La población de origen inmigrante se ha mantenido estable durante la crisis, pasando de los 6,4 millones en el año 2009, el 13,8% de la población española, a los 6,6 millones en 2017, 14,24% del total. Así, a pesar de que se agitó el “fantasma” del retorno al comienzo de la crisis, los inmigrantes han apostado claramente por continuar sus proyectos de arraigo en España, a pesar de las malas condiciones. Un dato representativo de esta situación es el crecimiento en el número de naturalizaciones en España. Así, si en 2008 el porcentaje de inmigrantes nacionalizados en España era del 17%, en el año 2016, ese porcentaje casi se ha doblado, y ya es del 34%. (INE, 2017).
Eso sí, los inmigrantes permanecen pero emergen de la crisis bajo muy diferentes condiciones sociales de integración:
En primer lugar, se ha acelerado el proceso de etno-estratificación social. La población inmigrante sigue estando concentrada en las posiciones más bajas del mercado de trabajo y de la sociedad española. Así, por ejemplo en la encuesta nacional realizada a mujeres inmigrantes por el Instituto de Migraciones (Univ. P. Comillas) y la OIM en el año 2015, un 84% de las mujeres ganaban menos de 999 euros mensuales, y un 54% menos del salario mínimo profesional (650 euros). Un 45% de las mujeres inmigrantes trabajaban en el sector de cuidados domésticos, y entre las que tenían trabajo, solo un 34% trabajaban con contrato indefinido. Parecidas situaciones, se hallaron en una encuesta similar a inmigrantes ecuatorianos del año 2015, realizada por Ikuspegui (UPV) e Instituto de Migraciones (Comillas).
La población inmigrante sigue asentándose principalmente en los barrios populares de las grandes ciudades españolas. Barrios que acumulan muchas de las peores consecuencias de la crisis: altas tasas de desempleo, temporalidad y precariedad, recortes en el gasto social, ausencia de expectativas, procesos de desafiliación y exclusión social etc.
Finalmente, hay que apuntar que durante la crisis la situación de coexistencia pacífica que caracteriza las relaciones entre población nativa e inmigrante en España no ha cambiado sustancialmente. Lo que ciertamente es algo positivo. Sin embargo, muchos de los estudios realizados en este último periodo muestran que sigue existiendo dentro de la sociedad un segmento significativo de posiciones xenófobas y hostiles a la inmigración. Un segmento donde es relevante la presencia de población procedente de unos sectores populares nativos que han sido fuertemente castigados por la precariedad creciente. Un segmento que bajo determinadas circunstancias podría convertirse en una serie amenaza para la convivencia dentro del país.
La combinación de estos dos elementos, arraigo y precariedad, plantea la necesidad de diseñar y promover un nuevo ciclo expansivo en políticas de integración social cuyos elementos claves serían:
Uno, asumir que la inmigración en España ha dejado de ser un fenómeno externo, una población externa de paso por el país, y se ha convertido en parte consustancial de la sociedad española actual, de su presente y de su futuro. Una población que ha permanecido durante la crisis y que esta incorporada de lleno, aunque asimétricamente, en sus principales instituciones sociales: mercado de trabajo, barrios, familia, escuelas, organizaciones, negocios, etc. Una realidad que necesariamente nos lleva a cambiar la imagen tradicional que tenemos sobre nosotros mismos como sociedad, por otra más plural y diversa, y por tanto a asumir que la política de integración social, ya no es, solo, una política para inmigrantes, sino sobre todo una política de estado esencial para el futuro.
Y dos, que los elementos claves de esas políticas de integración social, en línea con el último plan nacional de ciudadanía e inclusión, PECI 2011-2014, serían la cohesión social y la gestión de la diversidad. Políticas, pues, con elementos específicos destinados a la población de origen inmigrante, como por ejemplo puede ser la protección de las trayectorias educativas de los hijos de inmigrantes. Y otros más generales o transversales, destinadas al conjunto de la ciudadanía, como puede ser la inclusión de la diversidad como competencia básica en el currículum educativo, o la mejora general de las condiciones laborales. Políticas que tengan como ejes centrales de actuación la Escuela, el barrio y el mercado de trabajo, que es donde se está jugando la convivencia y la integración. Políticas finalmente que reciban el respaldo crucial del Estado, no solo en términos financieros, sino también estratégicos mediante el fomento de nuevas modelos de intervención y nuevas alianzas de la administración con las organizaciones sociales. Hay que recordar que el Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de los Inmigrantes y al refuerzo educativo (FAIIRE), clave en el transvase de recursos hacia los diferentes niveles de la administración del Estado, se ha visto recortado intensamente durante la crisis, hasta su práctica desaparición desde el año 2012.
Juan Iglesias es Director de la Cátedra de Refugiados y Migrantes Forzosos del IUEM de la Universidad Pontificia Comillas.