El pasado 11 de marzo de 2021 se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) caracterizó a la COVID-19 como una pandemia. Durante este año, la humanidad ha tenido que enfrentarse a retos completamente inusuales derivados de la puesta en marcha de medidas como el confinamiento domiciliario y restricciones de diversa índole. Estas medidas, sumadas a la preocupación y a la incertidumbre sobre la propia pandemia, han tenido un sinfín de consecuencias que nos han afectado en muchos niveles incluyendo el de la salud mental. En este punto cabe preguntarse: ¿nos ha afectado a todos por igual?
Poniendo el foco en la salud mental de la población general, la pandemia y las restricciones han incrementado las sensaciones de agitación, estrés, intranquilidad, desesperanza e insomnio, que, en muchos casos, ha tenido como consecuencia un aumento de los casos de trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, además de agravar aquellos que ya estaban presentes previamente. No obstante, es necesario reconocer la variabilidad en la incidencia de estos trastornos y de esta sintomatología en función de las condiciones de vida de las personas y sus factores individuales. Precisamente por ello, si los hallazgos en población general ya denotan un claro aumento de sintomatología e incidencia de trastornos mentales, ¿cómo habrá afectado este fenómeno a la población migrante y refugiada?
Independientemente de su estado previo de salud mental, con la declaración de la pandemia las personas migrantes y refugiadas se encuentran entre los grupos sociales más afectados por la crisis de la COVID-19, sufriendo así graves consecuencias a nivel social y económico que incrementan su vulnerabilidad. Entre ellas se encuentran la pérdida de trabajo, la separación de la familia, la imposibilidad de retornar al país de origen y, en los casos de los campos de refugiados, la imposibilidad de guardar la distancia social necesaria para evitar contagios. Además, según informan You et al., las conductas racistas y xenófobas hacia la población migrante y refugiada se han visto incrementadas por la creencia de que son los responsables de la propagación del virus. Esto se debe, en parte, a las medidas restrictivas que se han impuesto específicamente a esta población, que, en muchos países, han sido distintas a las aplicadas a la población general. El resultado de todo ello ha aumentado los sentimientos de incertidumbre, malestar, miedo, rabia y desesperanza entre la población migrante y refugiada, sentimientos que, en su caso, ya se encuentran por encima de la media en condiciones normales.
Según comentaba el psiquiatra Pieter Ventevogel en una entrevista para ACNUR, el hecho de que la población migrante y refugiada cuente con una serie de factores estresantes adicionales durante esta pandemia supone un caldo de cultivo perfecto para desarrollar un trastorno mental. Esto, a su vez, se ve agravado con frecuencia en la población refugiada por percibir a los centros de salud como lugares que incrementan el riesgo a contagiarse o enfermar en vez de lugares donde mejorar el estado de salud, lo que reduce la búsqueda de ayuda por su parte.
En esta línea, y como comentó Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados: “es urgente invertir en salud mental y en programas de apoyo psicosocial para esta población ya que, si no actuamos en favor de su bienestar de una forma holística, los efectos pueden ser irreversibles y perdurar durante generaciones. Dentro del paquete de asistencia, la atención a la salud mental es esencial para favorecer el desarrollo de sociedades resilientes y mentalmente sanas.”
En vista de la crisis de salud mental que está teniendo lugar especialmente en la población migrante y refugiada, y atendiendo al llamamiento del Secretario General de Naciones Unidas a considerar las acciones dirigidas a mejorar la salud mental como componentes esenciales de las respuestas a la COVID-19, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han puesto en marcha una serie de medidas de apoyo psicosocial y de salud mental (MHPSS) que incluyen las siguientes acciones:
- Dirigir mensajes a la comunidad sobre estrategias de afrontamiento del estrés y de la angustia
- Formar en primeros auxilios psicológicos y aptitudes psicosociales básicas a los trabajadores de primera línea
- Proporcionar apoyo psicológico a través de líneas de ayuda telemáticas
- Aumentar la oferta de terapia psicológica para la población migrante y refugiada con trastornos mentales como depresión, ansiedad, estrés postraumático o que atraviesa un proceso de duelo
- Garantizar cuidado y apoyo continuado a personas con trastornos mentales moderados o severos
Más allá de las medidas que ya se están poniendo en marcha para frenar el incremento en la incidencia de trastornos mentales en población migrante y refugiada, aún queda pendiente la asignatura de garantizar el desarrollo de programas inclusivos para todos (independientemente del estatus legal) en materia de salud mental y hacer de la prevención una prioridad para evitar que la incidencia de estos trastornos siga aumentando.
Elena Rodríguez-Ventosa Herrera es investigadora en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (CIHS) de la Universidad Pontificia Comillas y forma parte del Proyecto IMMERSE.