El caso Ntaganda: Un paso más en la defensa de la prohibición de la violencia sexual como norma de jus cogens, por Isabel Maravall

La Corte Penal Internacional, en el caso Prosecutor versus Ntaganda [1], ha establecido recientemente un avance en la jurisprudencia penal internacional. A Bosco Ntaganda se le está juzgando como supuesto subjefe del Estado Mayor y comandante de las operaciones de la Unión de Patriotas Congoleños / Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo (UPC / FPLC). Se trata de un grupo armado organizado que participó en dos conflictos en Ituri durante los años 2002 y 2003. En este sentido, a Ntganda se le juzga por el ataque generalizado y sistemático contra la población civil en virtud de una política organizativa adoptada por la UPC / FPLC para atacar a civiles percibidos como no pertenecientes al grupo étnico Hema: Lendu, Bira y Nande. También se le juzga por un conflicto armado no internacional entre la UPC / FPLC y otros grupos armados organizados. Se le acusa de haber cometido crímenes de guerra (por asesinato e intento de asesinato, ataque a civiles, violación, esclavitud sexual de civiles, saqueo, desplazamiento de civiles, ataque a objetos protegidos, destrucción de la propiedad del enemigo, y violación, esclavitud sexual, alistamiento y conscripción de niños soldados menores de quince años y utilizándolos para participar activamente en las hostilidades) y de lesa humanidad (por asesinato e intento de asesinato, violación, esclavitud sexual, persecución, traslado forzoso de población).

La defensa del acusado argumentó —durante las etapas iniciales del proceso— que la violación y la esclavitud sexual de los niños soldados de la UPC / FPLC como crímenes de guerra, punibles de conformidad con los artículos 8 (2) (e) (vi) del Estatuto de Roma “Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, […] esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual que constituya también una violación grave del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra” quedaban excluidos de la jurisdicción de la Corte, debido a que las víctimas de un crimen de guerra en un conflicto armado no internacional deben ser personas protegidas, lo que excluye a los que participan activamente en hostilidades, es decir los niños soldado. De esta manera, según la defensa, el Derecho internacional humanitario no protege a los niños soldado, por ser considerados combatientes, de la violencia sexual cometida por miembros de su mismo grupo armado.

El 15 de junio de 2017, la Sala de Apelaciones [2] confirmó la jurisdicción de la CPI. El razonamiento es importante, no solo porque es una defensa de los derechos del niño en los conflictos armados, sino de toda persona víctima de violencia sexual. La Sala argumentó que el marco jurídico no requiere que las víctimas de los crímenes contenidos en el artículo 8 (2) (e) (vi) fueran personas protegidas y siguió con un análisis de si el marco establecido en el derecho internacional excluye como víctimas de los crímenes miembros de las mismas fuerzas armadas. Señaló que hay actos que “están y seguirán prohibidos en cualquier momento y en cualquier lugar” (párrafo 47) y consideró que limitar el alcance de la protección, propuesta por la Defensa, era contrario al Derecho internacional humanitario. La Cámara argumentó que “si bien el derecho internacional humanitario permite que los combatientes participen directamente en las hostilidades… nunca existe una justificación para participar en actos de violencia sexual contra ninguna persona; independientemente de si esta persona pueda ser un objetivo “liable to be targeted and killed en virtud del derecho internacional humanitario” (párrafo 49).

Según la Sala, el alcance de la protección contra la violencia sexual no puede entenderse como limitado a ciertas categorías de personas, ya que la prohibición de la esclavitud sexual y la violación ha obtenido el estatus de jus cogens en virtud del derecho internacional. Esta condición perentoria prohíbe esta conducta en todo momento, tanto en tiempos de paz como de conflictos armados, y contra todas las personas, independientemente de cualquier condición legal (párrafo 52).

Esta decisión [3], es un testimonio de una brecha legal resuelta y reflejo de la desconsideración de determinadas experiencias por parte de los tratados internacionales. Esta concretamente desamparaba a los niños soldados víctimas de violencia sexual en los conflictos armados y les catapultaba a un vacío legal.

¿Cuántas más habrá y que todavía pasan inadvertidas?

 

[1]https://www.icc-cpi.int/drc/ntaganda

[2]https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/04-02/06-1962

[3]para un análisis doctrinal de la sentencia véase: Sellers, P.V., Ntaganda:  Re-Alignment of a Paradigm, http://www.iihl.org/wp-content/uploads/2018/03/Ntaganda-V.pdf

 

Isabel Maravall Buckwalter es profesora colaboradora asociada del área de Derecho Internacional Público de la Universidad Pontificia de Comillas. Imparte docencia en diferentes Universidades y ha escrito artículos principalmente relacionados con el Derecho Internacional Público y las Relaciones Internacionales. Sus áreas de interés son el Derecho Internacional Público, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional.

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