que la “burbuja inmobiliaria” habría contribuido a agravar: no haber podido pagar el alojamiento (26%); la separación de la pareja (20,9%); el desahucio (12,1); la finalización del contrato de arrendamiento (5,8%) o haber demolido o ardido el edificio en el que se ubicaba la vivienda (3,7%). La conclusión es obvia: los problemas directa o indirectamente vinculados a la vivienda están en la base de la situación de los sin techo (tabla 21).
Así pues, los problemas de las personas sin hogar podrían empezar a resolverse en origen: evitando las causas que han desencadenado la pérdida, por un motivo u otro, de su vivienda o la caída hacia situaciones de inadecuación residencial, a la que se ven abocados en el período previo a convertirse en “sin techo” (habitaciones subarrendadas, piso compartido en situación de extremo hacinamiento en “pisos patera” o en régimen de “cama caliente”). En esta labor preventiva habría que concentrar una parte de los esfuerzos en el marco de una política de vivienda social nueva ante el evidente fracaso de la utilizada hasta ahora.
La primera responsabilidad de los entes públicos es mejorar las condiciones de alojamiento de este grupo de profundos excluidos, cuestión ardua si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los resultados de la citada encuesta de 2012, el 43,9% dormía en alojamientos colectivos (desde un albergue o residencia a centros de ayuda al refugiado) y tan sólo un 20,8% lo hacía en pisos o pensiones facilitados por una ONG u otro organismo; el 35,3% restante lo hacía al margen de la red asistencial existente, bien en espacios públicos (14,9%), alojamientos de fortuna (12,8%) o en pisos ocupados (7,6%).
No muy distinta ha sido la información sobre las modalidades de alojamiento utilizado por los “sin techo” aportada por el recuento realizado en Madrid el 13 de diciembre de 2012 por iniciativa del ayuntamiento, que ha arrojado la cifra de 2.041 personas “sin hogar”; un 66% se encontraba alojado en las instalaciones sociales de la red pública y privada, mientras que el 34% restante dormía a la intemperie o en cajeros o pasadizos comerciales. Entre las causas de su situación, la mayoría destacaba la falta de trabajo (41,2%), un valor muy próximo a la Encuesta a las Personas Sin Hogar; muy por debajo quedaban los procesos de separación (7,9%). Digno de resaltar era la proporción de extranjeros (52%, similar a la de la encuesta del INE), procedentes en más de un 50% de los países de origen de la última oleada migratoria a Madrid: Rumanía (38,3%), Bulgaria (11,3%) y Ecuador (6,1%). No es atrevido adivinar problemas con la continuidad en la vivienda.
Descendiendo al ámbito de las soluciones, no es mucho lo que se ha avanzado para resolver el problema de los sin techo, más allá de los alojamientos de acogida donde atender sus necesidades básicas. Es encomiable la labor que en este ámbito están realizando desde hace años organizaciones sin ánimo de lucro a la búsqueda de fórmulas más avanzadas para resolver el problema de este colectivo, articuladas en la Campaña Europea para la Erradicación del Sinhogarismo de 2010, organizada por FEANTSA con la colaboración de un numeroso grupo de organizaciones. Esta campaña implica un cambio de enfoque para acabar con el fenómeno y no sólo “gestionarlo”, con un claro objetivo a escala europea: erradicar el sinhogarismo en 2015. El modo de conseguirlo quedó plasmado en un decálogo de propuestas, que marca un quiebro total en la fórmula hasta ahora utilizada (albergue o similar) de transición hacia el concepto de vivienda sintetizado en: “Promoción de un modelo que apueste por pisos individuales o familiares y minirresidencias con criterios de distribución territorial en vez de macroalbergues y centros de emergencia aislados”. Se trata básicamente de una apuesta por integrar dentro de la política de vivienda todas las situaciones carenciales por agudas que éstas sean.
Por el momento, las iniciativas para absorber este segmento de exclusión residencial están ausentes de las políticas de vivienda de forma clara. Sin embargo, en los programas públicos de vivienda se prevé una ponderación especial en los baremos para el acceso a la vivienda pública en alquiler social a las personas en riesgo de exclusión. Pasos más decididos en ese camino están dando algunas ONG (el ejemplo es Cataluña) e incluso algunas entidades bancarias (La Caixa) mediante fórmulas que se detallarán a continuación.