Ya es antigua la preocupación de los sociólogos y de las Administraciones Públicas por encontrar un camino en el que hacer confluir el acceso a la vivienda de los jóvenes con el proceso de emancipación del hogar familiar, en tanto que medio ineludible para completarla, así como la forma de eliminar las barreras que se interponen para alcanzar dicho objetivo. Dado que este Informe incluye un trabajo específico sobre los jóvenes, en el que se trata en profundidad la ardua cuestión de la emancipación juvenil, sólo abordaremos la vivienda de los jóvenes en el más amplio contexto de los grupos con dificultades específicas para el acceso a la vivienda y las modalidades que, en principio, podrían ser las más idóneas para ellos.
A la vivienda del sector joven de la sociedad se le ha ido prestando una atención diferenciada a partir del momento en que la separación del hogar paterno ha ido adoptando nuevas pautas distintas al patrón tradicional del matrimonio. Por su condición de demanda específica, dada la mayor movilidad y peculiar inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo, el tema ha sido objeto de numerosos informes de instituciones y organizaciones con distintos enfoques y motivaciones. A partir de esta documentación, salta a la vista un primer posible impacto de la “burbuja” y de las dificultades consiguientes para los jóvenes en su acceso al trabajo y a la vivienda: el retraso de la edad de emancipación. Es significativo que el Observatorio Joven de la Vivienda en España haya detectado un progresivo retraso en la edad de emancipación, un proceso que se inició a comienzos de 2010 a raíz de la creciente expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo y del de la vivienda. Así queda patente en los datos del cuarto trimestre de 2011 cuando, por primera vez desde el segundo trimestre de 2007, menos del 45% de la población joven entre 16 y 34 años vivía fuera de su hogar de origen, pero cuatro puntos más que en 2005.
El estudio Jóvenes y emancipación en España (2012) apunta una pequeña matización al alza, ya que un 45,6% de los jóvenes españoles entre 18 y 34 años se ha emancipado, siendo los europeos que más tardan en hacerlo, sin duda debido a la difícil coyuntura económica, pero también –según apuntan los autores del informe– a otras razones culturales que les llevan a anteponer la calidad de vida que tienen con sus padres a la independencia. La otra variable es el precio de la vivienda, que, a pesar de los descensos del período postcrisis, está muy por encima de la capacidad de endeudamiento de la mayoría de los jóvenes (meros mileuristas). Tampoco el acceso a una vivienda en alquiler es una opción fácil para ellos, tanto en el sector privado como en el público. Se podría concluir, por tanto, que el retroceso en la edad de emancipación de los jóvenes tiene una relación muy directa con la simultánea expulsión del mercado de trabajo y del mercado de la vivienda.
Desde el punto de vista inmobiliario, prácticamente nunca en los últimos diez años una persona joven hubiera podido sufragar la compra de una vivienda libre aportando como máximo el 30% de su sueldo neto al pago de la primera mensualidad de una hipoteca media. El endurecimiento de los requisitos de acceso a la financiación hipotecaria posterior a la crisis bancaria y la polarización de los efectos de la recesión económica están reduciendo todavía más las oportunidades de adquirir o alquilar una vivienda, e incluso de mantenerse en ella. Emancipados ya o en vías de serlo, los jóvenes encuentran un doble obstáculo para acceder a una vivienda idónea para ellos: por una parte, su incapacidad económica, agravada por la crisis, para comprar una vivienda en propiedad en un contexto social de sobrevaloración de esta modalidad de tenencia; por otra, la reducida oferta de vivienda en alquiler específica para jóvenes.
Ha podido contribuir a mantener esta situación que España sea uno de los países de la Unión Europea con menor gasto social dedicado a los jóvenes, el 2,9%, frente al 6,6% de Reino Unido y el 6,5% de Dinamarca, según se desprende del informe de la Obra Social de La Caixa sobre La transición de los jóvenes a la vida adulta. Crisis económica y emancipación tardía. Merece la pena prestar atención a una de las conclusiones del citado informe en el sentido de que el acceso limitado de los jóvenes a las prestaciones sociales ha redundado en un incremento del riesgo de pobreza y exclusión social, que habría pasado del 25,8% en 2008 al 30,6% en 2010.
A pesar del negro panorama que ante sí tienen los jóvenes respecto a la vivienda, los poderes públicos no han propuesto medidas eficaces tendentes a posibilitar un “aterrizaje suave” de este colectivo en un mercado inmobiliario tan complejo como el español de la última década. El acceso a la propiedad de una vivienda puede decirse que está vetado a un joven medio por el efecto combinado de la inestabilidad laboral, los bajos salarios, el endurecimiento de los créditos y la eliminación de la ayuda directa a la entrada (AEDE).
La promoción de modalidades de vivienda de pequeño tamaño para jóvenes solos o en pareja ha experimentado un cierto impulso en los años finales de la “burbuja”, pero sus precios seguían quedando fuera de la capacidad económica de la gran mayoría de los jóvenes. La única opción de vivienda en compra asequible para ellos tendría que haber venido del ámbito de las Administraciones, una posibilidad que no estuvo presente en las políticas de vivienda pública española, ni siquiera en la protegida, dado el apego al módulo estándar de los 90 m2. Sólo en los últimos planes de vivienda se ha flexibilizado la superficie protegible hasta 30-45 m2. Aun así, esta modalidad de vivienda ha sido considerada coma marginal en el rígido mercado inmobiliario español e idónea tan sólo para un alojamiento provisional y transitorio destinado a satisfacer a segmentos específicos de población en una determinada etapa de la vida (estudiantes o personas mayores), habitualmente en régimen de alquiler. Por ello, incluso se elude en ocasiones denominarlas “vivienda” y se sustituye por “unidades o soluciones habitacionales”. Con tal planteamiento se hizo uso a lo largo de la década de la fórmula de las viviendas de reducido tamaño que, sin embargo, tienen una presencia testimonial en el parque inmobiliario español (2,5%). Lo mismo ha ocurrido en los planes y programas de vivienda de las comunidades autónomas, con el agravante de que ni siquiera han tenido aceptación entre los propios jóvenes, sus principales destinatarios.
Para cubrir este segmento de la demanda joven, Mª Antonia Trujillo, primera ministra del resucitado Ministerio de Vivienda de 2004 a 2007, propuso introducir en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 un nuevo programa de vivienda para jóvenes en el que se preveían construir 10.000 apartamentos en alquiler de 35 m2 (los conocidos popularmente como “minipisos”) por un precio de entre 100 y 200 euros. La experiencia comenzaría por una promoción de 190 apartamentos en alquiler por un plazo máximo de cinco años en la Universidad Carlos III de Madrid. Su destitución el verano de 2007 dejó el proyecto en suspenso. Sí tuvieron continuidad otras dos medidas de impulso a la vivienda en alquiler: la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y la Renta Básica de Emancipación (RBE); esta última claramente orientada a facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.
La única opción, pues, que les queda a los jóvenes es el alquiler en el sector privado, pero el esfuerzo económico para ello se eleva a niveles inalcanzables para los ingresos que perciben, tal como se explicita en la tabla 17, tomando como referencia los años 2008 a 2010, en los que se aprecia una cierta modulación a la baja tanto en la compra como en el alquiler. En ambas modalidades de tenencia, los obstáculos de acceso a una vivienda se acusan cuando el que lo intenta es una persona joven. Si se trata de un hogar joven, las cosas se ponen algo más fáciles, pero siempre desde la dificultad. Teniendo in mente los problemas de los jóvenes para acceder a una vivienda en el mercado libre se implantó la Renta Básica de Emancipación (RBE), vigente desde 2008 hasta finales de 2012.
