En la anterior entrada que escribí en este mismo blog el 27 de mayo, titulada “Migración temporal y trabajo agrícola en periodo de pandemia” hice hincapié en la necesidad de que la Unión Europea, pero también España, tomara nota de una importante lección que nos dejó la pandemia: nuestra agricultura, un sector esencial, dependía, en gran parte, del empleo de trabajadores migrantes cuyas condiciones de trabajo y residencia eran deplorables.
Tras varias promesas de procesos de regularización que después no llegaron, cerramos el año sin que nada haya cambiado. Pronto comenzará la nueva temporada en Huelva y del debate sobre las condiciones en las que los migrantes realizan el trabajo agrícola, hemos pasado, de nuevo, al problema sobre la obtención de mano de obra.
Cuando el confinamiento estricto de marzo nos obligó a quedarnos a todos en casa, muchos medios se hicieron eco de la dura realidad que asolaba al campo español desde hace décadas: los migrantes, trabajadores fundamentales para seguir produciendo alimentos mientras el resto de la sociedad no podíamos salir de casa, vivían en una situación de completa explotación. Lamentablemente, el posterior desconfinamiento y el relativo acostumbramiento social a la pandemia hicieron que poco a poco, este tema dejara de salir en los medios, volviendo a ser totalmente invisible, como hasta ahora lo había sido.
De las palabras del relator de la ONU, que pidió en julio mejorar “las deplorables condiciones” en las que las temporeras marroquíes recogían la fresa, ya no se acuerda nadie. Ahora, el problema parece ser nuevamente donde conseguir la mano de obra que sacará adelante la campaña agrícola que pronto empezará.
Los productores han pedido poder contratar en origen en países como Ucrania, Honduras o Ecuador para no ser tan dependientes del reino alaouita y así no exponerse a posibles cierres como el que sucedió en marzo. Nuevamente, el discurso economicista gira en torno a las dificultades para disponer de la mano de obra necesaria, no sobre las condiciones en las que este trabajo se realiza.
Es necesario que la crisis no pase sin haber aprendido algunas lecciones. Los trabajadores y trabajadoras temporeros son indispensables para sostener la agro-industria, que a su vez es un sector clave para el sostenimiento de nuestras sociedades.
La agenda 2030 de las Naciones Unidas, que tanto el Gobierno Español como la UE han apoyado, señala 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que deberían alcanzarse al final de esta década. El sector agrícola es fundamental, pues tiene incidencia en la mayoría de ellos: hambre cero, salud y bienestar, producción y consumo responsables etc. Pero también, un objetivo fundamental de dicha agenda consiste en “promover el trabajo decente” algo que, desde luego, no se cumple a día de hoy en la agricultura española.
Los ODS muestran cómo la economía, la vida social, el trabajo humano y el medioambiente están íntimamente ligados. Es imposible tomar el rumbo hacia la sostenibilidad social sin que los 17 objetivos sean alcanzados de forma simultánea.
Para articular un sector agroalimentario sostenible, es necesario promover condiciones de trabajo dignas para su mano de obra. Por ello, no solo los ciudadanos no debemos olvidar las lecciones que nos ha traído la pandemia, sino que, además, deben adoptarse medidas que impulsen decisivamente una mejoría general de las condiciones de trabajo y residencia de los temporeros y temporeras.
Sin duda, ello no solo contribuiría a tomar el rumbo de la sostenibilidad social, sino que probablemente atraería a muchos más trabajadores y acabaría con el problema para obtener mano de obra.
Yoan Molinero Gerbeau, doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es investigador en el Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) y profesor del Master Universitario en Migraciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.