El presidente ruso, Vladímir Putin, ha promulgado una ley que despenaliza la violencia doméstica en los casos en los que no cause lesiones o se produzca de manera no continuada. Lo que antes se castigaba con penas de cárcel ahora se pagará con multas de hasta 500 euros, sanciones administrativas o breves arrestos. La adopción de la ley augura otras iniciativas legislativas de tendencia ultraconservadora, en un país donde la Iglesia ortodoxa va ganando influencia. Lo más llamativo es que esta ley ha salido adelante impulsada por varias diputadas y senadoras, empeñadas en «corregir» la excesiva capacidad de injerencia que el Estado tiene en la familia. Lejos de ser una idea marginal de un sector ultraconservador, el texto ha obtenido un apoyo casi unánime durante las sucesivas votaciones que requiere el proceso en el Parlamento ruso: un voto en contra en la primera lectura, dos en la segunda y tres en la tercera.
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