La reciente difusión de Panorama Registral del Colegio de Registradores, centrado en los impagos hipotecarios de vivienda en 2012, ha ayudado a arrojar luz sobre algunas zonas oscuras de las ejecuciones hipotecarias y sobre los lanzamientos, su efecto más perverso. Se trata, sin duda, de un notable esfuerzo del colectivo registral por aportar más claridad a un problema social tan candente, poniendo a disposición de las partes interesadas (poderes públicos, agentes económicos y organizaciones ciudadanas) el conocimiento objetivo del problema, con la intención de dotarles de una herramienta con la que interpretarlo y de estar en condiciones de tomar las decisiones pertinentes en el ámbito político, económico o social.
A los efectos de esta investigación, se ha realizado el esfuerzo de integrar en la tabla 11, referida al año 2012, varias perspectivas del proceso de ejecución hipotecaria con datos aportados por el CGPJ y por el reciente estudio del Colegio de Registradores. Interesa destacar su aportación para aclarar dos enigmas que bien no se podían documentar hasta ahora o bien ni siquiera se deseaba despejar por parte de muchos: el peso de la primera vivienda en los lanzamientos hipotecarios y de las daciones en pago con liberación de la hipoteca acordadas por los hipotecados con las entidades financieras. De una lectura somera de la tabla se extraen algunas conclusiones esclarecedoras:
- Es mayoritario el peso de la primera vivienda en los procedimientos de ejecución de hipotecas iniciadas (65.778 viviendas), alcanzando casi los tres cuartos a escala nacional (74,9%), con valores aún más altos en Cataluña, Galicia, País Vasco y especialmente en Madrid (91,1%).
- Más de la mitad de los procedimientos (38.976 viviendas) terminan en adjudicaciones (59,3%), de los que corresponden a la modalidad de primera vivienda un 77,1% de media, aunque once comunidades autónomas quedan por encima de ese valor, destacando el País Vasco (80,5%), Cataluña (83,3%), Navarra (90%), Madrid (91,3%) y Extremadura (92,9%). Sin embargo, cuatro comunidades (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid) totalizan la mayoría de las primeras viviendas adjudicadas (68,7%).
- El volumen de las daciones en pago de las personas físicas, con 14.229 casos, representan una nada despreciable proporción (21,6%) de todas las ejecuciones hipotecarias iniciadas. Aún es más llamativo que un aplastante 80,3% sean primeras viviendas, con cifras superiores en Cataluña, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y un máximo en Extremadura (96%). En cuanto a la ponderación de las daciones en pago sobre el total, las cuatro comunidades autónomas ya citadas suman en conjunto un 69,7% (21% en la Comunidad Valenciana). Sólo añadir que en 2013 las daciones en pago ya ascienden al 36,5% de las adjudicaciones por ejecución de la hipoteca.
Tabla 11 – Visión comparativa de los procesos de ejecución hipotecaria por comunidades autónomas. 2012
Fuente: (A) CGPJ. (B) Colegio de Registradores de España. (C) Colegio de Registradores de España. (D) Colegio de Registradores de España.
Completa y actualiza la perspectiva hipotecaria aportada por los datos del Colegio de Registradores la nota del Banco de España sobre las daciones en pago como resultado de procesos de ejecución hipotecaria en 2012, referida exclusivamente a la entrega de viviendas ocupadas por personas físicas producida a lo largo del proceso de ejecución hipotecaria. Nos detendremos exclusivamente en los datos referidos a la vivienda habitual. De ellos se desprende que de las 32.490 viviendas entregadas (un 0,53% de los 6.140.645 de viviendas hipotecadas al 31 de diciembre de 2012), 14.110 (43,4%) lo fueron como dación en pago, valor que coincide con la información del CGPJ (14.229). El otro dato digno de aportar es el de las viviendas entregadas como resultado de procedimientos judiciales (14.165, el 43,6% de las entregadas), casi idéntico a las entregas en dación en pago. La inmensa mayoría lo han sido cuando la vivienda ya estaba vacía previamente a la entrega (11.760, el 83%). Finalmente, las viviendas habituales que en toda España fueron entregadas mediante el recurso al lanzamiento o desalojo de sus ocupantes fueron 2.405, lo que requirió en 355 casos la intervención de la fuerza pública.
Independientemente del número de afectados por los desahucios y del evidente ascenso experimentado durante los últimos años tras el estallido de la “burbuja”, es indudable que la visión cotidiana de los dramas personales y familiares que les acompañan ha producido un fuerte impacto en la sensibilidad de la sociedad española. Se puede comprobar fácilmente que el eco de los desahucios se ha ampliado gracias a la atención prestada por los medios de comunicación y a la capacidad de movilización de aquellos grupos y partidos políticos que han visto en este enorme problema humano una oportunidad para poner sobre el tapete de la polémica la implicación que en esta situación hayan podido tener el sector financiero y promotor y, por elevación, el sistema político-económico en su conjunto, supuestamente permisivo, cuando no colaborador de los lamentables resultados a los que se ha llegado.