Pese a los avances en la integración de personas con síndrome de Down, en ocasiones salen a la luz casos como los acontecidos en una comunidad de propietarios de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, en la que se prohibió a una vecina de 16 años con esta discapacidad utilizar la piscina y el ascensor sin un acompañante mayor de edad, un derecho del que sí disfrutan los adolescentes de su misma edad. “Nos permitimos el lujo de tomar decisiones sobre su vida de manera arbitraria, porque esperamos que sean personas que no saben, no pueden o no sirven”, afirma Agustín Huete García, profesor del Departamento de Sociología y Comunicación en la Facultad de Educación y miembro del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) en la Universidad de Salamanca. Pero sostiene que esto no va a ser siempre así.
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