En los últimos dos años el colectivo de los menores migrantes no acompañados ha aparecido de manera regular en los medios de comunicación, sobre todo como parte de los discursos políticos de cara a las múltiples elecciones de 2019.
Varias organizaciones han denunciado cómo es posible que un colectivo cuyo tamaño ni siquiera se estima con precisión, puede copar de esta manera horas de televisión y ríos de tinta. En este sentido el Defensor del Pueblo lleva años alertando sobre la baja fiabilidad, la deficiencia y la falta de concordancia entre los datos ofrecidos por el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados, la Memoria de la Fiscalía y la información recabada por organizaciones en el ámbito de la intervención social.
Aldeas Infantiles SOS España publicó en 2019 con motivo de mejorar el tratamiento periodístico sobre la infancia vulnerable un informe sobre “El derecho a la identidad, la necesidad de contextualizar los hechos y la importancia de no caer en el alarmismo”. Por otro lado, Plataforma de Infancia en su “Informe para el Examen Periódico Universal de España” denunciaba casos de niños y niñas que han visto coartado de su derecho a la educación, proponiendo recomendaciones y medidas especiales de protección para garantizarlos. Incluso el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha adoptado varias resoluciones contra España en relación a los procedimientos de determinación de la edad y a la vulneración del derecho a la identidad, a ser escuchado y a la especial protección de los niños privados de un entorno familiar.
En definitiva, si en algo coinciden las distintas fuentes que informan sobre esta realidad es en que los menores migrantes no acompañados son un colectivo en extrema vulnerabilidad al que el sistema de protección no está alcanzando suficientemente y que afronta grandes barreras para su integración en España. Ante esta situación cabe preguntarse cómo la comunicación y la forma de presentar a estos niños públicamente perpetúa y apuntala la injusticia social, los prejuicios, la discriminación y el estigma.
Una publicación reciente de EberhardRaithelhuber (2019) que investiga los procesos de otredad con niños refugiados no acompañados, apunta como posible causa a lo que el autor denomina triple otredad. Según el autor este concepto combina cómo se genera una retórica que invoca a los menores desde un punto de vista clientelista, infantilista y que estereotipa su condición de refugiados. Se les presenta como “clientes” puesto que necesitan recibir apoyo institucional y recursos públicos para subsistir, como “niños” desde una concepción adulta de la infancia que invoca su inmadurez prescribiendo comportamientos, expectativas y derechos relacionados y finalmente, al tratarse de refugiados se les presenta como “invasores” en oposición a la población nativa. Este tipo de narrativa genera percepciones y emociones negativas hacia las personas situadas en su foco, en este caso en niños y jóvenes menores de edad, fomentando la discriminación y estigmatización de ese colectivo y reforzando así su inferioridad con respecto a los demás.
La clave de la otredad se encuentra no en la diversidad en sí, sino en situar el foco del discurso en categorizar a unas personas como naturalmente pertenecientes al “nosotros” y de otras al “ellos”, legitimando así la devaluación y discriminación de los “otros” en base a dicha categorización. La otredad resulta de discursos opresivos de un grupo dominante frente a otro que es estigmatizado y presentado como diferente y carente de identidad, en tanto a que la identidad del intragrupo dominante es la canónica, y su construcción se sustenta por lo tanto en la asimetría de poder que permite al grupo dominante imponer un canon identitario y decidir quién la cumple.
El problema añadido en este caso es que la discriminación que la infancia migrante y/o refugiada experimenta como consecuencia de llegar solos a este país, impacta a su bienestar presente y a su desarrollo socio-afectivo futuro. Una noticia del pasado año publicada en el periódico ABC hablaba del acoso perpetrado por extremistas a jóvenes migrantes tutelados entre proclamas de “Fuera menas de nuestros barrios” o “San Blas será la tumba de las menas”. Sin duda su actuación y la percepción de cualquier observador presente hubiera sido considerablemente distinta si se hablase de “Fuera niños de nuestros barrios” o “San Blas será la tumba de los niños”.
Ante esta brecha social cabe decidir qué modelo adoptar para gestionar este conflicto y qué estrategias de lucha implementar contra la estigmatización. Entre las posibles soluciones se encuentran la sensibilización de los medios de comunicación, presentando información relevante que contextualice adecuadamente las problemáticas sociales. También el diseño de programas de integración social y de entornos de cuidado que se adapten a las necesidades específicas de estos niños, respondan a evidencias en experiencias previas sobre cuidado institucional y acogimiento, y que adapten la comunicación y el trato de modo que sean apropiados para la edad de los niños. Finalmente, cabe estudiar la adopción de un enfoque integral de protección a la infancia y adolescencia, así como el desarrollo de medidas específicas que afecten positivamente a la protección de los menores, las prácticas de acogida y su integración. De esta manera, se podría ofrecer un marco de actuación sensible a la interseccionalidad que agrava la desigualdad de colectivos específicos, como es el caso de los menores extranjeros no acompañados.
Pasados algo más de treinta años de la aprobación de los derechos fundamentales de los niños, aún estamos a tiempo de generar oportunidades para la infancia migrante.
Eva Bajo Marcos es investigadora en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) y forma parte del Proyecto IMMERSE.