Uno de los principales interrogantes que han planteado los informes de la Fundación Encuentro a lo largo de su historia era la dificultad de definir y, por tanto, cuantificar el fenómeno de la exclusión social. Más allá de la pobreza monetaria, siempre han existido grandes dificultades para aprehender un concepto tan complejo y multidimensional. La realidad actual, que se ha ido reflejando tanto en los datos estadísticos de la Encuesta de Condiciones de Vida, de la Encuesta de Presupuestos Familiares o de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, como en los avances de Eurostat en la medición de la exclusión, han ido mostrando, sin ningún tipo de dudas, el incremento de la pobreza monetaria y el empeoramiento de diversos indicadores relacionados con la privación material y con el riesgo de exclusión. Son esfuerzos de medición que nos van acercando a la comprensión del fenómeno.
Actualmente la realidad de la desigualdad y la pobreza monetaria ha sido aceptada por gran parte de los actores políticos y se ha incorporado en sus discursos, a pesar de los análisis, interesados o alejados de la realidad, que argumentan la debilidad de los datos o su exageración. Pareciera que estamos en un momento donde se da una ventana de oportunidad para retomar el ámbito de la protección social.
Sin duda alguna, llevar a cabo medidas de carácter paliativo, dirigidas a los más de cinco millones de personas en situación de exclusión severa, es algo urgente y prioritario. La intensidad y acumulación de problemas en ese sector social lo hacen ineludible. Los esfuerzos realizados hasta ahora no han sido suficientes para contener el empeoramiento progresivo de los más afectados por la crisis. Tanto desde el punto de vista del tiempo como de la acumulación.
Vivimos en una sociedad donde los ciudadanos han visto y vivido las consecuencias de la crisis, bien porque les ha afectado directamente, bien porque les ha generado una mayor precariedad en su cotidianidad; o, en el mejor de los casos, no habiendo estado afectado, se es conocedor de personas o situaciones que la han sufrido. En este contexto, parece posible plantear el objetivo básico de establecer unos “mínimos vitales” irrenunciables, que tienen que ser garantizados por el Estado a toda la población, y que no se pueden limitar a la supervivencia física, sino que han de incluir elementos de integración social y cultural.