España tiene un problema con la educación inclusiva. El Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (ONU) concluyó hace unos días que el Estado discriminó a Rubén Calleja, un chico con síndrome de Down, al obligarle a abandonar la escuela pública ordinaria en la que estudiaba y a matricularse en un centro concertado cuando tenía 11 años. El mismo comité emitió en 2018 un demoledor dictamen sobre el sistema educativo español por segregar al 17% de los alumnos con discapacidad (unos 35.000), matriculados en centros especiales, en lugar de dotar a los centros ordinarios de los medios necesarios para acogerlos. Y ahora, en la misma resolución en la que ordena que Rubén sea indemnizado, apremia a España a corregirlo.
Leer más [fa type=»long-arrow-right»]