Se suceden las presentaciones de Razón jurídica y sinrazón política, el informe sobre Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) relativo a 2020 del Servicio Jesuita a Migrantes, acompañado de un anexo con la explotación de datos estadísticos entregados tarde y de modo incompleto por el Ministerio del Interior a través del Portal de la Transparencia.
Su título alude a dos decisiones políticas contradictorias del Ministerio del Interior relativas al internamiento de personas extranjeras en marzo y en septiembre de 2020.Ordenó vaciar los CIE cuando comprobó que no podría ejecutar las devoluciones y expulsiones por el cierre de las fronteras internacionales. Con ello demostraba comprender perfectamente la naturaleza del internamiento como medida cautelar. Además, demostraba responsabilidad, porque la concentración de personas en lugares cerrados aumentaba el riesgo de contagio: de hecho, un miembro del personal de servicio contagió de COVID-19 a 5 internos, forzando al aislamiento preventivo de otros 12 contactos estrechos. Cuando el Ministerio del Interior decidió reactivar el internamiento el 23 de septiembre las fronteras internacionales seguían muy cerradas, a la vez que se avecinaba la segunda ola de contagios. Desconoció la razón jurídica que había prevalecido seis meses antes, primando un gesto simbólico de alineamiento con el Nuevo pacto sobre inmigración y asilo de la Unión Europea, el cual apuesta por el “retorno”, figura jurídica que se corresponde en España con la devolución y la expulsión, así como por la “detención”, que se corresponde con el internamiento.
La reactivación de los CIE se produjo a medio gas. Las direcciones de cada CIE elaboraron protocolos de prevención de contagio como buenamente pudieron, con la asistencia de los servicios médicos y el concurso de los jueces de control, totalmente desasistidos por parte de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Un elemento clave de los protocolos fue la limitación de plazas ocupadas en cada habitación: una, dos o tres según la amplitud del cuarto, nunca más. Entre los últimos días de septiembre y los primeros de octubre ingresaron contingentes de migrantes argelinos y marroquíes en los CIE de Barcelona, Madrid y Murcia. Algunos resultaron contagiados, lo que obligó al aislamiento preventivo de quienes habían mantenido contacto estrecho con ellos. El aislamiento prolongado en habitaciones cerradas sin móvil, sin nada que hacer, fue sumamente penoso. A mediados de noviembre varios internos argelinos fueron puestos en libertad desde Murcia, al completarse los 40 días en los que un juez había autorizado el internamiento. Cuando a mediados de diciembre otros fueron devueltos a Marruecos y a Argelia, como consecuencia de prolongadas negociaciones diplomáticas, un par de internos habían intentado suicidarse. Los CIE de Valencia y Algeciras permanecieron en obras hasta finales de 2020 (las obras en Valencia se prolongan en 2021).
En Canarias se dio otra circunstancia. Así como en la Península se había dado orden de internar a argelinos y marroquíes recién desembarcados de la patera (posteriormente se internó a unas pocas personas de nacionalidades diversas con orden de expulsión), en Canarias la orden era de internar a quien pudiera ser devuelto a Marruecos (solo marroquíes) o a Mauritania (mauritanos y nacionales de terceros Estados). Una juez de instrucción tinerfeña frustró el internamiento de un grupo de malienses, al apreciar su perfil de protección internacional. Mientras que un juez de San Bartolomé de Tirajana autorizó el internamiento de 42 personas en Las Palmas, entre las que había 29 malienses con claro perfil de protección. De hecho, fue una intervención del juez de control en una visita de inspección la que facilitó que se les informara sobre su derecho a solicitar protección internacional, que manifestaran su voluntad de solicitarla y que fueran puestos en libertad. Entre el resto, los hubo devueltos a Mauritania, así como posteriormente hubo marroquíes devueltos a Marruecos.
En 2021 ha habido unos treinta contagios en el CIE de Tenerife, provocando una protesta de los sindicatos policiales por las pésimas condiciones de las instalaciones y por lo insuficiente del protocolo de prevención. Durante el primer trimestre se produjeron algunas devoluciones y expulsiones a Marruecos, siempre mediante vuelos semanales de Royale Air Maroc. Con la inminencia del ramadán, Marruecos bloqueó las readmisiones… así como Argelia también había cerrado su frontera. Después del ramadán hay algunos internos, no en todos los CIE. Ciertamente, se interna a unas pocas personas entre las que entran irregularmente en el territorio nacional. Da la impresión como que se quiera mantener una reserva simbólica de internos para cuando algún Estado readmita a sus nacionales devueltos o expulsados desde España. Es fácil comprender la suma injusticia y estulticia de estos internamientos.
El informe no trata solo sobre el internamiento en tiempos de coronavirus. Merece la pena aprender de los litigios estratégicos entablados tras el fallecimiento de Samba Martine en el CIE de Madrid a finales de 2011. Cristina Manzanedo expone el caso, las dificultades de la investigación y la formidable labor en red hasta conseguir que el Estado reconociera su responsabilidad patrimonial para con la madre y la hija de la migrante difunta por el pésimo funcionamiento de los servicios médicos del CETI de Melilla y del CIE de Madrid. También se pueden seguir algunas sentencias relevantes para la tutela de derechos de personas sometidas a internamiento. O se puede repasar el plan de inversión de cinco años para obras de reforma de los CIE existentes o de construcción de nuevas instalaciones junto a la prisión de Botafuegos en Algeciras.
Josep Buades Fuster SJ es director de la Asociación Claver-SJM.