La política de disuasión y contención migratoria que llevan a cabo la UE y sus estados miembros en el Mar Mediterráneo podría ser calificada –y, posteriormente, sancionada- como “crimen penal internacional”. El Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI) se firmó en Roma, en 1998 (y está en vigor desde el 1 de julio de 2002) para poder enjuiciar penalmente a las personas que fueran responsables (sin posible alegación de eximente por cargo, obediencia debida o cualquier otra causa) de la comisión de los crímenes más odiosos que el ser humano ha sido capaz de idear y poner en práctica: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad (este último tipo de crimen, también conocido como “crimen contra la humanidad” es del que ahora se acusa a ciertos funcionarios europeos).
