El desarrollo de las entidades del Tercer Sector, especialmente de las dedicadas a la acción social, se ha visto incentivado por los diferentes gobiernos democráticos a través de las subvenciones públicas. Una explicación plausible de este desarrollo es que en España había una insuficiente y casi inexistente provisión de servicios sociales o de bienestar, entendidos en un sentido extenso, ofrecidos por las Administraciones Públicas. Así, los diferentes gobiernos centrales, autonómicos y locales vieron en las asociaciones y fundaciones una forma de proveer estos servicios. Esta opción, que ya se destacaba en los estudios de Ruiz de Olabuénaga, se justifica porque los costes de la provisión de servicios sociales a través de las entidades sociales son menores. Éstas pueden optar a diferentes fuentes de financiación (cuotas de socios, cobro por servicios, etc.) y, además, pueden incorporar personal voluntario. En conjunto, esto significa que se abaratan los costes y, junto a ello, presentan una gestión mucho más flexible que la creación de estructuras estables e institucionalizadas dentro de la Administración Pública.
En cierto sentido se puede afirmar que en España se optó por desarrollar los pilares fundamentales del Estado de bienestar a través de organizaciones sociales, de entidades no lucrativas y de ONG. Sin embargo, se realizó entendiéndolas como subcontratas, y no como aliadas en el desarrollo de este sector. El resultado es la configuración de un sector de organizaciones variopintas: algunas ya nacían instrumentalizadas y al servicio de las Administraciones Públicas; otras eran nueva creación; y otras, con una larga trayectoria, mantuvieron o trataron de mantener una cierta independencia respecto a la Administración.
Esta relación de dependencia financiera respecto de las Administraciones Públicas ha ido acompañada de un frágil tejido asociativo, en el que el número de entidades ha aumentado, pero no el de las personas que se implican en ellas. Incluso cuando la legislación ha potenciado los espacios para la participación de la ciudadanía a través de las entidades sociales de cada ámbito se ha producido una ausencia de motivación ciudadana para implicarse en esos procesos participativos. Por ejemplo, en el sector educativo, las asociaciones de padres y madres de alumnos parecen sostenerse en el tiempo, con escasa implicación más allá del pago de las cuotas y con una mínima participación en los procesos de elección de representantes en los consejos escolares.
En la vida de la ciudadanía española, la participación en las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas, teniendo en cuenta los datos disponibles, es un asunto muy poco relevante. Casi tanto poco como la política y la religión. Esto muestra una desafección que va más allá de la familia y las amistades, que está ligada a esa distancia y desresponsabilización por los asuntos comunes.
Las diferentes políticas públicas, con líneas de subvención primadas por los políticos de las distintas administraciones, han ido por delante de la creación de un buen número de entidades. Esto ha producido unos flujos de aparición de organizaciones marcados por la definición de las políticas desde las administraciones y sus gobiernos, no tanto por las iniciativas ciudadanas que desde su propia imaginación y acción colectiva exploran, definen y crean nuevos espacios.
La crisis actual ha impulsado un proceso de reestructuración, iniciado con anterioridad, y que en 2012 ha supuso la creación de la Plataforma del Tercer Sector formada por: la Plataforma de ONG de Acción Social (POAS), la Plataforma del Voluntariado de España (PVE), la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Cruz Roja Española, Cáritas Española y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Además, otras organizaciones se encuentran en un punto de inflexión.