Entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, visitaba Espa\u00f1a. Tras su estancia en el asentamiento de temporeros inmigrantes de Lepe (Huelva), Alston recomendaba a Espa\u00f1a mirarse de cerca en el espejo.<\/p>\n
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De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (2019)<\/a>, en Espa\u00f1a hay aproximadamente 6 millones de inmigrantes.\u00a0Seg\u00fan el Instituto Nacional de Estad\u00edstica (2020)<\/a>, los que provienen de fuera de la UE tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusi\u00f3n social (56%) seguidos por los ciudadanos de la UE (47,7%), ambos significativamente m\u00e1s altos que la poblaci\u00f3n espa\u00f1ola (23,1%).<\/p>\n Este riesgo de pobreza y exclusi\u00f3n social parte, en la mayor\u00eda de las ocasiones, de los obst\u00e1culos que enfrentan las personas inmigrantes para poder trabajar (Iglesias et al, 2020<\/a>), y se materializa cuando recurren a sectores como la construcci\u00f3n o la agricultura donde la violencia institucional, la falta de protecci\u00f3n y la limitaci\u00f3n de acceso a derechos, les coloca en una situaci\u00f3n de vulnerabilidad tal que acaban siendo v\u00edctimas de la explotaci\u00f3n sexual y laboral.<\/p>\n En el \u00faltimo a\u00f1o, dos hombres han puesto rostro a esta realidad.<\/p>\n Eleazar Bland\u00f3n<\/a> de 42 a\u00f1os, origen nicarag\u00fcense y padre de 4 hijos, hab\u00eda llegado a Bilbao en octubre de 2019 para solicitar asilo, pero el confinamiento causado por la pandemia de la Covid-19 paraliz\u00f3 el proceso y \u00e9l qued\u00f3 en una situaci\u00f3n de absoluta desprotecci\u00f3n. Decidi\u00f3 migrar a Murcia y empezar a trabajar en el campo ya que, pese a las p\u00e9simas condiciones laborales que se le ofrec\u00edan, no encontraba otra alternativa que le permitiera ganar dinero hasta que se regulara su situaci\u00f3n en Espa\u00f1a. Una vez all\u00ed, y tal y como relataron los compa\u00f1eros de Bland\u00f3n a distintos medios, las condiciones fueron a\u00fan peores de lo esperado: jornadas de 11 horas, a 44 grados de temperatura, sin agua y por menos de 30 euros al d\u00eda. En agosto de 2020, Bland\u00f3n fallec\u00eda en plena faena y era abandonado a las puertas de un centro de salud.<\/p>\n El caso de Bland\u00f3n no fue el primero. El 14 de diciembre de 2019, el due\u00f1o de una explotaci\u00f3n agr\u00edcola de Pozo Alc\u00f3n (Jaen), llegaba a las puertas del centro de salud de la localidad con dos temporeros inmigrantes a los que ten\u00eda empleados sin contrato ni documentaci\u00f3n en regla. Uno de ellos se hab\u00eda desplomado en plena faena. El empresario solicit\u00f3 una camilla para tumbarle, ya que se encontraba inconsciente, y acto seguido, abandon\u00f3 el lugar. Al ir a atenderle, los m\u00e9dicos advirtieron que el joven, de 31 a\u00f1os y de origen marroqu\u00ed, hab\u00eda fallecido y que su muerte se hab\u00eda producido antes de llegar al centro de salud<\/a>.<\/p>\n Hace apenas tres d\u00edas, el\u00a0Juzgado de Primera Instancia e Instrucci\u00f3n n\u00famero 2 de Cazorla decret\u00f3 el sobreseimiento provisional y archivo del caso<\/a>\u00abal no existir indicios s\u00f3lidos y suficientes de la comisi\u00f3n de un delito contra los derechos de los trabajadores\u00bb. La jueza se\u00f1ala que tanto la Inspecci\u00f3n de Trabajo como la Seguridad Social, lo \u00fanico que han apreciado por parte del investigado son incumplimientos en lo que respecta a derechos y libertades de los extranjeros en Espa\u00f1a y su integraci\u00f3n social por dar ocupaci\u00f3n al fallecido sin haber obtenido con car\u00e1cter previo la correspondiente autorizaci\u00f3n de trabajo.<\/p>\n Poco importa el informe<\/a> del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, o los testimonios de los propios temporeros que habitan esa marea blanca de asentamientos. La sentencia apunta que \u201cel llamado Derecho Penal Laboral sanciona fundamentalmente situaciones de explotaci\u00f3n\u201d y este caso \u201cno reviste la suficiente relevancia penal para justificar la continuaci\u00f3n de las presentes diligencias previas por los tr\u00e1mites del procedimiento abreviado\u201d. Al final, todo se reduce, en palabras de la propia jueza a \u201cmeras infracciones administrativas\u201d.<\/p>\n Conviene reconocer que las disposiciones actualmente disponibles, al menos en Espa\u00f1a, no abracan todas las manifestaciones de la explotaci\u00f3n laboral en el siglo XXI. A estos efectos, y a sabiendas de que la trata de seres humanos es una forma espec\u00edfica de explotaci\u00f3n laboral (ya que no todas las personas en situaci\u00f3n de explotaci\u00f3n laboral se encuentran envueltas en un proceso de trata) el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y ni\u00f1os, que complementa la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional<\/a> (2000) resulta muy representativo. El Protocolo enfatiza en la necesidad de definir, dotar de contenido y recoger en las normas las conductas que conforman los fines de explotaci\u00f3n. Sin embargo, Espa\u00f1a tiene a\u00fan pendiente el desarrollo de una legislaci\u00f3n que tipifique el trabajo forzoso, permita su prevenci\u00f3n y fortalezca la inspecci\u00f3n laboral y otros servicios que protejan a los trabajadores de la explotaci\u00f3n. Todo ello, a pesar de que Espa\u00f1a ratificara hace ya m\u00e1s de dos a\u00f1os (desde el 20 de septiembre de 2018) el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930.<\/a><\/p>\n Clara Barrio: Investigadora en formaci\u00f3n del proyecto \u00bbDATA CULTURE IN HUMAN TRAFFICKING\u00bb IUEM.\u00a0<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Entre el 27 de enero y el 7 de febrero de 2020, Philip Alston, Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de la ONU, visitaba Espa\u00f1a. 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