«Se trata de un sector sufragado con dinero público pero que está en un 80% en manos de entidades del tercer sector y empresas.
Los centros para menores en situación de desprotección son residencias para niños, niñas y adolescentes que compensan la carencia de un número suficiente de familias dispuestas a darles un hogar de acogida temporal a estos menores. Pueden ser un lugar de recepción, de atención temprana y urgente, pero no deben cronificarse en la vida del menor. Así lo indica la ley y así lo reclaman las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Por falta de inversión, comunicación o apuesta decidida para incentivar el acogimiento familiar, el modelo de los centros se ha impuesto cuantitativamente, pese a ser más costoso y perjudicial para el desarrollo de la infancia. El quid de la cuestión está en que da menos «dolor de cabeza» a la administración que el modelo familiar, como señala el experto en protección a la infancia Jesús Palacios.»
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