«Familias en situación irregular se arriesgan a la deportación tras realizar trámites administrativos para sus hijos.
Solicitar la escolarización de los hijos o acudir a la comisaría para tramitar el DNI de un menor puede costar a unos padres extranjeros la expulsión del territorio español. Ha ocurrido en Melilla, donde al menos dos familias se enfrentan a ser deportadas a Marruecos tras un largo trance burocrático para conseguir matricular a los niños en el colegio. También ha pasado en Valencia, donde la asociación Valencia Acoge ha denunciado la incoación de expedientes sancionadores a varias madres extranjeras de niños españoles cuando estas habían acudido a la comisaría para tramitar el DNI de sus hijos.»
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