La aprobación en el 2006 de la ley de la Dependencia supuso un hito para un amplio colectivo de población apenas amparado hasta entonces por unos servicios sociales escasamente financiados y diseminados entre diferentes administraciones o por entidades del tercer sector. El amplio consenso político que consiguió la ley no evitó que su desarrollo a lo largo de los siguientes años, la irrupción de la crisis del 2008 y el debate político alentado por administraciones de diverso signo acabasen configurando un modelo que ya en su primera gran evaluación, realizada por el mismo Gobierno de Rodríguez Zapatero que la había tramitado y enviado a aprobación, apuntaba “desequilibrios” y “disfuncionalidades”.
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[fa type=»file-text»] Fuente: El Mundo