La posición de los extranjeros ante la vivienda en España no ha sido uniforme, sino que es obligado deslindar al menos dos situaciones completamente diferenciadas: la de los no residentes y la de aquellos que tienen fijada su residencia habitual en nuestro país. Dentro de estos últimos, las diferencias son abismales entre los originarios de países ricos de Europa y América, que ocupan profesiones cualificadas en multinacionales u organismos internacionales, y los procedentes de Latinoamérica, de los países del Magreb, los subsaharianos o del Este de Europa. Los contrastes, tanto en la calidad de la vivienda como en su ubicación urbana entre ambas procedencias ya se detectaba en el Madrid anterior a la gran inmigración de trabajadores atraídos por las actividades ligadas a la construcción a partir de la segunda mitad de los años noventa.
Estos contrastes se reflejan claramente en las respectivas respuestas a la “burbuja”. En 2012, ya fueron 38.312 los extranjeros no residentes que compraron casa en España –según datos del Consejo General del Notariado– aprovechando la bajada de los precios y la mejora de la imagen de España en el exterior, lo que representó un incremento del 28,4% respecto a 2011 y certifica el regreso a valores próximos a los años anteriores al estallido de la “burbuja”. Por áreas geográficas, la mayoría de estas compras de vivienda se han realizado en las regiones litorales mediterráneas (Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana) para destinarlas a segunda vivienda. Obviamente, la citada tendencia supondrá un alivio para el importante stock existente de vivienda no vendida.
Bien distinta es la situación de los residentes extranjeros de baja cualificación y renta, que también se vieron desbordados por el incremento de los precios y de los alquileres durante el “boom”. Por este motivo se vieron abocados a condiciones de vivienda a veces inhumanas, con índices de hacinamiento insoportables, que llegaban a extremos intolerables en la modalidad de subarriendo denominada como “cama caliente” en “pisos-patera”, con alquileres abusivos por turnos establecidos en función de los horarios laborales. La crisis económica simultánea al fin de la “burbuja” agravó estas situaciones porque, al quedar en paro, los inmigrantes, al igual que muchos españoles, no han podido afrontar el pago de las hipotecas o los alquileres, lo que ha repercutido aún más en su precariedad residencial y en unas condiciones de vida de pura supervivencia, a merced a menudo de ONG e instituciones de caridad. En la presentación de la investigación Las Condiciones de Vida de la Población Inmigrante en España del IE Business School quedó de manifiesto que el 47,1% de los inmigrantes extraeuropeos que residen en España se encuentran en riesgo de exclusión o pobreza y que el 82% de las familias de este origen tiene dificultades para llegar a fin de mes.
El panorama habitacional de los inmigrantes justo al final de la “burbuja” lo proporcionó la Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 realizada por el INE. Uno de sus resultados es que los inmigrantes residían mayoritariamente en edificios compuestos por varias viviendas ocupadas en régimen de alquiler, aunque cabe destacar el notable número de propietarios. En concreto, el 47,5% de los inmigrantes vivían en régimen de alquiler, el 32,7% lo hacían en una vivienda de su propiedad y un 14% en viviendas cedidas. Las viviendas de inmigrantes disponen en su mayoría de todo tipo de instalaciones (agua corriente, agua caliente, electricidad, baño…), aunque un 45,9% carece de calefacción.
Es de recalcar el alto porcentaje de viviendas en propiedad, lo que demuestra que los inmigrantes participaron plenamente de la euforia colectiva de la “burbuja” y se embarcaron en la compra de viviendas, por lo que actualmente comparten con la población autóctona la zozobra de verse afectados por el riesgo del desahucio. De entre los propietarios, el 68% de las viviendas se compró después de 2002 (en pleno “boom” de nuestra economía) y la vida media de los préstamos superaba los veinte años. Sin duda, esto implicaba un proyecto migratorio definitivo, que posteriormente se ha puesto en entredicho al no poder muchos inmigrantes mantener la capacidad financiera necesaria para afrontar su deuda. Por antigüedad migratoria, entre los más asentados en España, un 50% se declaraba propietario, frente al 30% de los que llegaron antes de 2002, el 11% de los que lo hicieron antes de 2005 o el 3% de los que vinieron después. Por el contrario, otros regímenes de tenencia más precarios se dan en los más recientes: un 55% de los llegados después de 2002 vive de alquiler, un 10% en cesión y un 7% en el domicilio del empleador. A esta realidad dibujada por la encuesta se habría llegado a pesar de las dificultades que los inmigrantes habrían encontrado en su acceso a la vivienda, recogida en la investigación sobre inmigración y vivienda de la Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS).
De los inmigrantes, como de otros grupos más vulnerables (mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidades, gitanos y sin techo) se han desatendido los poderes públicos, salvo excepciones, según se desprende del informe sobre la situación de la vivienda en España que Miloon Kothari, relator especial para una vivienda adecuada de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), presentó ante la Asamblea de este organismo en Ginebra, basado en su visita a España a finales del 2006.