La noticia de las treinta parejas españolas que acabaron en Ucrania para ser padres mediante gestación subrogada y que se vieron atrapadas en una suerte de limbo legal sin poder registrar a los bebés y retornar a nuestro país es el reflejo de la controversia que acompaña a esa realidad dentro y fuera de España. Como siempre que la protección de un menor y la salud están en juego, y cuando además hay derechos afectados y superpuestos, la disparidad de criterios y un clima de opinión borrascoso y tenso se imponen. Hay quien entiende, como en este caso el Gobierno, que el denominado vientre de alquiler supone «una compraventa de niños» y lo sitúa en el plano del tráfico de venta de órganos de y de menores. Para otros, como Ciudadanos, es una forma alternativa de acceder a la paternidad o la maternidad que la legislación ha de tutelar y regular para conciliar los derechos en juego acorde con el interés superior de los menores.
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