El Gobierno trabaja la futura Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia sobre un borrador elaborado por una treintena de expertos que obliga a los ciudadanos a denunciar, a los colegios a actuar ante la «mera revelación» de un menor, prohíbe el castigo físico y psicológico con fines disciplinarios y plantea, entre otras medidas, que un niño sea declarado «en riesgo» si recibe de sus padres una «corrección violenta», aunque sea aislada.
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[fa type=»file-text»] Fuente: El Mundo