En las primeras semanas de 2018 algún titular de prensa puso el foco en Ourense: en esa provincia gallega ya había más pensionistas que población cotizando en la Seguridad Social. Lo presentado como novedad realmente no lo era. En rigor, la provincia ourensana encadena casi una década en esta situación, fruto del incremento de la esperanza de vida combinada con la baja natalidad y la escasa captación de inmigración. Íntimamente ligado con esta realidad está el creciente peso de las prestaciones sociales, fundamentalmente de las pensiones de jubilación, en las rentas de los ayuntamientos más envejecidos de Galicia. Así, en una treintena de municipios más de la mitad del dinero que maneja la población ya viene de estas prestaciones.
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