La financiación de cualquier organización es complicada, pero en el caso de las entidades no lucrativas, además, es una cuestión compleja. Por lo general, la actividad no lucrativa requiere fuentes muy diversas de financiación, a diferencia de lo que ocurre con la actividad diaria de una empresa. La empresa obtiene principalmente su financiación a través de la venta de sus productos, mientras que en el caso de las entidades no lucrativas los servicios y actividades ofertados en la mayoría de los casos se prestan de forma gratuita o con precios ajustados a la capacidad adquisitiva de los usuarios.
Así, la complejidad de este tema en estas entidades radica en la necesidad de disponer de fuentes de financiación muy diversas y heterogéneas: cuotas de asociados, donaciones de particulares y otras instituciones privadas, subvenciones públicas, ingresos por la venta de servicios propios relacionados con los fines de la organización y actividades comerciales que no están relacionadas con los fines de la organización pero que tienen como objetivo financiar las actividades no lucrativas. Evidentemente, esta complejidad dependerá del tamaño y de los tipos de servicios que realice.
Hay que recordar que los fines de las asociaciones y fundaciones como entidades no lucrativas son la provisión de servicios de interés general y en muchos casos servicios públicos. Como indica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, cuando califica a las entidades como no lucrativas, sus los fines son “de interés general, como pueden ser, entre otros, los de defensa de los derechos, humanos, de las víctimas del terrorismo y actos violentos, los de asistencia social e inclusión social, cívicos, educativos, culturales, científicos, deportivos, sanitarios, laborales, de fortalecimiento institucional, de cooperación para el desarrollo, de promoción del voluntariado, de promoción de la acción social, defensa del medio ambiente, de promoción y atención a las personas en riesgo de exclusión por razones físicas, económicas o culturales, de promoción de los valores constitucionales y defensa de los principios democráticos, de fomento de la tolerancia, de fomento de la economía social, de desarrollo de la sociedad de la información, de investigación científica, desarrollo o innovación tecnológica y de transferencia de la misma hacia el tejido productivo como elemento impulsor de la productividad y competitividad empresarial”.
En la misma ley se regulan los incentivos fiscales para aquellas organizaciones que contribuyen al interés común y también se incluyen incentivos para las actividades de interés general que realicen las empresas y el mecenazgo de empresas y particulares. Es decir, hay un consenso en cuanto a que es necesario promover las actividades de interés general mediante incentivos fiscales. Por eso, se puede afirmar que los poderes públicos tienen la obligación de apoyar mediante diferentes mecanismos, como pueden ser las subvenciones públicas o los convenios en la prestación de servicios, las actuaciones de las asociaciones y fundaciones como reconocimiento de su contribución al bienestar común.
En España se ha extendido la imagen de que las entidades sobreviven gracias a las subvenciones y que en algunos casos se “vive de la subvención”. Esto en algunas ocasiones puede ser cierto, pero que una organización reciba subvenciones no es en sí mismo negativo, ya que esto debería depender del valor social de la tarea que está realizando y, por tanto, del reconocimiento que se realiza por parte de la sociedad, a través de las subvenciones, los convenios o los incentivos fiscales.
Por otro lado, la autonomía del sector se relaciona en muchas ocasiones con la autonomía en la financiación. Esta autonomía no sólo se plantea respecto a la Administración Pública, sino también de aquellos “financiadores” que puedan ser mayoritarios, privados o públicos, y que, en consecuencia, puedan tener una clara influencia sobre las decisiones de la organización. En este sentido, es necesario distinguir aquellas organizaciones que con las actividades que están realizando garantizan servicios a colectivos de población que no los pueden obtener de otra forma, como por ejemplo los servicios sociales en España. Por tanto, la existencia de estos servicios está condicionada a esta financiación. El Estado ha delegado la provisión de servicios públicos básicos o servicios de alto valor social en estas organizaciones y por eso mismo es razonable y exigible que contribuya a la financiación de las entidades y sus actividades.
En este período de crisis, la financiación de multitud de asuntos procedente de las Administraciones Públicas ha disminuido drásticamente en España y, como es obvio, afecta a la vida de las entidades no lucrativas. No es posible cuantificar con datos oficiales esta reducción, pero a simple vista ha afectado a todos los ámbitos de actividad, especialmente, durante el año 2012.
Para realizar una aproximación a esta disminución –o recortes, como de hecho han sido–, en los gráficos 7 y 8 se presenta una relación de entidades de las que se ha podido obtener información recurriendo a sus memorias anuales para el período 2009-2011. Aunque los recortes más fuertes se han producido en 2012, no es posible en el momento de realizar este capítulo disponer de las memorias de este año. Evidentemente, los datos no representan a todo el sector, pero permiten analizar dos cuestiones: el origen público o privado de los fondos y la evolución de los mismos en el período de crisis 2009-2011.
En el gráfico 7 se puede ver la evolución de los ingresos. Éstos se han reducido en cuatro organizaciones: Fundación Esplai, Ayuda en Acción, Manos Unidas y la Asociación Española Contra el Cáncer. El resto ha incrementado los ingresos totales, llegando en Cáritas a los 20,7 millones o a los 11,6 millones en UNICEF.
Gráfico 7 – Porcentaje de variación de los ingresos totales de varias entidades. 2009-2011
Fuente: Elaboración de Fundación Encuentro a partir de las memorias anuales de las organizaciones.
Como se puede observar en el gráfico 8, en este período, la aportación de fondos públicos se ha reducido en ocho entidades: AECC, Manos Unidas, Fundación Esplai, UNICEF, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cáritas e Intermón. Solamente cuatro organizaciones han incrementado sus ingresos procedentes de fondos públicos. Las entidades más afectadas son la AECC (–28,2%), seguida de Manos Unidas (–23,9%) y la Fundación Esplai (–14,3%). UNICEF, Cruz Roja, Médicos del Mundo, Cáritas e Intermón se han visto afectados entre un –6,6% y un –2,5%
Gráfico 8 – Porcentaje de variación de los fondos públicos recibidos por varias entidades. 2009-2011
Fuente: Elaboración de la Fundación Encuentro a partir de las memorias anuales de las organizaciones.
Con respecto a la evolución de los fondos privados entre 2009 y 2011 (gráfico 9), la organización en la que más han crecido los fondos privados en porcentaje respecto a los ingresos totales es Intermón, seguida de UNICEF, Médicos del Mundo, Cáritas y Greenpeace.
Gráfico 9 – Porcentaje de variación de los fondos privados recibidos por varias entidades. 2009-2011
Fuente: Elaboración de Fundación Encuentro a partir de las memorias anuales de las organizaciones.
Sin embargo, si se analiza el porcentaje que representan los fondos públicos y los fondos privados (tabla 13), los fondos públicos han reducido su importancia relativa en todas las organizaciones, debido a un claro incremento de los fondos privados recibidos.
Para poder realizar un análisis más ajustado de la realidad sería necesario disponer de información general de la evolución de las subvenciones públicas. A partir de los datos de las entidades anteriores se puede prever que ha habido una disminución generalizada de estas subvenciones, mientras que –como informa Cáritas en sus memorias– el número de usuarios se ha duplicado, pasando de 993.839 en 2007 a 1.804.126 en 2011.