La Fundación FOESSA realizó en 2009-2010 una segunda encuesta que replicaba la que había sido hecha en 2007 para ser publicada en 2008 en el VI Informe FOESSA. Sus resultados permiten conocer bien, como el título del informe expresa, “El primer impacto de la crisis” (coordinado por Miguel Laparra y Begoña Pérez Eransus y editado por la Fundación FOESSA, en Madrid, en 2010). Lo primero que la encuesta es capaz de medir es el aumento de la vulnerabilidad social. Si bien la pobreza y exclusión severas no habían aumentado, en ese periodo tan corto de dos años de crisis ya se percibía un aumento de la pobreza moderada del 16% de 2007 al 19,6% en 2009. En su conjunto, la pobreza en España pasó del 19,3% en 2007 al 22,7% en 2009. La razón obvia era la exclusión del mercado de trabajo casi exclusivamente, con menor peso en la exclusión del consumo por el momento. Si en 2007 había un 51,1% de hogares que podían merecer el calificativo de “integrados”, libres de verse afectados por factores de exclusión, ese porcentaje de hogares integrados disminuyó al 35,2% en 2010: el 64,8% de los hogares padecían en España algún factor de vulnerabilidad social. Esa vulnerabilidad podía verse compensada por factores de integración procedentes del sistema de protección social o de la estructura comunitaria, dejándoles en situación de integración precaria. Si en 2007 el 34,9% de los hogares españoles estaban en esa situación de integración precaria, en 2009 se elevó a un 46,3% de hogares en integración precaria.
Al analizar los grupos sociales más afectados, se observaba que los hogares encabezados por mayores de 65 años y aquellos hogares en los que hay una persona mayor, no habían visto empeoradas sus condiciones. Es decir, que se confirma la tesis de que los mayores están siendo un destacado soporte del colchón familiar ante la crisis. Por el contrario, los hogares más jóvenes, especialmente aquellos cuyo sustentador principal es una mujer, son los que están soportando los extremos más duros de la crisis.
Entre los hogares cuyo sustentador económico principal es un varón, había en 2007 un 15,4% en estado de exclusión. Ese porcentaje aumentó en 2009 hasta el 15,5%. En cambio, la exclusión de hogares encabezados por una mujer como sustentadora principal aumentó desde un 19,4% en 2007 a un 23,8% en 2009.
El tipo de territorio influye: los barrios que estaban mal, empeoran mucho más su situación. Así como en los barrios acomodados la crisis no parece percibirse, la situación es bien distinta en los barrios obreros. Pero donde más ha empeorado es en los barrios degradados o marginales: la exclusión social se elevó del 34,4 en 2007 al 41,8% en 2009. Sin duda estos barrios en situación crítica se ven mucho más perjudicados por las eventuales recesiones de la ayuda social. Las diferencias entre hábitat urbano y rural no ha constituido una gran desigualdad ante la crisis: la comunidad y modo de vida rural resistió mejor el primer impacto de la crisis.
La vulnerabilidad social se experimenta especialmente entre aquellos trabajadores extranjeros o recientemente nacionalizados españoles o europeos que están en condiciones de mayor precariedad que el resto de la población. Efectivamente, aquellas personas que la población española identifica como inmigrantes sufren condiciones laborales más precarias y en la coyuntura de la crisis han visto disueltas con mayor facilidad sus relaciones contractuales. Sin embargo, han resistido la crisis con una drástica reducción de su gasto y soportando la pérdida de las inversiones realizadas en compra de vivienda a lo largo de estos años. Aunque un colectivo significativo de inmigrantes ha vuelto a su país, no se ha registrado un retorno masivo que reduzca cualitativamente su presencia en nuestro país. Lo que está en juego en la sociedad actual no es la presencia de inmigrantes sino su integración.
A la luz de estos datos, lo que sí se puede certificar ya es que el modo y nivel de ayudas sociales para las personas en pobreza no ha sido suficiente para resistir la crisis y ha sido sometido a tal esfuerzo que la solidaridad entre personas y territorios se muestra insuficiente. Los cambios necesarios no sólo apuntan a un mayor esfuerzo de solidaridad para financiar el bienestar sino a un nuevo modelo de intervención social. La crisis es un contexto en el cual se está remodelando el sistema pero desde dinámicas reactivas. Sería necesaria una reflexión profunda e integral sobre las innovaciones necesarias en el trabajo con las personas que sufren exclusión social, tanto en los modelos de mejora como en el tipo de agencias de acción social.